En una carta firmada por el director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, la Organización No Gubernamental instó al presidente Juan Manuel Santos, para que adopte todas las medidas a su disposición, para lograr la liberación inmediata de 61 personas que están actualmente detenidas arbitrariamente en Venezuela. 60 de ellos son ciudadanos colombianos y hay un venezolano que fue expulsado indebidamente de Colombia.
Aunque la ONG reconoce que el gobierno colombiano ha promovido algunas medidas diplomáticas en los casos relativos a los ciudadanos colombianos, y que también formuló fuertes críticas sobre el estado y la degradación tanto de la democracia como de los derechos humanos en Venezuela, “lamenta profundamente” que no haya priorizado la adopción de medidas para liberar a sus connacionales.
“Debido al acelerado deterioro de las garantías fundamentales en Venezuela, es crucial que su gobierno considere adoptar con urgencia medidas concretas como las que se describen al final de esta carta para garantizar que estas personas sean liberadas lo antes posible. Nuestra experiencia en Venezuela nos permite concluir que, sin una firme presión de la comunidad internacional liderada por el gobierno especialmente afectado, que en este caso es el colombiano, la posibilidad de que estas personas sean liberadas es ínfima o incluso nula”, señalo la carta de HRW.
Los tres casos a los que se refiere la carta son las detenciones arbitrarias y masivas a 59 ciudadanos colombianos en agosto de 2016, en el marco de la denominada Operación de Liberación del Pueblo, OLP, una serie de redadas policiales y militares realizadas con el supuesto propósito de combatir la inseguridad. La segunda detención se hizo en julio de 2017, fecha en la que fue detenido Juan Pedro Lares, otro ciudadano colombiano y en circunstancias igualmente arbitrarias. Y el tercer caso fue el del venezolano Lorent Saleh, quien fue indebidamente expulsado por Colombia en septiembre de 2014 y sufrió graves abusos durante su detención en Venezuela.
“Colombia tiene la obligación jurídica de jamás deportar o expulsar a personas si existen motivos fundados para creer que podrían ser torturadas, situación que se da en el caso de Venezuela desde hace varios años”, enfatizó la carta.
Finalmente, el 21 de noviembre del año pasado un juez venezolano ordenó a la Policia Nacional Bolivariana (PNB) liberar a los 61 detenidos, alegando que “no fueron aprehendidos de forma flagrante” y que no “pesa orden de aprehensión alguna en el expediente”. De acuerdo al derecho venezolano deberían haber sido inmediatamente liberados pero eso no pasó. Desde entonces uno de los detenidos murió en la cárcel y otro fue liberado por motivos humanitarios.
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