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EL COLOMBIANO | Publicado
En la cárcel de máxima de Zacatecoluca, de El Salvador, las familias de los presos se están viendo obligadas a pagar por el alimento y elementos de uso básico de los reclusos. Esto al parecer, viene sucediendo desde diciembre de 2022, y cada paquete tiene un costo de 170 dólares, según información que han recogido diferentes medios de comunicación.
“Lo que compran por ese dinero son siete pequeños paquetes, cuyos contenidos no aparecen detallados en las hojas que los carceleros han pegado en los muros de las prisiones. Los familiares solo saben que dan 35 dólares por alimentación, 15 por artículos de higiene, 30 por vestimenta, 20 por limpieza de área y 70 por misceláneos”, reseñó en una investigación Infobae.
El medio argentino también recogió que la Dirección General de Centro Penales de El Salvador, Dgpc, administrada por funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, está realizando estos cobros obligatorios en al menos dos cárceles más del país, como la de Apanteos y en Izalco, con el argumento de que no permitirán por seguridad el ingreso de productos provenientes del exterior.
Así mismo, la publicación detalla que además del sistema de “paquetes obligatorios”, también está funcionando en esos centros de reclusión un sistema de “tiendas institucionales”, en las que los familiares están depositando entre 5 y 150 dólares al mes, para que los internos tengan derecho a acceder a alimentos distintos a los que ya les dan en el recinto. Les asignan un número de identificación, y con este saldan la compra.
Un familiar señaló que existe un “sobrecosto” en los precios que se manejan por algunos de los artículos de “lujo” que podrían adquirir, por ejemplo “una Coca Cola que afuera vale 2,5 dólares, ahí la venden en 10 dólares”, dijo.
Hasta el momento, no ha sido posible establecer cuál es el manejo que está dando el gobierno salvadoreño a los dineros que los parientes de los reclusos están pagando mes a mes.
“No es posible saberlo porque el gobierno de Nayib Bukele ha declarado como reservada toda la información sobre las prisiones y sobre sus políticas de seguridad”, explica la investigación.
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