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Fiscalía de Estados Unidos pide 30 años de condena contra el general (r) venezolano Clíver Alcalá

Quien fuera la mano derecha de Hugo Chávez y Nicolás Maduro hace unos años, reconoció que tenía negocios de armas y drogas con las Farc.

  • El general (r) Clíver Alcalá Cordones llegó a ser comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana, una división especial de las Fuerzas Militares. FOTO: ARCHIVO.
    El general (r) Clíver Alcalá Cordones llegó a ser comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de Guayana, una división especial de las Fuerzas Militares. FOTO: ARCHIVO.
16 de enero de 2024
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La Fiscalía de Estados Unidos le pidió a la corte del Distrito Sur de Nueva York que condene a 30 de cárcel al general (r) Clíver Alcalá, quien fuera en el pasado uno de los oficiales de más alto rango del régimen chavista en Venezuela, por sus negocios de drogas y armas con la guerrilla de las Farc.

Alcalá está en una celda estadounidense desde 2020, cuando fue extraditado en un avión de la DEA que partió de Bogotá.

Como parte de un proceso de sometimiento, había firmado un preacuerdo de culpabilidad, en el que aceptaba dos cargos: 1). Proporcionar, ayudar e instigar la provisión de apoyo material o recursos a una organización terrorista internacional; 2). Recibir y transferir armas de fuego y municiones, sabiendo que se utilizarían para cometer el delito federal de terrorismo.

En la primera década del siglo XXI, Alcalá fue uno de los oficiales favorecidos por el entonces presidente Hugo Chávez, y luego por Nicolás Maduro.

De acuerdo con el expediente que cursa en EE.UU., aprovechó las influencias de su cargo en las Fuerzas Militares para traficar cocaína y armas con la guerrilla de las Farc.

Alcalá reconoció que les entregó lotes de armas a “Iván Márquez” y “Timochenko”, miembros del Secretariado del grupo insurgente, y que permitió el despegue de aviones cargados con cocaína desde el aeropuerto de Maiquetía.

También explicó que manipuló a otros miembros de las Fuerzas Militares para que no atacar a los insurgentes colombianos en suelo venezolano.

Por esta cooperación, su defensa le pidió a la corte una pena de seis años de cárcel, que contrasta con las tres décadas que pretende obtener la Fiscalía.

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