Organizaciones de derechos humanos denunciaron la detención de la activista de derechos humanos colombo-venezolana Martha Lía Grajales, poco después de una manifestación frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas, en solidaridad con familiares de detenidos.
SurGentes, la ONG que dirige Grajales, había denunciado que una protesta convocada el martes 5 de agosto frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue dispersada por “un grupo parapolicial de unas 70 personas”, como se conoce a colectivos afines al gobierno.
Puede leer: Cinco periodistas internacionales asesinados en Gaza por bombardeo israelí; ¿no quedará nadie para mostrar el horror?
“Martha Lía Grajales, activista de SurGentes fue detenida hace minutos tras participar en una concentración en apoyo a las madres agredidas por grupos paramilitares el pasado martes frente al TSJ”, indicó Provea en un mensaje en la red social X.
Según Provea, Grajales, nacida en Colombia y nacionalizada venezolana, fue detenida por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en un retén policial instalado “a escasos metros del lugar de la concentración” de este viernes y “obligada a abordar una camioneta de color gris, sin placas”.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos “denuncia con alarma que esta detención ocurre pocos días después de que Martha Lía fuera víctima de agresiones físicas por parte de grupos armados no identificados durante la vigilia convocada por el Comité de Madres en Defensa de la Verdad”.
Unos 50 familiares de detenidos luego de las elecciones de julio de 2024, en su mayoría madres, organizaron una vigilia el martes a las afueras de la máxima corte de Venezuela para reclamar su libertad al cumplirse un año de sus arrestos.
Posterior a la reelección del presidente Nicolás Maduro, denunciada como fraudulenta por la oposición, estallaron manifestaciones que dejaron 28 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos, de los cuales unos 2.000 han sido excarcelados a la fecha, según cifras oficiales.
Los detenidos son procesados por delitos como “incitación al odio” y “terrorismo” que pueden acarrear penas de entre 10 y 30 años, la máxima en Venezuela.
Hasta el momento se desconoce el paradero de Grajales, añadió Provea. Las autoridades venezolanas aún no se han referido públicamente al caso.
Siga leyendo: Estados Unidos eleva la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares
Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exigió este lunes la liberación inmediata de la defensora de derechos humanos. “Su familia y su abogado deben ser informados sobre su suerte y paradero. Sus derechos humanos deben ser respetados”, indicaron.
La Amnistía Internacional aseguró que el esposo de Grajales, Antonio González, “ha recorrido varios centros de detención en Caracas, pero no le han brindado información sobre su paradero”.
Regístrate al newsletter