Más de tres semanas han transcurrido desde cuando autoridades venezolanas del Ministerio de Asuntos Penitenciarios mediaran para poner fin al motín que durante 29 días se registró en las celdas de la Comandancia de Policía del estado Táchira, a unos 50 kilómetros de la frontera con Colombia.
A pesar de las múltiples denuncias hechas públicas por familiares de los reos, ni la ministra de asuntos penitenciarios de Venezuela, Iris Varela, ni el Gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, ni autoridades policiales y de seguridad, se han pronunciado para dar un balance o aclarar lo sucedido.
Juan Carlos Herrera, padre de uno de los reclusos desaparecidos, denunció que su hijo fue asesinado durante la reyerta carcelaria y dio detalles de lo ocurrido.
“A mi hijo lo mataron, lo colgaron para que se desangrara, lo descuartizaron y luego se lo dieron a los detenidos para que se lo comieran y no quedó nada para un funeral. Eso lo confesaron los presos que sacaron de traslado a otros estados”.
Herrera acudió a la Fiscalía del Ministerio Público, donde consignó una solicitud de investigación sobre los hechos en los que desapareció su pariente.
En iguales circunstancias se encuentran Luz Marina Sepúlveda de Correa y Kenedy Correa, padres de Anthony, de 22 años y de quien también se presume que fue víctima de canibalismo en los calabozos de la policía del Táchira.
“El Fiscal Superior del Táchira nos indicó que existe un 75 % de probabilidades de que parte de los restos encontrados sean los de Anthony”, precisaron los familiares con algo de resignación.
Aunque su hijo sigue desaparecido en los calabozos policiales de San Cristóbal, Luz Marina decidió hacer los rezos de novenario y elevar plegarias por el alma de Anthony, pero sobre todo, suplica a las autoridades venezolanas que le den razón.
La desconsolada mujer relató que desde el pasado lunes 3 de octubre perdió contacto con el muchacho.
“La última vez que me llamó me dijo: mamá, páseme la comida a nombre de otra persona, porque no me está llegando”.
Por su parte, Evarista Chacón dice desconocer el paradero de su hijo desde el día en que finalizó el motín.
Ella tiene miedo de la suerte que haya podido correr, pues a pesar de que le hicieron llegar un informe médico en donde se detalla que presenta lesiones en un brazo, cabeza y algunos hematomas en el cuerpo, no ha podido corroborarlo, porque no le han permitido verlo.
“Estoy cansada de preguntar, y nadie me dice otra cosa sino que está bien. Un efectivo me hizo llegar la información de que está herido. Lo golpearon con un martillo en la cabeza y las manos, porque no quiso comer la carne de quienes murieron”, declaró la atribulada madre.
Organismos investigan
Un halo de misterio envuelve el caso de la reyerta que desde el 8 de septiembre se desarrolló en la Comandancia de la Policía del Táchira.
Las afueras de la sede policial continúa resguardada por funcionarios de seguridad del estado venezolano (Guardia Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y, a un costado, caminan de un lado a otro, con notable signos de cansancio en el rostro, los familiares de al menos 110 reclusos que no han sido trasladados y allí permanecen.
El diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela Franklin Duarte introdujo ante el Parlamento un informe en el que exige a la Presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior del Parlamento, la diputada Delsa Solórzano, abra una investigación sobre esos hechos.
El informe elevado a la Asamblea Nacional detalla que “los hechos suscitados en los calabozos de la Policía del estado Táchira dejaron resultados trágicos, como es la desaparición (asesinato de internos y prácticas de canibalismo contra ellos), (quienes fueron) descuartizados y comidos por otros reclusos que eran amenazados de muerte por quien lideraba el motín, es decir, prácticas de antropofagia, con dos de los reclusos, quienes fueron identificados como Anthony Kelvis Correa Sepúlveda y Juan Carlos Herrera”.
El documento presentado por el parlamentario Franklin Duarte está sustentado por videos que los mismos reos habrían grabado durante los hechos y que muestran cómo se ejecutaron los actos de canibalismo, aún estando vivas las víctimas.
El informe presentado al Parlamento será llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el mismo se responsabiliza directamente de las desapariciones, heridos y daños causados a la Ministra de Asuntos Penitenciarios, al Gobernador de Táchira y las autoridades policiales, según sentenció Duarte.
“Son tres los fallecidos”
El abogado penalista Erasmo Villamizar, quien lleva el caso de Herrera, introdujo ante el Ministerio Público de San Cristóbal una solicitud de investigación sobre los hechos en los que desaparece el joven de 25 años.
El defensor precisó que está a la espera de los resultados que arroje la investigación de la Fiscalía del Ministerio Público, los que definirán si se presenta una querella contra de la ministra Varela, el gobernador Vielma, así como el director de Seguridad en la región, Ramón Cabeza, la directiva actual de Politáchira “y todos los funcionarios que se encontraban en la Comandancia en el momento en que ocurrieron los hechos”.
Aunque las autoridades reportan a Herrera como desaparecido, Villamizar es enfático en que “no se puede declarar desaparecida a una persona cuando todo el mundo sabe la verdad, y la verdad es que allí hubo tres asesinatos que se les quiere endosar a una persona inimputable penalmente. Se trata de Dorangel, mejor conocido como el “Come gente”, un esquizofrénico paranoide que está señalado de haberse comido al menos a 10 personas hace 16 años en el Táchira y que permanece recluido en Politáchira”.
El penalista insiste en que en el caso, antes que desaparición, es el de tres asesinatos, que habrían sido 25 de no ser por la intervención tardía de la ministra Varela.
