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Ya van doce meses de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en México y el panorama es casi igual al que dejó su antecesor, Enrique Peña Nieto: una cruda violencia que año a año bate sus propios récords de homicidios, en los que los carteles de la droga que dominan estados como Sinaloa se roban el protagonismo y las Fuerzas Armadas están en la calle para combatir el crimen.
Esa realidad la constató Amnistía Internacional en un informe publicado ayer. La violencia basada en género, el cese de las medidas humanitarias para atender la migración que llevaron a la detención de 158 mil migrantes de julio a septiembre, el despliegue de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos y la tasa de homicidios en aumento son puntos que alertan a la organización.
El documento asegura que las políticas y medidas de seguridad de López Obrador no se alejan de la estrategia de seguridad altamente militarizada, intensificada desde 2006 por el exmandatario Felipe Calderón, quien emprendió la guerra contra las drogas. Por esto, la directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara-Rosas, considera que hay una “gravísima crisis en materia de Derechos Humanos que se ha prolongado por más de una década”.
Solo en 2018 hubo 36.685 homicidios, lo que significa 29 casos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y, en 2017, el número se estimó en 31.174. Otra entidad que mide esas cifras es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estima que en los diez primeros meses de 2019 hubo 29.574 homicidios, una cifra cercana a batir el récord del periodo anterior.
Incluso, el analista en seguridad de ese país, Alejandro Hope, proyecta que ese número llegaría a los 37.000 al finalizar el año, superando nuevamente la cifra del periodo anterior, una tendencia que se repite desde 2014. “La violencia empeoró. El gobierno tiene una retórica fuerte contra la violencia que en la práctica se enfrenta con una realidad más compleja de lo que pensaba”, asegura el docente del Centro de Investigación y Docencia, Gustavo Fondevilla.
Para Fondevilla también es probable que al finalizar el 2019 las estadísticas evidencien un aumento de la violencia. Casos como la mascare de una familia el 4 de noviembre en Chihuahua , en la que fueron asesinadas nueve personas (tres mujeres y seis niños) o la fallida captura del narcotraficante Ovidio Guzmán el 30 de octubre, en Culiacán, muestran la crítica fase de algunas regiones de México.
Cuando López Obrador estaba en campaña para llegar a la Presidencia propuso dialogar con los grupos de la droga, carteles como los Zetas, el de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación que tienen una alta expansión en el país y dominan regiones enteras, como relata el experto en seguridad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Daniel Vázquez.
Esa discusión, según la información que suministra el Gobierno, no se ha dado o, al menos, no es pública. Con el descalabro de la conversación, llegó la idea de López Obrador de crear una Guardia Nacional que, en teoría, sería una policía civil, pero en la actualidad se trata de un cuerpo con casi 80 mil uniformados de los que el 79 % son militares. Es decir, México tiene en la calle a un Ejército intentando brindar seguridad ciudadana.
Las cifras juegan en contra del mandatario. No obstante, para Vázquez se trata de “macrocriminalidades que mandan en las regiones permeando instituciones estatales captadas por los ilegales en un contexto con niveles de impunidad del 99%”. El primer paso para revertir la tendencia, a su juicio, sería dejar de negar el problema de la violencia.
Resolver la crisis es un reto que López Obrador emprendió desde 2018 y con un contexto histórico detrás que, hasta el momento, el aparato del Estado no logra sortear en un país donde la violencia se lleva el protagonismo.