Hacia las 3:55 p.m. del martes, el fiscal que lleva el caso por presunta corrupción en varios contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) con los bomberos de Itagüí durante la anterior administración dijo con nombre propio y de manera directa algo que ya se venía sugiriendo, que Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, era el verdadero poder en la entidad; que incluso le daba órdenes al director.
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La diligencia de imputación de cargos contra el exdirector del AMVA, Juan David Palacio, y contra las ex subdirectoras ambientales Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, lo mismo que contra Juan Alberto Cardona Henao, quien se ha desempeñado como tesorero y contador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, había comenzado el lunes en la tarde. Entonces, el representante de la Fiscalía sustentó por qué, en su concepto, los mencionados habrían incurrido en presunta celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento privado a la hora de firmar y ejecutar seis contratos por valor cercano a $18.000 millones, los cuales habrían estado viciados por maniobras ilegales que presuntamente permitieron que particulares se apropiaran de una buena tajada: $2.481 millones, mediante tretas que habrían comenzado poniendo fichas claves en dependencias donde se tomaban las decisiones, y permitir la contratación directa.
Luego vendrían otras conductas como la falsificación de 15 cuentas de cobro y recibos presumiblemente por parte de Juan Alberto Cardona, pero el broche de oro sería la actitud permisiva de los funcionarios para dejar pasar los gastos sin el debido soporte o dar por cumplidos objetos contractuales que en realidad no eran ciertos.
El fiscal ya había sustentado sus imputaciones y los abogados defensores hicieron lo que les tocaba para tratar de desmontar los cargos. Eso era lo que estaba previsto para esta segunda jornada.
Acá, justo para sustentar su tesis de cómo el exdirector del Área habría participado en el tinglado, pasada cerca de una hora desde el inicio de la diligencia, el fiscal 40 de la Unidad Anticorrupción dijo en forma tajante que fue Miguel Quintero quien instruyó a Palacio para que contratara a las señoras Roldán y Montoya para poder direccionar la contratación a su antojo.
“El rol esencial del señor Palacio Cardona se evidencia en el cumplimiento de dichas órdenes al proceder con los nombramientos de personas que le permitieran direccionar la contratación en favor de interés de particulares”, dijo.
Su afirmación se basó en las declaraciones de una testigo que ha sido clave porque trabajó en el Área y está imputada en los presuntos hechos de corrupción relacionados con otros contratos por cerca de otros $18.000 millones del Parque de las Aguas. Su colaboración sucede a partir de un principio de oportunidad que le asegura un tratamiento benévolo de la justicia.
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Para la Fiscalía, ese testimonio goza de credibilidad porque, además de venir de una persona cercana a lo que aconteció, está complementado con la entrega de los chats que se cruzaban con ella a través de WhatsApp Miguel Quintero; el ex subdirector financiero del AMVA Álvaro Villada, y el exgerente de Metroparques Jorge Enrique Liévano.
Por ejemplo, citó la conversación del 20 de febrero de 2020 en la que el hermano del exalcalde pregunta por la contratación de una persona y luego otra del 4 de abril siguiente en la que Miguel indica: “Acabo de reunirme con JP” y ante la pregunta de ella acerca de “quién es JP”, este le asegura que es Juan Palacio, “su jefe”. La conversación concluye con la necesidad de hacer una reunión porque “la abogadita de él para todo”.
“En conclusión, de los elementos probatorios recaudados se desprende con claridad que el señor Juan David Palacio Cardona tenía pleno conocimiento de las irregularidades de la contratación en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, pues no solo acató las instrucciones impartidas por un tercero como el ciudadano Miguel para nombrar a funcionarios estratégicos que facilitaran el direccionamiento contractual, sino que además participó en reuniones y coordinaciones con dichos particulares en la que se acordaba la distribución de los contratos en la entidad”, afirmó el fiscal.
Señaló que el peculado de Palacio sería por una cifra de $2.481 millones correspondientes a los seis contratos.
Sobre Roldán, apuntó que incurrió en celebración indebida de contratos y peculado por $726,3 millones materializados en dos contratos y que para ello había sido consciente de lo que hacía, desde su rol de subdirectora del área ambiental del AMVA, desde julio de 2020 hasta el 18 de julio de 2021.
Según el fiscal, ella firmó estudios ajustados para que solo los pudiera cumplir el Cuerpo de Bomberos de Itagüí y suscribió cuatro de los contratos, “sin que conste acto administrativo alguno que justifique la causal de la contratación directa”.
Además, habría permitido que esos contratos incluyeran la compra de kits y el pago de servicios de transporte, los cuales no podían estar en ese tipo de contratos. Y luego no habría exigido los debidos soportes ni vigilado la ejecución, dando lugar a que se desviaran los recursos. “Su actuación fue indispensable para la ejecución del delito”.
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Acerca de Montoya, el fiscal dio a entender que habría tenido una conducta similar a la de Roldán, pero relativa a dos contratos y tasó su presunto peculado en $1.754,7 millones.
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