Un mes de receso de las audiencias alrededor del caso judicial por presunta corrupción relacionado con la contratación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y los bomberos de Itagüí no significó la quietud de este proceso.
La última sesión dentro de la diligencia de acusación en este sonado escándalo ocurrió el 4 de marzo pasado y fue suspendida ante el anuncio del fiscal de que había dos —y se rumora que serían tres— personas involucradas que querían someterse a principio de oportunidad, una figura que consiste en que alguien comprometido en un ilícito delata a sus compinches a cambio de un trato preferencial que puede incluir desde rebajas en la pena hasta la cesación total de los efectos judiciales de sus actos.
Para ese momento y desde finales de 2025 ya había accedido a ese trato Laura Mejía, ex jefe del área logística del Área, convirtiéndose en testigo clave al revelar fotos, audios, chats y otros documentos sobre el entramado corrupto que habría operado en la entidad para controlar la contratación y cobrar coimas, con la presunta participación de Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, así como del subdirector financiero del Área y Álvaro Villada. Los chats también denotarían la influencia de Sebastián Ortega, el hijo del polémico político de Bello William Ortega.
EL COLOMBIANO confirmó que los dos nuevos testigos que han pedido pista serían el exgerente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, y el exjefe de esa misma agrupación, Elkin González.
Los siete comprometidos
Vale la pena recordar que tanto Cadavid como González fueron los primeros imputados y acusados durante los últimos meses de 2025 por presunto peculado por apropiación relacionado con seis contratos por un monto de casi $18.000 millones en los cuales se habrían apropiado de $2.481 millones provenientes del erario. Junto a ellos también fue procesada por peculado y celebración indebida de contratos la exfuncionaria del Área Yaneth Rúa, quien fungió como supervisora y habría facilitado las “jugadas” para facturaciones con sobrecostos o por insumos y servicios que no se prestaron.
A la hora de legalizar la captura, el juez del caso avaló que González quedara en libertad y determinó que los otros dos tuvieran detención intramural mientras que avanza el juicio, debido a que, en su concepto, podrían incidir negativamente en los testigos o manipular pruebas.
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Luego, en una nueva tanda, el fiscal del caso imputó a cuatro personas más por los mismos hechos: al exdirector del Área entre 2020 y 2024, Juan David Palacio, le formuló los cargos de presunto peculado e interés indebido, pues, obedeciendo indicaciones de Miguel Quintero habría nombrado a varios funcionarios para la ejecución de decisiones clave que luego facilitaron los ilícitos que se habrían cometido. “Sin la anuencia del director, nada hubiera sido posible”, apuntó el fiscal. No obstante, el juez no vio pertinente aplicarle medida de aseguramiento de tipo carcelaria.
Además, las exsubdirectoras del área ambiental Ana María Roldán y Diana María Montoya empezaron a responder por presunto interés indebido en contratos, y Juan Alberto Cardona, que ha sido contador y tesorero de los bomberos de Itagüí, por falsedad en documento privado.
Según le dijeron a este medio varias fuentes, Cadavid recobró la libertad a partir de que un juez avalara su matriz de colaboración, la cual se mantiene en absoluta reserva porque fue presentada en una audiencia reservada que se hizo el 24 de marzo, durante la semana previa a la Semana Santa.
Lo que también le revelaron fuentes cercanas al proceso a este medio es que este estaría reforzando con nuevos materiales las afirmaciones de Laura Mejía, que inciden no solo en el asunto de los bomberos sino en otro proceso que también está marchando: el de la contratación en el Parque de las Aguas, por otros $18.000 millones aproximadamente, presuntamente también viciada.
Las autoridades también esperan que amplíe información acerca de la presunta negociación de una “franquicia” para manejar la contratación en Afinia, la filial de EPM en la Costa Atlántica, algo en lo que varias fuentes han remarcado que Cadavid habría tenido participación.
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Entre tanto, la aceptación de González estaría pendiente del visto bueno de un juez de control de garantías, y así configurado el escenario, las posibilidades de la señora Rúa se reducen en caso de que quisiera tomar el mismo camino, pues para que una colaboración sea efectiva debe aportar elementos inéditos, no simplemente “llover sobre mojado”.
Otra novedad dentro del proceso AMVA-Bomberos de Itagüí ha sido el cambio del fiscal a cargo. Hasta las etapas de imputación y acusación venía fungiendo el fiscal de la Unidad Anticorrupción Rodolfo Esteban Sánchez, con una actuación destacada, y de acuerdo con información obtenida, este fue relevado por una colega suya que llegó desde Bogotá. Lo que no aclararon las fuentes es si vino a reemplazarlo con todos sus casos o solo en este.
La audiencia de este miércoles está programada a partir de las 8:30 a. m., con un tiempo límite que va hasta las 12:30 p. m. debido a la existencia de otros compromisos de los operadores judiciales.
En la última cita de marzo, los abogados de los acusados pidieron la nulidad del proceso por las que consideran fallas de forma y de fondo en la etapa de imputación. Este miércoles se espera que continúen la argumentación que habían iniciado, pero hay poca fe en que el tiempo acabe para que el juez de conocimiento decida al respecto.
Aplazarían audiencia de Parque de las Aguas
Para este 8 de abril, a partir de las 2:30 p. m., también está citada una audiencia de acusación que abre el camino al juicio en el proceso que cursa por presunta corrupción en varios contratos del Parque de las Aguas entre 2020 y 2022, en el periodo de Daniel Quintero como alcalde de Medellín, los cuales habrían involucrado alrededor de $18.000 millones. Allí, según la Fiscalía, se habrían desviado cerca de $2.800 millones del erario en operaciones que habrían configurado el favorecimiento de empresas amigas de la administración (Comercializadora JPino, 1 Soluciones S.A.S. y Estructuras Zafiro) al contratar con ellas el mantenimiento de este escenario recreativo y la construcción de una bodega.
En este caso hay cuatro exfuncionarios implicados (aparte de Laura Mejía, que será excluida por su principio de oportunidad) más cuatro particulares, por presuntos delitos como contratación ilegal, Interés indebido, peculado y falsedad en documento.
Hay la gran posibilidad de que la diligencia de este 8 de abril se suspenda por una apelación de Eduardo Montealegre, quien defiende a Mauricio Jaramillo, de la firma Cyan Eventos y Logística.
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