Se trata de Luis Emilio Rondón, el único de las cinco autoridades del Poder Electoral venezolano que es crítico con el Gobierno, y quien solicitó que se suspendan los “efectos de adjudicación” de los candidatos de la Constituyente, ante las denuncias por manipulación de datos de los comicios.
Lea también: La Constituyente fracturó a Venezuela
Rondón también aseguró que el organismo electoral “está obligado” a aclarar el reporte hecho por Smartmatic, la empresa encargada del recuento de votos en el país, sobre “manipulación” en la votación del domingo.
“El ente comicial está obligado a realizar las auditorías para aclarar esta situación ante el país con prontitud”, indicó Rondón a través de su cuenta en la red social Twitter.
El consejero delegado de Smartmatic, Antonio Múgica, denunció este miércoles que hubo “manipulación” del dato de participación en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente celebradas el domingo.
Smartmatic explicó que gracias a la existencia de un “robusto sistema automatizado de votación” puede saberse que “sin lugar a dudas, en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hubo manipulación del dato de participación”.
Lea: Maduro, indiferente a sanciones y fortalecido con Leopoldo en prisión
Por ello, el rector Rondón aseguró que el Consejo Nacional Electoral venezolano “debe responder con seriedad ante el país a la denuncia” y, en este sentido, instó a “que sean publicadas a la brevedad las actas de escrutinio de cada mesa utilizada el domingo”.
“Tal como denuncié ayer las dudas sobre este proceso, que no contó con los controles requeridos para una elección, tienen asidero”, agregó el rector en la misma red social.
Rondón dijo el martes que no avala la “veracidad” de los resultados de dicho comicios porque el proceso “no contó con todos los controles”.
La razón por la que no puede “avalar la consistencia o veracidad” de los mismos se debe a varias irregularidades que atentaron “contra la credibilidad del proceso”.
El resultado de esta elección también ha sido desconocido por el chavismo disidente, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y la oposición venezolana, que no participó en la contienda por denunciar previamente que se trataba de un proceso fraudulento.
