El avión presidencial de Nicolás Maduro fue incautado este lunes por las autoridades estadounidenses mientras estaba en República Dominicana.
El Departamento de Justicia “incautó una aeronave que fue adquirida ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y fue sacada de contrabando de Estados Unidos para uso de Nicolás Maduro y sus compinches”, dijo el fiscal general Merrick Garland en un comunicado.
Esto generó la molestia del Gobierno venezolano, que argumentó que lo ocurrido se hizo bajo “una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea piratería”.
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El subsecretario de Control de Exportaciones, Matthew S. Axelrod, dijo que “los aviones adquiridos ilegalmente en Estados Unidos para beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente volar hacia el ocaso”.
“No importa cuán elegante sea el jet privado o cuán poderosos sean los funcionarios: trabajaremos incansablemente con nuestros socios aquí y en todo el mundo para identificar y devolver cualquier avión contrabandeado ilegalmente fuera de los Estados Unidos”, puntualizó Axelrod.
De acuerdo con los resultados que arrojaron las investigaciones, “a finales de 2022 y principios de 2023, personas afiliadas a Maduro supuestamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión Dassault Falcon 900EX”.
En abril de 2023, el avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe. “Desde mayo de 2023, el Dassault Falcon, con el número de cola T7-ESPRT, vuela casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y ha sido utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluido el transporte de Maduro en visitas a otros países”.
El canciller dominicano Roberto Álvarez aseguró que desde el gobierno no participaron de las indagaciones que llevaron a la incautación de la aeronave Dassault Facol 900 de siglas T7-ESPRT, ya que “se encontraba en territorio dominicano para fines de mantenimiento”.
“Ni el gobierno dominicano, ni el Ministerio Público han participado en el proceso de investigación de Estados Unidos, solamente se requirió esa cooperación jurídica Internacional y como se cumplió con las normas indicadas y se obtuvieron sendas órdenes judiciales, el Ministerio Público cumplió con lo ordenado por los tribunales”, dijo a periodistas Álvarez. “Dicha aeronave se encontraba en territorio dominicano para fines de mantenimiento”.
Con información de AFP*
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