La Personería de Medellín tiene en la mira al principal exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) durante la alcaldía de Daniel Quintero y ahora presidente de ISA, Jorge Andrés Carrillo, por incurrir en presuntas irregularidades en un contrato avaluado en más de $73.000 millones.
Según informó el ente de control, el proceso contractual se trata del CRW251772, el mismo que en agosto de 2023 fue objeto de un escándalo luego de que se conocieran denuncias por presuntos favoritismos a uno de los oferentes.
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La entidad advirtió que Carrillo es señalado de incurrir en interés indebido en la celebración de contratos, una presunta falta disciplinaria calificada como gravísima y que a juicio de la Personería presuntamente habría sido cometida “a título de dolo”.
Según anticipó la Personería, dicha falta presuntamente se habría materializado cuando EPM aceptó la oferta de un oferente que presuntamente no cumplía con los requisitos de los pliegos de condiciones.
“Las presuntas irregularidades consistieron en la aceptación de la oferta de la empresa Su Oportuno Servicio Ltda, a sabiendas de que, al parecer, dicha empresa habría incumplido en dos oportunidades un requisito habilitante, el cual fue subsanado por funcionarios de Empresas Públicas de Medellín”, expresó ese ente del Ministerio Público en un comunicado
Una licitación polémica
Tal como lo registró este diario en 2023, la polémica por la licitación que hoy es revisada por la Personería estalló en agosto de ese año, mes en el que EPM publicó la lista de elegibles para un megacontrato de seguridad, con el que la empresa buscaba cubrir su servicio de vigilancia privada en todas sus instalaciones por fuera y dentro de Medellín.
En un contrato tasado en $120.000 millones, EPM dividió en dos grandes grupos los servicios a contratar: el Grupo 1, que incluía todo el Valle de Aburrá, y el Grupo 2, el más atractivo y cuantioso, que incluida todas sus instalaciones y grandes centrales por fuera del Aburrá.
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En aquel momento, las suspicacias se centraban principalmente en dos frentes.
Por un lado, la decisión de EPM de cancelar una licitación idéntica que ya tenía en curso (identificada como el proceso CRW154525) –entonces vista como una movida para presuntamente proteger a oferentes que no se habían logrado ajustar a los requisitos– ; y por otro lado, la forma en la que se desarrolló precisamente la segunda licitación que reemplazó a la primera.
En este segundo proceso, las críticas se enfocaron sobre todo en un seguro colectivo exigido por EPM para los oferentes, que según denunciaron otros competidores consultados entonces por EL COLOMBIANO presuntamente serviría para que algunas empresas pudieran presentar precios demasiado bajos.
En medio de esas denuncias fue entonces que de boca de otros competidores surgió el nombre de la empresa Su Oportuno Servicio Ltda (S.O.S. Seguridad), a quien señalaron presuntamente de haberse beneficiado de esa condición para presentar la oferta más baja.
En este punto se unieron las dos alertas, dado que esa misma empresa había sido una de las que no había logrado cumplir con los requisitos de la licitación que se había suspendido previamente.
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Aunque en una respuesta escrita entregada en aquel entonces EPM desestimó esos señalamientos de presuntos favoritismos –S.O.S. no se pronunció entonces– en octubre de 2023 fue S.O.S. Seguridad la que se quedó con el contrato del Grupo 2, avaluado en $73.745 millones.
Uno de los elementos llamativos que salieron a la luz en las pesquisas de la Personería es que al interior de EPM varios funcionarios, incluido el jefe mismo de Seguridad de EPM, emitieron alertas sobre S.O.S. Seguridad, sosteniendo que dicha empresa no cumplía con los requisitos de póliza de seguro colectivo.
Pese a que en esas comunicaciones el pedido de los funcionarios fue que se descalificara la oferta de S.O.S., en aras de no afectar la transparencia y la legalidad del proceso, la alta cúpula de EPM habría ordenado seguir con la licitación adelante y hasta habría presuntamente ayudado a la empresa a subsanar el requisito.
“En mi opinión esta actuación es irregular, pues dentro de un proceso de contratación estatal regido por normas claras como las descritas en el pliego de condiciones, que desde luego se ajustaban a la Constitución y la ley, no es admisible la creación de procedimientos por vía de interpretación, esto es, que frente a un oferente que no cumple con los requisitos sustanciales, no solo le den varias oportunidades para subsanar, sino que además ante la imposibilidad de cumplir, sea EPM quien haga la tarea por él y acuda directamente a la compañía aseguradora solicitando la expedición de la certificación de la que adolece el proceso”, denunció el jefe de Seguridad EPM en una de las comunicaciones internas, solicitándose así apartarse del proceso en caso de que la compañía decidiera adjudicarlo contra viento y marea.
Bajo ese contexto, si bien dichas movidas se habrían efectuado desde la Vicepresidencia de Riesgos de EPM, para la Personería el garante de que en dicha licitación se respetaran las normas sería el gerente general de EPM, Jorge Carrillo, razón por la cual ordenó formularle cargos en su contra.
Finalmente, la Personería añadió que el caso ahora quedará en manos de su área de decisión de disciplinaria, ante la que Carrillo deberá comparecer y en la que se decidirá si es sancionado o absuelto.
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