La Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro busca crear “condiciones” para los procesos electorales que están en camino en Venezuela, incluidas las presidenciales del 2018, dijo el martes el presidente de la comisión para la activación de la Constituyente, Elías Jaua.
La oposición advirtió el lunes que la intención del proceso convocado por Maduro es dilatar los comicios regionales previstos para este año y las presidenciales de fines del 2018.
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“Uno de los temas que busca la Constituyente es buscar condiciones de estabilidad para poder ir a los procesos electorales que están en marcha (...) y los que vienen en 2018, las presidenciales”, dijo Jaua el martes en una entrevista con el canal estatal VTV.
“No hay condiciones de normalidad y es lo que busca la Constituyente: un mínimo de condiciones para poder ir a unas elecciones que no terminen en una lucha fratricida entre los venezolanos”, agregó.
¿Golpe de Estado?
El Gobierno de Maduro asegura que está siendo víctima de un golpe de Estado luego que la oposición iniciara hace un mes una ola de protestas reclamando elecciones adelantadas, la liberación de un centenar de “presos políticos” y la separación de poderes públicos, entre otras demandas.
Sus adversarios sostienen que Maduro se ha convertido en un “dictador” que encierra a la disidencia y que sólo quiere eternizarse en el poder al eludir elecciones.
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Minutos después Jaua, actual ministro de Educación, dijo que “en principio”, todos los cronogramas electorales en curso del árbitro electoral “deben desarrollarse”.
“Claro que antes del 31 de diciembre del 2018 tienen que haber elecciones presidenciales”, adelantó.
La Constitución venezolana permite al Presidente de la República, a los dos tercios de los miembros del Parlamento y al 15 por ciento de los electores inscritos en el registro electoral convocar una Asamblea Constituyente.
Una vez elegidos los constituyentes a través del voto popular, estos deben redactar una nueva carta magna que no podrá ser objetada por el Presidente de la República ni por los demás poderes públicos y que derivará en comicios generales para reemplazar todos los cargos de elección popular.
Elecciones sí, pero no generales
Maduro aseguró que busca “reforzar” la Constitución de 1999 para establecer “nuevas formas de democracia participativa” y un modelo económico que no dependa de la renta petrolera.
“Es una medida desesperada de un gobierno que sabe que no puede llamar a elecciones porque va a perder y recurre a la polarización”, declaró a AFP el analista Diego Moya-Ocampos, del IHS Markit Country Risk de Londres, al recordar que más de 70% de los venezolanos rechazan la gestión de Maduro, según encuestas privadas.
Aún no está claro qué pasará con el calendario de elecciones. Según la Constitución, las de gobernadores debieron hacerse en 2016 -pero aún están pendientes-, las de alcaldes corresponden a este año, y las presidenciales a finales de 2018.
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Para el analista socialista Nicmer Evans se trata de una “traición” a la Constitución impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), que fue redactada por 131 constituyentes electos por voto directo, universal y secreto. “Gana tiempo a costa de todo”, aseguró.
Maduro debe enviar al poder electoral las bases con las que serán escogidos los asambleístas, pero adelantó que tendrán fuerte presencia estructuras comunales donde el gobierno tiene enorme influencia.
“No será una Constituyente de partidos políticos ni de élites, sino una Constituyente obrera, comunal, campesina”, explicó.
Según la ley, ninguno de los poderes del Estado podrá impedir las decisiones de la “Asamblea Constituyente popular” una vez instalada.
Para el constitucionalista José Ignacio Hernández, el gobierno se “garantizará el control” sobre la “Asamblea popular” y además consolidaría la “usurpación de funciones” del Parlamento.
La estrategia de la oposición
La oposición venezolana rearmará este martes su estrategia frente a la decisión del presidente Nicolás Maduro de cambiar la Constitución, que desvanece su objetivo de lograr elecciones generales y agudiza aún más el conflicto político que sacude al país.
A primera hora del martes, los opositores bloquerán importantes vías del país, y luego prepararán una “mega” protesta para el miércoles contra lo que calificaron como un “golpe de Estado” y un “fraude constitucional”.
El Parlamento, único poder que controla la oposición, discutirá en la tarde los alcances de la decisión de Maduro y anunciará acciones que buscan aumentar la presión internacional contra el gobierno.
“Tenemos que seguir adelante. Este pueblo no se rinde ni se va a rendir”, aseguró el presidente del parlamento Julio Borges.
Acosado tras un mes de marchas opositoras que exigían su salida del poder a través de elecciones generales, Maduro dio el lunes un giro a la crisis al convocar a una Constituyente “popular”, cuyos 500 constituyentes no serán elegidos por voto universal, sino por sectores sociales y por comunidades.
“Es un verdadero desencadenante histórico para profundizar la revolución” y detener la “arremetida golpista” de la oposición, sentenció el presidente socialista, al firmar el decreto que activa el proceso la noche lunes junto a sus ministros y la cúpula militar.
