Caso Aguas Vivas sigue abierto. Para el secretario General de Medellín, Sebastián Gómez, la desinformación es la cortina de humo en caso del hermano de Quintero.
El proceso judicial contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y otras 12 personas cercanas a él —por la presunta corrupción urbanística e institucional relacionada con la valorización y modificación de uso de suelo del predio Aguas Vivas, avaluado en más de $40.000 millones— enfrenta un nuevo capítulo tras la decisión de una jueza que declaró la nulidad procesal parcial de la imputación.
Esta determinación ha desatado el relato, por parte de los acusados y sus seguidores, de un “triunfo” de los quinteristas que lo han querido hacer ver como una absolución.
Sin embargo el abogado Sebastián Gómez, secretario General de la Alcaldía de Medellín, afirma que esta desinformación es un falso relato que Quintero ha querido imponer.
En entrevista con EL COLOMBIANO explicó que no existe absolución ni archivo del caso, sino que la juez ordenó subsanar ciertos aspectos formales antes de continuar con el juicio oral. Este 6 de agosto, el Tribunal Superior de Medellín deberá resolver la apelación presentada por la Alcaldía y la Fiscalía.
“La defensa de los imputados, durante muchos meses, ha intentado sacar a la Alcaldía de Medellín del camino. Y eso no lo han logrado ni lo van a lograr. Otra estrategia que han tenido es dilatar el proceso. En la audiencia de imputación, en muchas oportunidades la fiscal parecía ser interrogada. Y ellos lo quisieron así: solicitaron aclaración de la imputación en el transcurso de la audiencia, y la Fiscalía, de manera respetuosa y en derecho, respondió cada una de las aclaraciones. Por eso el juez de imputación, el año pasado, declaró la legalidad”.
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“La Fiscalía ya presentó un escrito de acusación, donde detalló cada una de las 4.000 pruebas documentales y más de 50 testimonios que va a usar en el juicio oral. Y la defensa, dentro de su estrategia para dilatar el proceso, no permite que la Fiscalía intervenga, y pidió la nulidad procesal. Y ese es un mecanismo legal que le permite a un juez sanear el proceso, es decir, corregir algunos ajustes que él considera que pueden afectarlo. No es acabar el proceso, ni significa declarar inocente o archivar el caso. Para la juez, cuando la Fiscalía hizo la imputación, hubo algunos puntos adicionales que se deben ajustar. Nosotros, como víctimas, y la Fiscalía consideramos que no es así”.
“Manifiesta la juez que existieron múltiples comités de conciliación, donde se debatió el tema de pagarles a los particulares $42.000 millones, y que se deben dar más detalles de cómo se dieron esos comités.
En la audiencia de imputación, todos esos asuntos los aclaró la Fiscalía cuando los defensores le preguntaron, por ejemplo, cómo se configuró el interés indebido en un contrato que se firmó en 2019. La Fiscalía dijo que el delito se constituyó después del 1 de enero de 2020, cuando se intentó modificar un contrato sobre un lote que ya era de propiedad de la ciudad, e intentaron cambiar el título gratuito, porque era pago de obligaciones urbanísticas, a uno nuevo para pagarle a un particular.
Respetamos la decisión de la justicia, pero tenemos diferencias en eso, y las vamos a dirimir con los recursos judiciales. Es decir, con la apelación que vamos a sustentar”.
“Es imposible, como dicen ellos, que exista una sentencia absolutoria hoy, porque, en derecho, solo hay una sentencia cuando ya se practican pruebas. Y como no lo han permitido, no la hay.
Para nosotros, aquí se está creando una cortina de humo por lo que viene el 3 de agosto (casos por contratos fraudulentos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Bomberos Itagüí, en los que será imputado el hermano de Daniel Quintero y otras personas cercanas a él).
Como víctima, y conociendo muchos otros casos en los que el exalcalde Quintero y otras personas de su administración están relacionadas –donde ya hay 55 imputados y hasta principios de oportunidad, porque ya confesaron todo sobre la estructura que se creó en Medellín– y lo que viene frente a su hermano (Miguel Quintero), su socio y otras dos personas; la lectura es que aquí se está creando una cortina de humo para distraer la atención de ese proceso del carrusel de contratos del Área Metropolitana durante la administración de él”.
“Estamos preparando toda una matriz para apelar y explicarle al Tribunal y a los tres magistrados que les corresponde este caso, por qué razón consideramos que la imputación fue completamente legal, clara y contundente. Y que lo que se debe hacer es permitir que continúe el proceso y vayan a juicio. Que respondan y no dilaten más el proceso. Esa es nuestra estrategia. Y nuestro plan B –en caso de que se confirme la decisión de la juez de subsanar algunos asuntos, que no quiere decir que se declara inocencia como lo han querido implantar estas personas– es que la Fiscalía subsane y seguimos el proceso. Eso por una razón: las pruebas siguen vigentes, las 4.000 pruebas documentales están ahí”.
“De ninguna manera. El decreto que Daniel Quintero firmó y con el que modificó el uso de suelos del Ecoparque de Las Palmas, existe. En qué administración del país, un alcalde llega e inmediatamente –de muchos lotes que ha recibido– este es el único por el que se le ocurrió pagar $43.000 millones. Y la justicia se lo frenó y luego lo devolvió. Le pregunto, ¿cuántos lotes devolvió por resolución el alcalde Quintero y su administración? Solo este. Y luego de que lo devuelve, le cambia el uso de suelos a través de un decreto. Qué coincidencia, ¿no?”.
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