La comunidad política internacional ha puesto la lupa sobre El Salvador debido a la situación generada por la existencia de dos salas de lo Constitucional en su Corte Suprema de Justicia (CSJ) después de que el Congreso votara por sustituir a varios magistrados, en una medida criticada de manera firme por Washington y señalada de “golpe de Estado” por organizaciones sociales.
Las Asamblea Legislativa, que tomó posesión el sábado con amplia mayoría oficialista, votó por destituir a los cinco magistrados propietarios y a sus suplentes, pero la misma sala declaró inconstitucional la medida legislativa, impulsada por el oficialismo y apoyada por el presidente Nayib Bukele.
El posible enredo legal que ambas posiciones encontradas aún no se termina de vislumbrar en el país.
El Ejecutivo de Bukele y la Asamblea Legislativa reconocen a cinco abogados que fueron votados y juramentados como nuevos magistrados constitucionales, pero la Sala de lo Constitucional señaló en el fallo que estas decisiones atentan contra la forma de gobierno republicano que señala la Carta Magna.
Estados Unidos llamó la atención
El secretario de Estado, Antony Blinken, conversó con Bukele y le expresó su “profunda preocupación” por la decisión de la Asamblea Legislativa de separar de sus cargos a los jueces y al fiscal general, Raúl Melara.
Blinken señaló que “un poder Judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática”.
Además defendió que Melara está “luchando contra la corrupción y la impunidad” y “es un socio eficaz” para combatir el crimen “tanto en Estados Unidos como en El Salvador”, según un comunicado.
Blinken destacó “el compromiso de Estados Unidos para mejorar las condiciones en El Salvador”, mediante el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la separación de poderes y la defensa de una prensa libre.
Las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos no se encuentran en su mejor momento desde que el magnate inmobiliario Donald Trump, a quien Bukele consideraba “nica and cool”, dejó el Ejecutivo norteamericano.
De hecho, el presidente no recibió al enviado especial de Biden al Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, en una visita que hizo a inicios de abril y en la que pidió reunirse con el jefe de Estado salvadoreño.
Por su parte, el mandatario salvadoreño dijo el sábado en sus redes sociales a la comunidad internacional que “estamos limpiando la casa” y que “eso no es de su incumbencia”.
La tarde de este domingo, sin hacer referencia directa a nadie, envío un “mensaje a los pueblos” de los “líderes políticos” que cuestionan la decisión de la Asamblea Legislativa.
“Jamás los apoyen. Si los llevan al poder irán a negociar con el mismo régimen que ahora los tiene en la miseria. Eso desean”, escribió Bukele.
Las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos, además de la cercanía geográfica, están marcadas por el intercambio económico y los intereses de casi tres millones de salvadoreños que viven en el país norteamericano y que solo en 2020 enviaron más de 5.000 millones en remesas.
Mauricio Méndez, representante de la Corporación de Exportadores de El Salvador, manifestó a Efe el temor de que el contexto político salvadoreño afecte las relaciones comerciales entre ambos países.
“Este tipo de inestabilidad política genera mucha incertidumbre en el sector exportador” y en los inversionistas, indicó y agregó que con este “movimiento político parecería que las reglas van a cambiar de la noche a la mañana y eso no es bueno para la economía del país”.
No descartó que de caer el intercambio comercial con Estados Unidos, se busque que China sustituya esa actividad.
“Por las acciones que se ven del Ejecutivo, van encaminadas a eso: si yo me distancio de EE.UU., que es mi principal socio comercial, pues tengo un mercado en China”, acotó.
ONGs y empresarios no reconocen nueva sala
Más de una veintena de organizaciones sociales y gremios empresariales salvadoreños denunciaron la “usurpación” de la Sala de lo Constitucional y desconocieron a los abogados electos por la Asamblea Legislativa para ocupar los cargos de magistrados.
De acuerdo con Zaira Navas, abogada de la organización de derechos humanos Cristosal, los magistrados que se deben reconocer son los que la Asamblea Legislativa “pretendió destituir”.
“No es legal la destitución, es inconstitucional”, señaló y añadió que el pleno de la Corte Suprema “solo debe reconocer a los magistrados electos constitucionalmente”.
La legislación salvadoreña establece que los conflictos entre el Gobierno y Congreso deben ser resueltos por la Sala de lo Constitucional, pero ante la situación actual no está claro el camino.
Una de las opciones que dan los abogados de las organizaciones es que el pleno de la Corte Suprema no reconozca a los cinco letrados nombrados la noche del sábado por la Asamblea.
Sin embargo, afirman que no existirá una duplicidad de salas constitucionales, según dijo a Efe José Marinero, presidente de la fundación Democracia, Transparencia, Justicia (TPJ).
