Miles de personas han solicitado la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 en Quebec (Canadá), después de que las autoridades de la provincia anunciaron que estudian imponer un impuesto especial a aquellos que no estén inmunizados.
El ministro de Sanidad de Quebec, Christian Dubé, tuiteó este miércoles que las citas para recibir primeras dosis siguen en aumento y que tras sumar unas 5.000 el lunes, la cifra subió a 7.000 el martes, la más alta en los últimos días. Tan solo el martes, Quebec administró 107.000 dosis de las vacunas.
El martes, el primer ministro provincial, Francois Legault, anunció que está considerando imponer un impuesto “significativo” especial a aquellas personas que no estén vacunadas, debido al coste que su tratamiento supone para el sistema sanitario si se contagian de covid-19.
Según Legault, el 50 % de las personas ingresadas en hospitales de la provincia por la covid-19 son pacientes que no están vacunados y no es justo que toda la sociedad pague el costo que supone su decisión de no inmunizarse.
La propuesta llega en un momento en el que el sistema sanitario de Canadá está saturado por el fuerte incremento de los casos de covid-19 a causa de la variante ómicron, y los hospitales del país experimentan dificultades para tratar a todos los pacientes.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se mostró este miércoles reacio a apoyar la medida de Quebec, aunque tampoco la criticó.
Durante una rueda de prensa en Ottawa, Trudeau declaró que había recibido “con interés” la propuesta quebequesa, pero que necesitaba tener más detalles para dar su opinión.
El primer ministro canadiense añadió que las autoridades federales ya ha implementado “duras medidas” para incentivar la vacunación de los canadienses, como prohibir que los no inmunizados viajen en avión o tren, o forzar a todos los funcionarios federales a recibir las vacunas.
Organizaciones que trabajan con minorías han advertido que la propuesta de Quebec puede aumentar las desigualdades ante la pandemia y afectar de forma desproporcionada a las personas de color o los indígenas.
Por su parte, la Asociación de Libertades Civiles de Canadá calificó la medida como “divisoria” y apuntó que puede ser anticonstitucional.
