Todo empezó en París, en octubre de 2022, con un teléfono móvil. La Autoridad del Mercado de Valores de Francia decomisó el celular de Luis Felipe Baca Arbulu, un bróker peruano afincado en Madrid que acababa de comprarse un piso con vistas al Retiro por 3,9 millones de euros. En ese teléfono había una multitud de conversaciones a través de la aplicación Signal con socios y clientes. Nadie sabía entonces que ese dispositivo era la punta de un hilo que, años después, conduciría hasta el despacho del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.
Baca no era un personaje cualquiera. Tenía una empresa radicada en Islas Mauricio llamada Bluecap Corp, con una filial en España llamada Kaimana Capital. Era una especie de bróker que gestionaba patrimonios, y entre sus clientes había cargos del Gobierno venezolano y empresarios de ese país. Las autoridades francesas lo investigaban por uso de información privilegiada y lavado de dinero. Las suizas, además, lo tenían en el radar por su participación en redes vinculadas al presidente Nicolás Maduro para evadir las sanciones internacionales de venta de crudo.
El correo que cambió todo apareció en su teléfono y estaba fechado en julio de 2020. Lo había enviado un gerente comercial de la empresa Coyne Airways, con sede en la zona franca del aeropuerto de Dubái, solicitando una cotización para el “transporte de 5 a 8 toneladas de oro del Banco de Venezuela desde Caracas a Dubái”. El negocio era sencillo en su brutalidad: sacar oro venezolano del país, moverlo hacia los Emiratos Árabes, y convertirlo en dinero limpio lejos del alcance de las sanciones internacionales.
El mecanismo concreto del lavado pasaba por una empresa llamada Adamas, gestionada por el empresario neerlandés Simón Verhoeven. Una filial de Adamas llamada Allpa Wira le vendió 30 millones de euros de oro a otra sociedad de Emiratos Árabes controlada por Baca, llamada Al Joud. De ahí el dinero viajó a una cuenta en Panamá de otra sociedad y finalmente a Rodolfo Reyes Rojas, empresario venezolano y accionista de referencia de la aerolínea española Plus Ultra. Dinero blanqueado, ciclo completado.
Aquí es donde la historia cruza el Atlántico y aterriza en Madrid. Plus Ultra recibió del Gobierno español 53 millones de euros en créditos blandos provenientes del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas durante la pandemia de 2020. Con una cuota de mercado de apenas el 1,9 por ciento en los vuelos entre España y América Latina, y del 0,1 por ciento en el total del tráfico aéreo del país, muchos discutían si Plus Ultra era realmente una empresa estratégica. Sin embargo, el dinero llegó. Y detrás de esa decisión, según el juez instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, estaba la mano del expresidente Zapatero.
El accionariado de Plus Ultra tenía raíces profundamente venezolanas: Rodolfo Reyes Rojas, una de las figuras clave de la aerolínea, era también el receptor final del dinero blanqueado a través del oro. La empresa donde confluían los pagos supuestamente irregulares hacia Zapatero, Análisis Relevante, era propiedad de Julio Martínez Martínez, un empresario que permanecía siempre fuera del foco mediático y que actuaba como enlace entre el expresidente y los accionistas venezolanos de la aerolínea.
La pieza que terminó de armar el rompecabezas no llegó desde Europa sino desde Estados Unidos. La Administración estadounidense había interceptado a Rodolfo Reyes en el aeropuerto de Miami en 2021, donde le clonaron el teléfono móvil. En él aparecían referencias a Plus Ultra y al expresidente Zapatero. Tres años después, en 2024, la Homeland Security Investigation entregó a la Fiscalía Anticorrupción española las referencias halladas en ese teléfono.
El mensaje era breve y contundente. Reyes había reenviado a un contacto un mensaje de directivos de Plus Ultra en el que contaban el resultado de una reunión con altos cargos del Ministerio de Transportes: “Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por ‘altas’ recomendaciones”. A ese mensaje, Reyes añade de su parte: “Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás”.
Ese “pana” se convirtió en el punto de partida de la investigación formal al expresidente. Hoy, Reyes está en busca y captura internacional.
Hay una fecha que marca el destino de Zapatero: el 19 de septiembre de 2024. Ese día, mientras el Parlamento Europeo aprobaba el reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela y el propio Zapatero negociaba por la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez para encontrar una salida a la crisis política, la UDEF recibía el escrito de la Fiscalía Anticorrupción pidiéndole que facilitara información sobre el patrimonio en España de Baca y varias personas vinculadas a la trama. El expresidente que ese día actuaba como mediador internacional era, sin saberlo, el mismo que estaba siendo investigado.
La denuncia formal de 21 páginas que judicializó la Fiscalía Anticorrupción a finales de octubre de 2024 fue el origen del caso Plus Ultra tal como hoy se conoce. Desde entonces la madeja no ha dejado de crecer.
Según el auto del juez Calama, Zapatero, sus hijas y otras personas de su entorno recibieron 2.270.000 dólares disfrazados de facturación por consultoría, que en realidad correspondían a comisiones por usar sus influencias ante el gobierno de Pedro Sánchez y sus contactos con el régimen chavista para ayudar a salvar la aerolínea.
La empresa de las hijas, Whathefav SL, que según sus estatutos se dedica a labores de comunicación y publicidad, operó según el juez como “canalizador financiero de la red”, recibiendo más de 420.000 euros que en realidad estaban destinados al expresidente. La consultora Análisis Relevante le pagó 490.000 euros a Zapatero directamente y 239.000 más a la empresa de sus hijas. El centro de pensamiento Gate Center le giró 350.000 euros a él y 170.000 a sus hijas. La firma Thinking Heads le transfirió 681.000 euros adicionales. Para el juez, todos esos recursos procedían de Plus Ultra.
Sus cuentas bancarias en España han sido congeladas. Declarará como investigado ante la Audiencia Nacional el 17 y 18 de junio. El hombre que se presentaba en Pekín como “el político europeo con mayor red de contactos en América Latina” tendrá que explicarle a un juez de dónde venía ese dinero.
Todo empezó con un teléfono en París y unas toneladas de oro que nunca llegaron a Dubái.
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