Los países que integran el Grupo de Lima realizaron este sábado un “exhorto urgente” al Gobierno de Venezuela para que realice una investigación “independiente, exhaustiva y transparente” del atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro con el fin de que se esclarezca “de manera imparcial”.
A través de un comunicado, el organismo repudió “cualquier intento de manipulación” del ataque, ocurrido el pasado 4 de agosto cuando explotaron dos drones en un acto que encabezaba Maduro, destinado a “perseguir y reprimir a la disidencia política”.
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Asimismo, los Gobiernos que integran el grupo rechazaron “firmemente” la violación del debido proceso penal y de las normas internacionales en materia de derechos humanos con la detención “arbitraria, ilegal y sin investigación previa” del diputado Juan Carlos Requesens, a quien el Gobierno acusa de ser uno de los responsables del atentado fallido.
Además, condenaron la orden de captura internacional emitida por el Gobierno del país caribeño contra el expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) Julio Borges, también vinculado con el ataque que se saldó con siete heridos.
El Grupo de Lima consideró que ambas circunstancias suponen una “abierta violación a sus fueros parlamentarios y a las garantías e inmunidades previstas en la Constitución” venezolana, así como en la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales.
Por ese motivo, realizaron un “exhorto urgente” a Venezuela para que “se conduzca una investigación independiente, exhaustiva y transparente” sobre el atentado contra Maduro, “con objeto de esclarecer los hechos de manera imparcial, con pleno respeto del estado de derecho y de los derechos humanos”.
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En el comunicado, expresaron su “profunda inquietud” por el uso de las instituciones de seguridad y de justicia del Estado venezolano para “perseguir” a los opositores políticos, lo que, a su juicio, “evidencia una vez más la ruptura del orden democrático y el quebrantamiento de la Constitución”.
El Grupo de Lima reiteró su “profunda preocupación” por la situación de los presos políticos en ese país y exigió su “inmediata liberación”, además de llamar a las autoridades venezolanas a que “respeten las garantías y libertades políticas” de la ciudadanía y convoquen elecciones libres.
“Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú (...) reafirman su compromiso de seguir tomando acciones e iniciativas dirigidas a contribuir a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos y la plena vigencia del estado de derecho en Venezuela”, sentenciaron.
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