A Donald Trump le quedan ocho días como presidente de Estados Unidos y ese es el mismo lapso que tiene el Congreso para sacar adelante un segundo juicio político en su contra, esta vez señalándolo como el presunto responsable de la toma al Capitolio del pasado 6 de enero.
Esto, argumenta su oposición, porque él en persona lideró la movilización que protagonizó los desmanes y persuadió a sus partidarios, literalmente, a “caminar al Congreso y alentar a los senadores”. Ese día se interrumpió la sesión que confirmó el triunfo de Joe Biden en las elecciones de noviembre, los legisladores y el vicepresidente tuvieron que ser evacuados y hubo cinco muertos. Con ese antecedente, las gestiones preliminares para llevar a cabo ese proceso judicial ya comenzaron.
Para destituir a Trump hay dos caminos. El primero, que el vicepresidente convoque a la Enmienda 25° que le da el poder de declarar que el mandatario no tiene la capacidad de ejercer el cargo. El segundo ocurre si el vicepresidente, en este caso Mike Pence, se niega a hacer esa gestión y se trata de un proceso de juicio político en el Congreso.
Pence guarda silencio, mientras que ayer Trump aseguró que es “absolutamente ridículo” realizar un nuevo juicio y dijo que se trata de una “caza de brujas”. Ese comentario lo hizo durante su vista a un tramo del muro que divide a Estados Unidos de México, ubicado en Texas, uno de los últimos viajes de su mandato al lugar que materializa buena parte de su discurso de gobierno contra la migración.
El lunes la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, presentó a Pence de manera oficial la petición de que destituya a Trump. A partir de ese requerimiento se da un plazo de 24 horas para que dé respuesta, un periodo que venció este martes sin el aval del alfil republicano que ha gobernado estos cuatro años junto al magnate y que era su fórmula para la reelección.
Así las cosas, se abre un nuevo tramo para llevar a cabo el segundo camino del impeachment en el seno del legislativo, diligencia que se traduce en un proceso de destitución similar al que vivió el presidente en febrero de 2020 por la presunta presión a Ucrania para investigar a Hunter Biden –hijo de Joe Biden–. En ese proceso Trump jamás asistió a las audiencias y la mayoría republicana del Senado le permitió salir invicto.
“Hay un peso simbólico detrás del proceso del impeachment, se está enviando un mensaje de que Trump debe ser castigado por lo que hizo, no solo por lo que ocurrió el 6 de enero en el Capitolio, sino por cuatro años de una narrativa que alimentó el odio. La meta también es conseguir que no pueda volver a a participar en política”, asegura Óscar Palma, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario.
Cuentas de un nuevo juicio
El panorama con el que comienzan este miércoles las gestiones para el juicio político al presidente es diferente. En la Cámara de Representantes el Partido Demócrata tiene la mayoría, por lo que aprobaría fácilmente el proceso de destitución. Cuando este pase a Senado, la proporción de legisladores es 50-50, lo que lleva a un empate técnico.
La decisión está en manos del Comité Judicial, pero los senadores no planean reunirse hasta el 20 de enero, la misma fecha en la que se termina el periodo de Trump en la Casa Blanca y cuando debe juramentarse la dupla de Joe Biden y Kamala Harris. Así las cosas, aunque todo indica que el proceso arrancará esta semana, un eventual juicio a Trump se consumaría después de que deje el poder.
Pero, ¿se puede aplicar una destitución a un mandatario que ya no ejerce? Claramente, el proceso está comenzando mientras el republicano está en la Casa Blanca y podría terminar después de que deje el poder, algo que jamás había sucedido en la historia del país. Es decir, este proceso está en el campo de la interpretación de la norma.
“La Corte Suprema nunca ha decidido sobre el tema de juicio político a un expresidente, pero al revisar la Constitución y el precedente histórico no parece haber impedimentos para llevarlo a cabo. En este caso se estarían juzgando acciones que él tomó mientras ejerció como presidente. Entonces, lo más probable es que sí sea procedente la diligencia”, explica David Castrillón, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Externado.
Por su parte el PhD. Nicolas Beckmann, internacionalista de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, asegura que el impeachment “es una estrategia de los demócratas para dividir a los republicanos y ejercer presión para ver quién respalda a Trump y quién se opone a su destitución. En el contexto actual de Estados Unidos respaldar el proceso, así como rechazarlo, puede traer costos políticos para los legisladores”.
En ese panorama el gobierno entrante de Biden será determinante porque, con el empate entre partidos que hay en el Senado, la vicepresidenta Harris tiene el poder de dirimir las decisiones del legislativo. Mientras eso sucede, Estados Unidos vive un panorama de alta tensión.
El FBI alertó de posibles protestas armadas en los 50 estados del país durante esta semana y, especialmente, para el 20 de enero, día de la investidura de Biden y de la determinante sesión en el Congreso que podría perfilar el futuro de Trump.
La paradoja es que, mientras el organismo encargado de la seguridad del país envía una señal de alarma, el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, renunció a su cargo y se convirtió en el tercer integrante del gabinete actual que dimitió después del asalto al Capitolio.
El discurso político de Estados Unidos subió de tono. Pelosi, incluso, pidió a los militares intervenir para que Trump no tenga control sobre las armas nucleares del país en la semana que le queda en la presidencia. Mientras los demócratas mantienen un tono que apunta al mandatario saliente como un amenaza, él está convencido de que, por lo menos, no prosperará un juicio político perpetrado por su propio vicepresidente.
De esta forma, el futuro de Trump está por definirse, en cuestión de días, en el Congreso .
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