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EE. UU. aprobó su presupuesto de Defensa que incluye fondos para Colombia

  • El presupuesto incluye 24.000 millones de dólares, más de lo que había pedido Biden y supone un crecimiento del 5% con respecto al año anterior. FOTO EFE
    El presupuesto incluye 24.000 millones de dólares, más de lo que había pedido Biden y supone un crecimiento del 5% con respecto al año anterior. FOTO EFE
Jessica Quintero y EFE | Publicado el 16 de diciembre de 2021

El Senado de Estados Unidos aprobó el miércoles un incremento en el presupuesto de defensa para el año 2022, valorado en 768.000 millones dólares y que refleja la nueva política de Washington para dejar atrás Afganistán y centrar sus esfuerzos en China y Rusia. El presupuesto, además, incluye fondos para la cooperación con Colombia.

La llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) fue aprobada con 89 votos a favor y 10 en contra y, ahora, será enviada a la Casa Blanca para que el presidente estadounidense, Joe Biden, la firme y pueda entrar en vigor.

El proyecto incluye 24.000 millones de dólares, más de los que había pedido Biden, para el Pentágono y supone un crecimiento del 5% con respecto al año anterior, algo que ha enfurecido al ala progresista del Partido Demócrata que quería que se recortara el presupuesto para defensa tras el fin de la guerra de Afganistán.

Sin embargo, la medida recoge 7.100 millones de dólares para mejorar la capacidad de las Fuerzas Armadas de EE. UU. en el Océano Pacífico con la idea de hacer frente a China y, además, destina 300 millones a la alianza militar con Ucrania frente a Rusia.

No se bloquearon recursos para Colombia

En lo que concierne a Colombia, la Ley de Autorización de Defensa Nacional fue aprobada sin las enmiendas que buscaban limitar recursos para el país para ser invertidos en el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, y la aspersión aérea con glifosato. Dichas enmiendas habían sido presentadas por la representante Alexandria Ocasio-Cortez.

La única enmienda que se tuvo en cuenta está relacionada con la rendición de cuentas por parte de Colombia sobre el panorama de violaciones de derechos humanos por parte de miembros de la fuerza pública.

Sobre esto, la ley estima necesario que Colombia reporte “una descripción de la manera y el grado en que la estrategia de cooperación en materia de seguridad entre los Estados Unidos y Colombia busca construir la capacidad institucional de las Fuerzas Armadas u otras fuerzas de seguridad colombianas para respetar los derechos humanos y fomentar la rendición de cuentas”.

La aprobación de este presupuesto destinado a Colombia, con la condición de la rendición de cuentas, se anuncia en el marco de la polémica que se desató en el país tras la presentación de un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que señaló a la Policía como la responsable de, al menos, 28 de las 46 muertes ocurridas en medio del paro nacional que inició el pasado 28 de abril y se extendió por más de dos meses.

El informe fue rechazo por miembros del Gobierno que van desde el presidente Iván Duque, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, hasta el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, y el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

“Nadie puede pretender usurpar las funciones de los órganos legítimos del Estado”, dijo al respecto el presidente Duque refiriéndose a que, según él, no le corresponde a este tipo de organismos investigar quiénes son los responsables de los hechos, si no a la Fiscalía y a la Procuraduría, que actualmente investigan los presuntos abusos policiales en las marchas de 2020 y 2021.

Más detalles de la ley

Como cada año, el presupuesto aprobado recoge una subida de salario para las tropas, que esta vez será del 2,7 por ciento.

Además, establece la creación de una comisión independiente para evaluar la guerra en Afganistán, la más larga de la historia de EE. UU. y a la que Washington puso fin con la evacuación de sus tropas, nacionales y colaboradores afganos el pasado 30 de agosto (31 de agosto en Afganistán).

La iniciativa incluye cambios en el sistema judicial castrense para que los delitos de abusos sexuales salgan de la cadena de mando y sean evaluados por abogados militares con un carácter independiente, en lo que representa un cambio radical con respecto a la postura tradicional del Pentágono.

No obstante, para que fuera aprobado, los líderes de varios comités tuvieron que hacer cambios al texto inicial.

La propuesta aprobada no incluye una enmienda que habría obligado a las mujeres a responder a un llamado a filas y tampoco contiene una provisión para que Biden impusiera sanciones sobre aquellas compañías implicadas en el gasoducto Nord Stream 2, que busca transportar gas natural ruso a Alemania y permite al Kremlin sortear Ucrania.

También tuvo que salir del texto una propuesta para limitar el poder que los presidentes de EE. UU. tienen para usar la fuerza contra posibles enemigos, una capacidad que constitucionalmente recae sobre el Congreso pero que se trasladó parcialmente a la Presidencia tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

En concreto, esa propuesta buscaba anular una legislación aprobada en 2002 y que autorizó al entonces presidente George W. Bush a tomar las acciones que considerara "necesarias y apropiadas" para defender la seguridad nacional de Estados Unidos.

El presupuesto de defensa suele aprobarse cada año con el apoyo de los dos partidos, pero esas provisiones que finalmente fueron descartadas dificultaron esta vez el proceso.


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