Un juez federal dictó prisión preventiva contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y solicitó su desafuero inmediato al Senado, al que pertenece hace pocas semanas.
A Fernández se le procesa por las denuncias del fiscal Alberto Nisman, que resultó muerto, acerca del encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, y hechos por los que ya están detenidos otros funcionarios de su gobierno.
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De acuerdo con el diario Clarín, de Argentina, el juez la acusó de montar un “plan criminal orquestado” junto al excanciller Héctor Timerman, diseñado para “dotar de impunidad” a los ciudadanos iraníes que tenían captura internacional pedida a Interpol por el atentado a la AMIA.
La expresidenta y los exfuncionarios fueron acusados por el fiscal Gerardo Pollicita el 7 de septiembre de “encubrimiento agravado” por tratarse de un delito declarado de lesa humanidad y debido a que por su rol generaron “un impedimento o estorbo de un acto funcional e incumplimiento a los deberes de funcionario”. Según el juez, este “encubrimiento” les permitió “eludir la investigación penal y sustraerse de la acción de la justicia argentina, en desmedro de los intereses de las víctimas y el real esclarecimiento del atentado”.
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De acuerdo con La Nación, otro diario de ese país, Fernández culpó al Gobierno por llevar adelante una persecución política en contra de la oposición. “Es un gran disparate jurídico”, dijo la expresidenta y agregó: “Creo que lo más importante que tengo para decirles es que la única traición a la patria es utilizar a un poder judicial para perseguir a los opositores”.
“Quieren un Parlamento sumiso, quieren que voten los que ellos quieren. Pero conmigo no lo van a lograr”, dijo la exmandataria, quien agradeció a la militancia que la fue a apoyar. Cristina indicó que “el objetivo de la persecución es atemorizar a los dirigentes de la oposición para hacerla callar en el Parlamento”.
Además, Fernández, quien dirigió al país del sur desde 2007 y hasta el 2015, y sus hijos están siendo procesados por lavado de dinero que presuntamente habría cometido junto a empresarios constructores y por delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles y defraudación al Estado.
