Debido a la crisis, las universidades en Venezuela carecen de un presupuesto que permita a los docentes desarrollar sus actividades académicas, las aulas tienen cada vez menos alumnos y profesores debido a la migración, y aquellos que se quedan corren el riesgo de ser censurados cuando sus trabajos no cumplen con los intereses del régimen de Nicolás Maduro.
Es tal la alarma que se vive en el sector universitario que Aula Abierta, una organización no gubernamental integrada por diversas instituciones de educación, denunció que el Estado venezolano, a través de los distintos órganos que conforman los poderes públicos, ha implementado una política dirigida a “pulverizar los derechos humanos”.
Esta organización realizó una investigación junto con los principales centros de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la comunidad universitaria. En el documento, esta institución defensora de los derechos humanos asegura: “la crisis que enfrenta Venezuela ha traído el éxodo masivo de venezolanos, lo que se traduce en que las universidades carezcan de su componente más importante: estudiantes y profesores”. Según aseguró el presidente de la Asociación de Profesores Universitarios, Víctor Márquez, a el periódico El Nacional, entre el 30 y 50 % del profesorado se está yendo del país.
“Las dictaduras arremeten contra las universidades y violan su libertad académica”, aseguró a EL COLOMBIANO David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta. Esta organización encontró que al menos 339 universitarios fueron detenidos arbitrariamente de abril a julio de 2017. “Muchos” fueron presentados ante la justicia militar e incluso privados de su libertad.
Pero los profesores también sufren las consecuencias de un régimen que calla las voces de aquellos que denuncian sus injusticias. Tal es el caso del profesor de la Universidad de Carabobo Santiago Guevara, quien fue acusado de “traición a la patria” después de publicar un artículo sobre el modelo económico implementado en Venezuela. Guevara fue recluido por diez meses, tiempo en el que su salud se deterioró. Él recuperó su libertad luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictara una medida cautelar para garantizar su vida e integridad.
Según explicó Gómez, “tiene prohibido investigar, publicar temas del área y dar declaraciones”. La situación se agrava porque el poder judicial parece no funcionar. Según el informe, desde 2010 se han registrado más de 43 decisiones que vulneran directamente la libertad académica, la autonomía universitaria y, por consecuencia, el derecho a una educación de calidad.
Ricardo Villalobos, coordinador nacional de investigación de Aula Abierta, explica que a los profesores les cuesta mucho poder dar clases. Los docentes pueden tener hasta dos dólares para desarrollar una investigación y, cuando las instituciones solicitan presupuesto al gobierno, este solo les da el 20 % de lo que pidieron, dinero que se debe invertir en el pago al personal, dejando pocos recursos para la labor académica. “Eso hace que la investigación muera. Un profesor universitario que no investiga no puede desarrollar las funciones que implica su investidura”, comenta.
Entonces, resolver la situación de las universidades en Venezuela implica que el gobierno les devuelva su autonomía, se incrementen los fondos para las instituciones y los salarios para los docentes y cese la represión, algo que parece un reto en medio de la emergencia humanitaria compleja que vive el país.
