El gobierno de Estados Unidos impuso el pasado lunes nuevas sanciones contra el régimen chavista, pero esta vez, a diferencia de anteriores acciones punitivas, la administración de Donald Trump se centró en castigar al propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Con esta decisión, quedaron congelados todos los activos que Maduro pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohiben las transacciones financieras con él por parte de ciudadanos de EE. UU. Asimismo, se restringe completamente la posibilidad de que el mandatario pueda viajar a territorio estadounidense, sin importar incluso si hay un motivo oficial.
De este modo, Estados Unidos agregó a Maduro a la lista de 13 funcionarios chavistas a quienes sancionó la pasada semana por abusos de derechos humanos, corrupción y acciones para minar la democracia.
Efectos sobre el régimen
¿Pero qué efecto distinto podría dejar para Venezuela esta sanción de la Casa Blanca contra Maduro? EL COLOMBIANO consultó con expertos, quienes coincidieron en sus opiniones. “Estás nuevas sanciones tienen un valor significativo, en la medida en que Maduro se creía inmune a las acciones que pudiera tomar Estados Unidos. Siempre se había castigado a funcionarios secundarios, o incluso personas cercanas a él, pero nunca directamente al presidente”, consideró Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Para el experto esto tendrá dos efectos: “por un lado el hecho de que el régimen, como de costumbre utilice las sanciones para presentar todo como una cuestión antiimperialista y con un gobierno que está siendo atacado desde el exterior. Pero por otro sí está afectando fundamentalmente a un personaje que está tomando decisiones para restringir la democracia, y en cierta medida podría disuadirlo en el largo plazo sobre algo que él tal vez no ha pensado. Los dictadores ya no terminan sus días tranquilos en su casa, como en el siglo pasado, sino que ya deben pagar por lo que han hecho”.
En esta medida, el académico considera que Estados Unidos está enviando ese mensaje disuasorio. Que la justicia internacional está siguiendo sus pasos para que, en el momento en que caiga el régimen, sea juzgado por sus acciones.
Con él coincide Carlos Arévalo, docente de la Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana y expresidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional: “sin duda será juzgado por violaciones a los derechos humanos, no solo de ciudadanos venezolanos, sino incluso de colombianos, porque no hay que olvidar el episodio de 2015, en el que connacionales eran perseguidos y expulsados solo por su nacionalidad. Los funcionarios del régimen tendrán que ser responsabilizados y eso en algún momento puede disuadirlos para negociar salidas”.
Arévalo advirtió que según el derecho internacional, Estados Unidos tiene plena potestad para realizar esas acciones de forma unilateral, e incluso puede hacer mucho más, como la apertura de procesos penales, “desde que se respete el debido proceso”. El experto recuerda que no es la primera vez que Washington toma esas acciones, ya que incluso un exmandatario colombiano, Ernesto Samper, fue sancionado de forma similar mientras ejercía el máximo cargo.
