Una controvertida propuesta que surgió durante la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, en la que se sugirió prohibir la prostitución en el espacio público, acaba de abrir un nuevo pulso judicial.
Justo cuando ese amplio proyecto de acuerdo se debate, un juzgado admitió una acción de tutela interpuesta por una asociación de trabajadoras y trabajadores sexuales, en la que se pide frenar esa posible prohibición antes de que quede en firme.
Si bien el juzgado se negó a suspender la realización del debate, tal como se pedía en las pretensiones, el pasado viernes 16 de octubre avaló revisar el recurso, abriendo un nuevo frente legal alrededor de la discusión.
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La controversia por una posible regulación en ese sentido se abrió a comienzos de este mes, cuando en medio de las sesiones que se vienen realizando para revisar las modificaciones del POT, el concejal Andrés Tobón, quien es coordinador de ponentes de ese proyecto de acuerdo, se refirió al tema.
Tal como quedó consignado en el informe de ponencia para primer debate, la idea surgió cuando la corporación discutía la definición de las centralidades en el POT y la regulación de varias actividades, como por ejemplo los casinos y la actividad hotelera.
En medio de la discusión, Tobón se refirió al trabajo sexual —al que denominó “explotación sexual”— y señaló que este está estrechamente ligado al accionar de los grupos armados ilegales en Medellín y constituye una de sus principales rentas.
En la sesión pidió revisar, como parte de las estrategias para combatir a esos grupos, si se podría prohibir expresamente esa actividad en el espacio público.
Posteriormente, Tobón amplió su propuesta ante la opinión pública, tanto en posts publicados en sus redes sociales, como en algunas entrevistas entregadas a medios de comunicación.
“La explotación sexual es un negocio de los grupos delincuenciales en Medellín. Esta ciudad requiere herramientas legales para evitar que la prostitución se normalice en las calles y para impedir que el trabajo sexual siga siendo una fuente de renta para los criminales”, expresó por ejemplo en un trino, publicado el pasado 6 de octubre.
Aunque en el informe de ponencia no aparecen más detalles sobre la prohibición, Tobón explicó en esas declaraciones que consistiría en impedir que la explotación sexual ocurra en el espacio público de la ciudad en general, esto con el objetivo de darle más herramientas a la Fuerza Pública para combatir a los grupos de delincuencia urbanos.
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Además de mencionar El Poblado, en donde recientemente la Fuerza Pública y las autoridades del Distrito han extremado sus controles, Tobón aludió a varias zonas del Centro, como la carrera Cundinamarca o el sector de Barbacoas, como puntos críticos que necesitan ser intervenidos.
Luego de que se abriera la controversia, desde la organización Asocoltrasexa (autodenominada como Asociación Internacional de Trabajadorxs Sexuales) controvirtieron lo expresado por Tobón e interpusieron una acción de tutela.
En su acción, las demandantes no solo sostuvieron que una prohibición de este tipo podría golpear económicamente al medio de subsistencia de muchas personas, sino que no compartieron el uso de la expresión “explotación sexual”, argumentando que en Medellín hay personas adultas que ejercen el trabajo sexual de forma voluntaria.
“La propuesta anunciada genera una amenaza concreta para mis derechos fundamentales y de todas aquellas personas que ejercemos dichas actividades en el Distrito, en la medida en que, si se incorpora al texto definitivo una prohibición general que afecte el lugar donde actualmente ejerzo mi actividad, podría perder mi fuente de ingresos sin que se hayan identificado, evaluado y adoptado medidas efectivas para evitar la afectación de mi mínimo vital”, plantearon en la tutela.
En el texto, las demandantes también argumentaron que la prohibición sería demasiado amplia, ya que, de acuerdo con lo expresado públicamente por el concejal, ni siquiera se estarían demarcando zonas en las que se podría ejercer el trabajo sexual y otras en las no, sino que se prohibiría de plano ejercerla en todo el espacio público.
“En nuestro caso particular, la eventual prohibición tendría los siguientes efectos: vulneración de mi derecho a la libre locomoción, vulneración de mi derecho a la privacidad, a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la movilidad y a una vida digna”, añadieron.
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Dentro de las pretensiones, en la tutela se pedía a la justicia suspender el debate del POT programado para este lunes 19 de octubre, así como notificar a los entes de control y ordenar la apertura de una mesa de concertación.
El pasado viernes 16 de octubre, el Juzgado 84 Civil Municipal Transitorio de Medellín admitió la acción y dio un día de plazo a las partes accionadas (el Concejo, Planeación Distrital y la Secretaría de las Mujeres) para pronunciarse ante lo expuesto en la tutela.
Sin embargo, el juez no admitió que se frenara el debate de este lunes, considerando que no había elementos de juicio suficientes para determinar que existiera una amenaza inmediata a que se vulnerara algún derecho.
Para conocer su versión ante la tutela, este diario consultó con el concejal Andrés Tobón, quien se reafirmó en su propuesta y controvirtió los argumentos planteados por las accionantes.
“Lastimosamente existe mucha información en nuestra ciudad de que hay una relación directa entre esta actividad, si se quiere económica, en el espacio público, y el control por parte de proxenetas y estructuras criminales. Es realmente muy difícil separar la realidad del trabajo sexual de la realidad de participación de estructuras criminales en el territorio frente a esta actividad”, planteó.
El corporado señaló que, cuando esa actividad y la presencia de grupos ilegales se conjugan, ya no se podría hablar de trabajo sexual libre, sino necesariamente de explotación sexual y comercial.
“Por eso considero que, por las condiciones de realidad que tiene Medellín, es que no tiene sentido la apertura a zonas de tolerancia en el espacio público, donde pueda ejecutarse una actividad que por su condición necesariamente estaría vinculada al crimen organizado”, sostuvo.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿En qué consiste la restricción propuesta por el concejal Andrés Tobón en el POT?
- La iniciativa busca prohibir la explotación sexual en todo el espacio público de la ciudad a través de las normas del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Tobón justifica la propuesta argumentando que le otorgaría más herramientas a la Fuerza Pública para combatir a los grupos de delincuencia urbana, a los cuales acusa de lucrarse directamente de esta actividad.
- ¿Cuáles son los barrios o sectores de Medellín directamente señalados en esta propuesta?
- El concejal mencionó como puntos críticos a intervenir el barrio El Poblado (donde ya se han extremado controles recientes) y sectores específicos del Centro de la ciudad, como la carrera Cundinamarca y la zona de Barbacoas. Sin embargo, la prohibición se aplicaría en todo el espacio público de la ciudad.
- ¿Qué derechos fundamentales alega el gremio que se vulnerarían si se aprueba la prohibición?
- La organización Asocoltrasexa argumenta que prohibir su presencia en el espacio público los y las dejaría sin su principal fuente de ingresos, afectando su mínimo vital. Asimismo, denuncian que la medida violaría sus derechos constitucionales al trabajo, la libre locomoción, la privacidad, la alimentación, la educación y la vida digna.
