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La justicia de bolsillo empieza a servirle al oficialismo como la principal herramienta para frenar las iniciativas de una Asamblea Nacional opositora.
No son pocas las voces pesimistas en el país vecino frente al futuro de la iniciativa opositora por un referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. En realidad, la mayor parte de las personas parece aceptar, en estos momentos, que la Asamblea Nacional que fue electa en diciembre con el mandato de sacar al país del bache al que lo llevó el chavismo, no tiene los poderes suficientes para traer ese cambio.
Eso fue más que evidente el pasado 11 de abril, cuando el Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada antes por el Legislativo con el fin de liberar a las decenas de presos políticos que hay en Venezuela.
El gobierno simplemente llevó el proceso a la máxima instancia judicial, para que allí se produjeran decisiones inapelables para la oposición. Esta última, resignada ante un fallo que consideraba previsible, se conformó con mostrarle a sus votantes que hacía todo lo que estaba a su alcance para cumplir las...