viernes
7 y 9
7 y 9
Francia dice “no” a las palmadas para educar
Francia aprobó una legislación que prohibe a padres y educadores usar sanciones físicas y sicológicas. Le contamos en qué consiste la medida.
-
FOTO: EL COLOMBIANO
04 de julio de 2019
bookmark
El pellizco, la nalgada, la palmada, el balde de agua fría o el reglazo. Todos estos y cualquier comportamiento que se considere como un castigo físico a los niños está prohibido por ley en 56 países, a los que Francia se sumó esta semana tras aprobar una legislación que condena la violencia como modo de sanción de los padres o formadores hacia los pequeños, sea física o sicológica.
Que el Parlamento diera ese paso no fue fácil. Desde septiembre de 2008, el Consejo Europeo había reclamado a los estados adoptar medidas que condenaran el uso del castigo en el proceso educativo. Desde entonces, 27 países se acogieron a esta medida, pero en Francia la resistencia a la petición de la autoridad europea duró once años.
Incluso, en marzo de 2015, el Consejo reclamó al Estado francés por no prohibir explícitamente las sanciones corporales en su legislación, considerando que la regulación de ese momento iba en contra vía de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Carta Social Europea, dado que se reconocía el “derecho a corregir” de los padres, que consiste en la potestad que, para algunos, tienen los formadores para usar la violencia.
Pero esa facultad culminó esta semana después de que el Parlamento aprobara por unanimidad una norma conocida como la “ley antibofetadas” que prohíbe los castigos corporales, tanto a los padres como a las instituciones educativas.
Así es la ley anticastigo
La ley es conocida como “antibofetadas” y comenzará a regir en septiembre. Establece que los padres y educadores deben ejercer autoridad sin aplicar “violencia física o sicológica”. Entonces, según reseñó el diario Le Figaro, ahora el Código Civil señala que “la autoridad de los padres se ejerce sin violencia sicológica o física” y hace énfasis en que no se contempla el castigo corporal.
Esta conducta es reseñada como “violencia educativa común” y aún no está claro cómo será sancionada.
Además, para quienes oficien matrimonios civiles será obligatorio leer un documento que señala que “la autoridad de los padres se ejerce sin violencia física o sicológica (...) las palizas o los azotes son estigmas que el niño tendrá que llevar toda su vida”.
Con la aprobación unánime de esta regulación, el Parlamento también pidió realizar un informe sobre el estado de este tipo de violencia.
La sicóloga de la Universidad San Buenaventura y experta en crianza respetuosa, Natalia Morato, es una de las voces que está a favor de esta medida. Morato señala que “el castigo funciona, pero a corto plazo, y tiene como principal estrategia el miedo y este no es ideal para los niños porque merecen el mismo respecto que los adultos”.
Detrás de la regulación
Suecia fue el primer país en adoptar este tipo de legislación, en 1979, y con el llamado del Consejo Europeo de 2007 se fueron sumando más, como España. Esta tendencia también llegó al continente americano. Argentina, Costa Rica, Uruguay, entre otros, tienen leyes que prohíben la aprensión física.
También tiene sus detractores. Una encuesta de Le Figaro encontró que solo el 15 % de 30 mil personas consultadas apoyaban esta ley. Y una columna de la filósofa Anne-Sophie Chazaud publicada en este mismo diario señaló que “privar de los padres del derecho a corregir es una intrusión en la esfera doméstica”.
A pesar de las opiniones, omitir el “derecho a corregir” es un tema de discusión desde la sociología, la sicología y las ciencias de la salud.
El sociólogo de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y experto en temas de infancia, Mauricio Fortich, afirma que “un castigo desde la parte física no solo afecta la relación entre el victimario y la víctima, sino también dentro del tema sicosocial del niño y puede perturbar su desarrollo”.
En medio del debate sobre la educación, la aprobación de la ley en Francia llevó a que en Colombia se hablara del tema (ver recuadro). Pero, a diferencia de Europa, en América no hay un organismo común que abogue por la aplicación de esta normativa a los padres y educadores.
Te puede interesar
El empleo que busca está a un clic
