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Brasil toma medidas para mitigar la desigualdad racial: 30% de cargos públicos serán para negros y mestizos
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Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. FOTO: EFE
Cuotas en las universidades y en la función pública, endurecimiento de las penas por insultos racistas: desde 2010, Brasil ha tomado una serie de medidas para tratar de mitigar las desigualdades raciales en un país donde la población negra es mayoritaria.
Y, siguiendo esa línea, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó hace pocos días un decreto que reserva al menos el 30% de cargos de confianza en la administración pública a nivel federal a personas negras y mestizas.
“El racismo está en la raíz de la desigualdad, por eso hay que combatirlo como plaga en una plantación”, dijo Lula.
Según los datos más recientes del instituto oficial de estadística IBGE, que datan de 2021 y se basan en la autodeclaración, más del 56% de los brasileños se identifican como negros (9,1%) o mestizos (47%).
Pero menos del 30% ocupa puestos de responsabilidad, tanto en el sector privado como en la función pública. En las 500 mayores empresas de Brasil, solo el 5% de los cargos directivos están en manos de negros, según un estudio del Instituto Ethos.
Además, existen importantes diferencias salariales, ya que el ingreso medio de la población negra es inferior en más de un 70% en comparación con el de la población blanca.
El decreto firmado por Lula “es importante, porque permitirá que más negros se sitúen en lugares de poder, que participen activamente en la toma de decisiones”, le dijo a la AFP Wellington Mendes, del Instituto Brasileño de Identidad, que trabaja por la inclusión de los negros en el mercado laboral.
“También ayuda a absorber a algunos de los profesionales negros que, aun teniendo la cualificación necesaria, no llegan a las esferas de poder por culpa del racismo estructural”, insiste.
Esta decisión se suma a un reciente, del 11 de enero pasado, cuando –justo 10 días después de iniciar su tercer mandato– Lula promulgó una ley que endurece las penas por insultos racistas, que pasaron de ser sancionados con un máximo de tres años a entre dos y cinco años de cárcel .
