Un fiscal solicitó este lunes una pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en el juicio oral que se le sigue por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era mandataria.
El fiscal Diego Luciani pidió además que Fernández, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015, sea inhabilitada a perpetuidad para desempeñar cargos públicos.
Fernández, de 69 años, es juzgada desde mayo de 2019 por el presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos. La vicepresidenta es, además, la esposa del expresidente Néstor Kirchner, quien también tuvo escándalos durante su gobierno.
En el proceso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz.
Luciani también solicitó diversas penas para Lázaro Báez, el exministro de Planificación Julio De Vido y otros exfuncionarios kirchneristas.
Cristina Fernánez es víctima de persecusión: gobierno
Ante la determinación del juez, el Gobierno de Argentina condenó la “persecución judicial” de la que dice es víctima la vicepresidenta.
“El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada ‘causa Vialidad’”, dijo la Presidencia en un comunicado.
Según el Ejecutivo de Alberto Fernández, la “persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita y la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada” son “aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal” en el estado de derecho.
“Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”, señala el comunicado.
El Gobierno reiteró su “adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la Justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley” y dijo que “seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas”.
Asimismo, expresó su “solidaridad” con la vicepresidenta frente a “esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la Justicia se pone al servicio de poderes fácticos”.
