La audiencia de imputación de cargos a Miguel Quintero (el hermano del exalcalde Daniel Quintero) y a otras tres personas cercanas a él por supuesta corrupción dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) se ha extendido más de lo que algunos pensaban, pero este martes podría darse determinación importante: se espera que el juez que actúa en el caso defina si avala o no la imputación que está haciendo la Fiscalía.
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Fuera del hermano mayor de los Quintero Calle, en este proceso están comprometidos Álvaro Villada, ex subdirector administrativo y financiero Sebastián Ortega -hijo de un connotado político de Bello- y Vanesa Álvarez, exasesora jurídica del Área y exsecretaria de Medio Ambiente en la capital antioqueña.
A los dos primeros la Fiscalía les leyó el jueves pasado cargos por presunto interés indebido en celebración de contratos y peculado, en tanto que Álvarez está respondiendo por el primero de esos delitos y Ortega por el segundo.
En la sesión del lunes, los defensores pidieron a la fiscal 40 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública algunas aclaraciones que apuntaban a precisar la participación de cada uno en las conductas punibles, con detalles de modo, tiempo y lugar, esto con el propósito de advertir alguna inconsistencia que dé al traste con la imputación.
Son alrededor de 40 preguntas en total y por ello el titular del Juzgado 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías decidió levantar la sesión hasta este martes a las 2:00 p.m. con el fin de que la funcionaria preparara las respuestas.
Después de que las inquietudes sean solucionadas, el juez decidirá si considera que se cumplieron con todas las formalidades que implica la comunicación de los cargos y le da su aval a la imputación.
En caso de que algún abogado interponga reposición, como es previsible, el juez definiría si la acepta en la misma audiencia.
“Lo que pueden hacer luego es una solicitud de nulidad, pero eso sería más adelante, en audiencia de formulación de acusación, aunque hay otras teorías que afirman que se puede hacer desde la imputación, pero sería el mismo juez el que define eso”, explicó un abogado.
Superado el anterior trámite y si el tiempo da, se haría la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Acá la Fiscalía ha dado a entender que pediría medida intramural para los indiciados, aunque igualmente se da por casi seguro que no alcanzaría a definirse este martes.
A continuación el minuto a minuto de la audiencia
4:25 p.m. Se suspende la diligencia y se programa la continuación para este miércoles a partir de las 2:00 p.m. debido a que la Fiscal apunta que sobrepasaría en su intervención inicial la hora de culminación límite que estaba definida para la sesión de este martes.
4:08 p.m. La fiscal anuncia que pedirá medida de aseguramiento contra Miguel Quintero Calle. Igualmente, el abogado del Área Metropolitana, entidad que está acreditada como víctima en este proceso, adelantó que solicitará esa misma medida con relación a Sebastián Ortega.
3:54 p.m. Los imputados manifiestan que no se allanan a cargos. Al contestar, Miguel Quintero reitera: “No su señoría, soy inocente”.
3:50 p.m. El juez les aclara a los imputados sus derechos, incluido el de guardar silencio y no autoincriminarse, pero también el de allanarse a los cargos obteniendo beneficios judiciales a cambio. Igualmente, les advierte que en este periodo no podrán enajenar bienes que estén a su nombre.
3:35 p.m. Sebastián Ortega, dijo la fiscal, habría recibido el dinero de las coimas en 2022, después de la reunión del Nova Hotel donde se hizo la transición con Villada. Así, el peculado se habría configurado tanto en el municipio de Itagüí como Medellín.
3:25 p.m. Sobre la actuación presunta de Miguel Quintero, la fiscal indicó que el peculado por parte suya se consumó cuando los recursos salieron del Área Metropolitana hacia los bomberos y al recibir la coima de más de 1.600 millones de pesos.
Adicionalmente, este habría promovido el control de la subdirección ambiental, impulsar la cuota ilícita y redirigido el destinatario de las coimas, de Villada a Ortega, en 2022, lo cual habría ocurrido en una reunión en el Novo Hotel.
Miguel, Ortega y Cadavid, a inicios del año 2020, se reunieron en una tienda de Las Palmas y fue cuando Miguel les manifestó que si le interesaba celebrar contratos con el cuerpo bomberil de Itagüí y que si así era se comunicara con Villada. Este habría determinado el interés ilícito por parte de Villada, Juan David Palacio y Misael Cadavid. Lo conocían como “Mister M”, “Miki” o “mi jefe”. Aclara la fiscal que este no suscribió ni supervisó contratos, pero sí las personas que actuaban obedeciendo sus indicaciones, según detalló la fiscal.
