Una docena de organismos humanitarios de Argentina denunciaron hoy que en el país se vive un “estado de excepción”, con “persecución y represión” a opositores, y advirtieron que recurrirán a actores internacionales en defensa de los derechos humanos.
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En un comunicado, denunciaron la aplicación de políticas económicas que, a su juicio, “perjudican a las grandes mayorías” y cuya aplicación el Gobierno de Mauricio Macri “sólo puede garantizar con persecución y represión”. Afirmaron que en Argentina se viven “tiempos peligrosos” para “el reclamo y la protesta y para opinar públicamente de forma crítica hacia el gobierno” y para “defenderse de las injusticias llevadas adelante por miembros del Poder Judicial”.
“Denunciamos que la Argentina está sometida a un estado de excepción permanente que permite el atropello y la violación de los derechos del pueblo”, afirma el comunicado firmado, entre otros, por las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
La nota conjunta, que se difunde días después de allanamientos a propiedades de la expresidenta Cristina Fernández en el marco de una causa por presunta corrupción, señala que “a la luz de los escandalosos e ilegales procesos judiciales que se llevan adelante contra importantes dirigentes de la oposición política, es el propio Estado de derecho el que está en peligro”.
“Denunciamos que la complicidad de los grandes medios no alcanza para ocultar la crisis económica, ni el endeudamiento, ni los despidos, ni el desmantelamiento de políticas públicas de inclusión”, indicaron los organismos de derechos humanos. También cuestionaron el “avance de la violencia institucional”, casos de “gatillo fácil” y la “militarización” de zonas de frontera, y territorios habitados por las comunidades originarias.
Los organismos adelantaron que llevarán sus denuncias a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, al Vaticano y al Parlamento Europeo, mientras que en Argentina se reunirán con las iglesias, las representaciones diplomáticas y los miembros de la Corte Suprema.
Asimismo, dijeron que convocarán a los representantes de bloques parlamentarios, a las centrales sindicales y a los dirigentes de los movimientos sociales “a defender de manera irrestricta el sistema democrático”.
