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Los 43 de Ayotzinapa son solo el filo de un México que desaparece
La búsqueda de los normalistas cumple dos años en medio de una lenta y polémica pesquisa.
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Con sillas vacías y fotografías de las víctimas, la Normal de Ayotzinapa conmemora los dos años de la desaparición de sus 43 estudiantes. Líderes de ese pueblo critican el papel del Estado. FOTO afp
25 de septiembre de 2016
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Ayotzinapa completa dos años sin festejos. Tampoco ha habido música en casa de Felipe de la Cruz, un maestro de escuela primaria que por inclinación natural, y porque su hijo Ángel está involucrado, se convirtió en la voz de 86 padres, los padres de los 43 estudiantes que México busca hurgando entre la tierra y los ríos, lanzando conjeturas y esperando respuestas.
De estas hay pocas. Por el relato de su hijo, Felipe sabe que el 26 de septiembre de 2014, Ángel y una centena de compañeros de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos se dirigían en buses “que tomaron prestados” o que “hurtaron”, según otras versiones, hacia Iguala, a 120 kilómetros de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero.
Querían llegar a una manifestación en Ciudad de México para conmemorar el aniversario de la masacre de estudiantes desarmados de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968 y emblema, hasta entonces, del peor caso de violencia policial contra jóvenes en ese país.
No obstante, otro seguiría siendo el referente de la infamia. A las 8:30 de esa noche sonó el teléfono de Felipe. Ángel le contaba horrorizado que la policía les estaba disparando y que incluso habían asesinado a su compañero Daniel Solís.
“Yo le dije que se mantuviera con sus compañeros, pero perdimos comunicación hasta las 10, cuando me contó que las autoridades los estaban sacando, que los iban a agarrar. Le supliqué que no se opusiera para que no lo fueran a golpear, que él era inocente y que no había razón para que lo llevaran a la comisaría”, recuerda.
Lo sucedido después es parte de lo que Ángel vio y escuchó mientras huía de un segundo ataque de “un grupo armado con la supervisión de la policía”, cerca de la media noche, y se refugiaba con otros 25 jóvenes en la casa de una mujer que accedió a abrirles la puerta en una calle de Iguala.
“No estaban juntos, estaban separados por grupos, y mi hijo dejó de ver a los 43 cuando se refugió en la vivienda. Corrieron por todos lados. Los armados les decían que si eran tan hombrecitos, que por qué no se enfrentaban. Les disparaban sin escrúpulos, parecía como si fuera una orden de alguien. No había causa, seguimos sin encontrar la causa del ataque. Esa es la pregunta que siguen sin respondernos”, reconstruye Felipe, cuyo hijo, afectado emocional y mentalmente, le entregó la vocería.
Pocas respuestas
Esa noche, la violencia injustificada dejó el vacío de los 43, que dos años después son 41 con la ayuda del Equipo Argentino de Antropología Forense; dejó además la ejecución extrajudicial de tres estudiantes y tres transeúntes, y heridas físicas en 25 personas.
Si bien las autoridades mexicanas culpan de los crímenes a los miembros del cártel Guerreros Unidos, responsabilizan como autor intelectual al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y han detenido a 130 personas, muchos de ellos policías, los vacíos persisten sin condenas.
Para Felipe, es clara “la protección del Estado a quien haya orquestado ese crimen, que, de seguro, tiene mucho poder”. Por eso, aunque teme una nueva amenaza, de dos que ha recibido, insiste en que la investigación tiene lagunas, contradicciones y dilaciones.
Y es que dos versiones del hecho enfrentan a las autoridades mexicanas, a la comunidad internacional y a la sociedad.
Una es la de la Procuraduría, la “oficial”, la que Felipe y los padres de los 43 se niegan a creer. Según reza en varios informes del organismo, los estudiantes fueron detenidos por policías locales de Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura en el municipio de Cocula.
Otra investigación, que dio riendas a una segunda versión, plantea las mismas dudas de Felipe. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en el que había dos abogados colombianos, colaboró en las pesquisas por 14 meses hasta el 30 de abril pasado.
En su informe final, el equipo corroboró que los cuerpos no están en el basurero de Cocula y denunció “graves fallas en la investigación oficial del caso”, incluyendo un “rechazo latente” a versiones distintas a la del Gobierno y la tortura de al menos 17 testigos detenidos.
Se perpetúa la impunidad
La abogada colombiana Ángela María Buitrago, conocida por sus investigaciones de casos como el del Palacio de Justicia y una de las cinco expertas del GIEI no esperaba que el caso Iguala, que aceptó sin dudar, provocara divisiones irreconciliables en México y revelara que el fenómeno de la desaparición en ese país es tan frecuente como oculto, al punto en que “llegará un momento en el que el país se dé cuenta de que le falta la mitad de su gente”.
La pesquisa inició con una particularidad. El expediente que había, con 85 tomos, tenía muchos espacios vacíos, hipótesis que no habían sido exploradas por la Procuraduría, testigos que nunca fueron convocados, llamadas telefónicas y mensajes que no se monitorearon e información que no había sido contrastada.
La sorpresa siguió con las diferencias enormes que se abrieron respecto a la “versión oficial”, y, peor aún, con el hallazgo de que mientras Buitrago buscaba a los 43, se topó con 70 fosas comunes alrededor de Iguala y con 120 restos humanos que no eran los de los estudiantes y que nadie buscaba en un país que apenas reconoce su cifra de desaparecidos: 25.700
No obstante, José Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, que presentó una denuncia penal contra el presidente de la CIDH por considerar que sus expertos malversaron fondos públicos de la investigación, duda de esta versión.
Para él, el GIEI, “en lugar de buscar a los muchachos”, llegó a México a cuestionar al Gobierno y a sembrar la duda, “sin siquiera tener calidad ética y moral”, alega, refiriéndose a Buitrago, que fue fiscal del caso Plazas Vega.
Por lo pronto, México no renovó la ayuda de los expertos y las críticas siguen, lo cierto es que esta mujer, que regresó a Colombia con la espina de no haber hallado a los normalistas, comprendió también que “mientras México no tenga compromiso real con la investigación y siga obviando lo evidente, la impunidad se seguirá imponiendo en este y en todos los casos”.
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