2:44 p.m.: Con relación al cuestionario del abogado de Álvaro Villada, la fiscal 40 detalló que su participación tuvo que ver con su rol en la gestión administrativa, financiera y contable del Área. En ese sentido, revisó y avaló los certificados de disponibilidad presupuestal para los contratos. Además participó en el comité de contratación que aprobó la destinación de vigencias futuras para hacer esa contratación, según la fiscal. Además habría sido el encargado de recoger el dinero de las coimas hasta septiembre de 2022, bien de manera personal o a través de su conductor.
Aclaró la delegada de la fiscalía que este no suscribió ni supervisó ninguno de los seis contratos; sin embargo, Ana María Roldán, como subdirectora ambiental suscribió dos contratos en el año 2020 y dos en 2021; mientras que Diana María Montoya, en el mismo cargo suscribió otros dos en 2021, siendo la supervisora María Janeth Rúa.
Además, detalló que Villada asumió el cargo el 22 de enero de 2020 como producto de la recomendación de Miguel Quintero a Juan David Palacio, el director del AMVA. y desde el inicio de su gestión, informaba al hermano del entonces alcalde de Medellín qué personas resultaban incómodas para la contratación y que este, a través de Palacio los removiera. También vinculó y supervisó el trabajo de Vanesa Álvarez, y habría intervenido a través de ella en los procesos precontractuales.
Además del grupo de “Amigos” habría otro llamado “Alternativos grupo de trabajo sin condones” en el que también estaban Quintero y Villada, el cual también cumplía la función de coordinar las acciones presuntamente irregulares.
La cifra total apropiada ilegalmente habrían sido 2.491 millones que se habrían repartido entre Miguel Quintero, Villada y Ortega, y no se incluye ninguna porción apropiada por Misael Cadavid, a quien en su momento lo imputaron fue por peculado por apropiación en favor de terceros.
2:25 p.m. La fiscal apunta que muchas de las preguntas realizadas por los defensores ya fueron contestadas en la lectura de la imputación y otras buscan pasa a la parte probatoria, algo que no está considerado dentro de lo que se considera una imputación y que harían parte de la etapa del juicio oral.
Con relación a Vanesa Álvarez, dijo que los hechos que sustentan el interés indebido son los mismos cuatro que incluso la misma abogada mencionó (y que se abstuvo de repetir). En primer lugar, participó en el acuerdo en el cual se pactó una contraprestación económica para la contratación, orientó los estudios previos hacia la elección de un contratista, a pesar de que esa no era una de sus funciones; además, porque “elaboró y remitió al contratista” las propuestas que luego fueron presentadas a la misma Área Metropolitana y con base en los mismos estudios que ella misma ayudó a estructurar.
Para junio y julio remitió esos documentos a la líder de contratación, incorporando la contratación directa como mecanismo. Luego tanto esta como María Janeth Rúa le pidieron que contestara cuál era el fundamento jurídico y ella no contestó. Así habría beneficiado al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, descartando a otros cuerpos de bomberos.
Habría así mismo participado en una reunión con Misael Cadavid y Álvaro Villada para pactar el porcentaje de 15% de comisión. “Lo que dijo cada uno es objeto de prueba que no es materia de esta diligencia”, dijo la fiscal.
2:20 p.m. El juez 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías inicia la diligencia con el llamado de asistencia a las partes.
Coimas equivalentes al 15%
El jueves pasado, 10 de septiembre, la fiscal 40 anticorrupción les leyó a estas cuatro personas cargos por presunto interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación, debido al rol que habría tenido cada una de ellas en una contratación por 17.656 millones de pesos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí que habría sido espuria.
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En su argumentación, la funcionaria judicial indicó que se habrían apropiado de 2.481 millones de pesos mediante el pago de una “mordida” ilegal correspondiente aproximadamente al 15% del valor total.
Incluso inicialmente, según dijo la delegada de la Fiscalía, el monto iba a ser del 20%, pero el gerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, pidió rebaja y le fue concedido un 5% menos por parte del hermano mayor del entonces alcalde de Medellín.
Aunque ya se habían hecho públicas las denuncias sobre supuestos malos manejos en el Área Metropolitana, este escándalo tuvo un punto de quiebre crucial en octubre de 2025 con la captura de Cadavid; del entonces jefe de la misma agrupación socorrista, Elkin González, y de la funcionaria del Área, María Janeth Rúa. De inmediato, Cadavid y Rúa fueron cobijados por medida de aseguramiento intramural y, posteriormente, el primero fue aceptado en un principio de oportunidad que ha permitido dar luces con base en su testimonio acerca de cómo funcionó el presunto tinglado corrupto; entre tanto, Rúa aguarda a que le den el aval a una solicitud similar.
La segunda fase comenzó a transcurrir a partir de enero de este año con la imputación al exdirector del Área, Juan David Palacio, a dos exsubdirectoras del área ambiental de la entidad —Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla— y a Juan Alberto Cardona Henao, quien ha sido tesorero y contador en los bomberos de Itagüí.
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