No son pocas las voces pesimistas en el país vecino frente al futuro de la iniciativa opositora por un referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. En realidad, la mayor parte de las personas parece aceptar, en estos momentos, que la Asamblea Nacional que fue electa en diciembre con el mandato de sacar al país del bache al que lo llevó el chavismo, no tiene los poderes suficientes para traer ese cambio.
Eso fue más que evidente el pasado 11 de abril, cuando el Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada antes por el Legislativo con el fin de liberar a las decenas de presos políticos que hay en Venezuela.
El gobierno simplemente llevó el proceso a la máxima instancia judicial, para que allí se produjeran decisiones inapelables para la oposición. Esta última, resignada ante un fallo que consideraba previsible, se conformó con mostrarle a sus votantes que hacía todo lo que estaba a su alcance para cumplir las promesas de campaña.
El bloqueo como estrategia
Desde que la oposición tomó control de la Asamblea Nacional, el chavismo ha utilizado el aparato legal y burocrático venezolano para frenar toda iniciativa que amenace las bases de su poder.
Algunos ejemplos son sus gestiones ante el TSJ contra proyectos ya declarados inconstitucionales como la reforma a la Ley del Banco Central —que preveía sacar del atasco a la política económica—, y la decisión del mismo ente de permitir que funcionarios del gobierno llamados a responder en el Legislativo por su mala gestión, no asistan a dichas interpelaciones (ver gráfico).
Además de las ya mencionadas leyes que fueron frustradas por el TSJ, pesimistas pronósticos se ciernen sobre otras iniciativas de la AN en control de la oposición, también impugnadas y llevadas a la corte por el gobierno de Nicolás Maduro. La Ley de Bono de alimentación y medicación (aprobada el 30 de marzo); la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (aprobada el 30 de marzo); y la Ley de Títulos de propiedad a beneficiarios de Gran Misión Vivienda (aprobada el 7 de abril).
Dos expertos consultados por EL COLOMBIANO ven en esa dinámica truncada la evidencia de la estrategia actual del chavismo.
“Sin duda con un Tribunal Supremo de Justicia en control del chavismo, el ente se ha convertido en su principal herramienta para impedir que la oposición pueda sacar adelante sus iniciativas. El resultado es ahora visible en las encuestas, con cada vez menos personas que piensan que la Asamblea Nacional está haciendo una buena o efectiva labor (del 66 al 55%). Esto podría debilitar a la oposición frente al surgimiento de fuerzas independientes, pero está claro que tampoco beneficia al gobierno mientras el país sigue en esta grave crisis”, advirtió Jesús Castillo Molleda, politólogo y docente de la Universidad del Zulia.
Nelly Arenas, docente de ciencia política de la Universidad Central de Venezuela, coincidió: “el gobierno seguirá utilizando una justicia de bolsillo e irrespetando la separación de poderes para impedir esas reformas. Pero en la calle todo sigue igual, y el malestar ciudadano por el contrario aumenta”.
Referendo va por esa vía
Para Castillo, otra iniciativa de la Asamblea Nacional tendría paulatinamente el mismo destino. El referendo revocatorio contra Nicolás Maduro:
“Si bien el CNE aprobó la entrega del primer formulario para recoger firmas por el referendo revocatorio, la estrategia del oficialismo será gradual para frenarlo. En principio el ente se muestra democrático y abierto a la consulta, pero en las otras instancias que siguen, sin duda lo bloqueará”.
