Un hecho crucial dentro del proceso por presunta corrupción relacionada con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) se acercaría, con la asignación de la primera condena a uno de los presuntos implicados del escándalo por la contratación fraudulenta con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
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Este viernes, 12 de junio, en medio de la audiencia virtual de acusación por este mediático caso, la representante de la Fiscalía anunció que suscribió un preacuerdo con el extesorero y excontador del mencionado organismo de socorro, Juan Alberto Cardona, quien en este proceso está acusado de falsedad en documento privado.
El preacuerdo implica que este acepta haber cometido este delito y la Fiscalía, a cambio, plantea que se le aplique un trato favorable consistente en la reducción de la pena posible a la mitad, con lo cual Cardona podría pagar solo 19 meses de prisión, según las conversaciones que su abogado ha sostenido con la Fiscalía.
Dentro de este proceso fueron acusados inicialmente también el exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, el exjefe de esa misma agrupación, Elkin de Jesús González, y la profesional del AMVA, María Yaneth Rúa, por los presuntos delitos de interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación. De hecho, los tres fueron capturados y la última de ellos sigue bajo medida de detención mientras se desarrolla la investigación.
Luego, en una segunda tanda, en enero pasado, fueron imputados el exdirector del Área, Juan David Palacio (interés indebido en contratos y peculado por apropiación); las ex subdirectoras del área ambiental Ana María Roldán y Diana María Montoya (presunto interés indebido en contratos), y Cardona.
A Cadavid le fue avalado un principio de oportunidad, en tanto que Rúa y González están pendientes de que les acepten el mismo beneficio.
Los hechos por los que están siendo procesados todos tienen que ver con la contratación por cerca de 18.000 millones de pesos entre el AMVA y los bomberos de Itagüí para brindar capacitación a otras organizaciones de su mismo tipo y suministrar kits de bioseguridad entre 2020 y 2022. En ese contexto habrían ocurrido hechos fraudulentos, con un detrimento posible por 2.481 millones de pesos.
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