La acción administrativa fue realizada por una entidad de la Alcaldía de Cartagena que busca tomar los bienes de la constructora tras el fracaso del irregular proyecto que dejó en vilo inversión de compradores.
La Dirección de Control Urbano de la Alcaldía de Cartagena informó que tomó posesión de los bienes de la Promotora 47, constructora del polémico edificio Aquarela que –de manera irregular– se había erigido al frente del castillo de San Felipe, poniendo en riesgo la estructura que es declarada patrimonio de la humanidad.
La decisión el ente administrativo cartagenero se toma en aras de salvaguardar los derechos de los compradores, hoy damnificados, de la polémica torre.
La toma de posesión se hizo este martes en la oficina de Promotora 47 ubicada la carrera 43B No. 16 - 95, en el piso 8 del edificio Cámara Colombiana de Infraestructura.
La Alcaldía de Cartagena indicó que adelantó un operativo de allanamiento a la oficina de Promotora Calle 47 S.A.S. en Medellín, con apoyo de la Policía Metropolitana, luego de surtirse dos meses de estudios jurídicos en los que se determinó el embargo y secuestro de todos los activos de la constructora.
Con esta medida preventiva se busca salvaguardar y proteger los derechos de todas las personas que tras invertir en el polémico proyecto hoy son víctimas, ya que un juez ordenó la demolición del proyecto inmobiliario en abril de 2023.
La Dirección de Control Urbano de la Alcaldía de Cartagena designó al señor Ángel Rodríguez Sánchez como agente especial, quien actuará como nuevo representante legal de la sociedad, y quien deberá emitir un concepto integral acerca del estado actual de la misma, para definir si la toma de posesión de los bienes será para administrarla o liquidarla.
Con ello, los damnificados podrán vincularse a esta actuación para que puedan garantizarse sus derechos, toda vez que la constructora Promotora 47 tiene un déficit financiero para cumplir con sus obligaciones.
Por su parte, la constructora calificó la acción de sorpresiva y arbitraria, a la vez que indicó que la decisión adoptada por la Dirección de Control Urbano de Cartagena no fue notificada a Promotora en los términos que expresamente señala la ley.
La empresa indicó que la Dirección solo hizo aprehensión material de una serie de documentos contables y financieros, por lo que esta dijo que interpondrá “los recursos legales a que haya lugar para la defensa del derecho al debido proceso de la sociedad, como quiera que el hecho fue adoptado de manera abiertamente ilegal”, añadieron.
Para la compañía, la resolución de toma de posesión no era procedente, dado que “no ha habido incumplimientos por parte de la Sociedad, no existe contablemente ningún sustento para aseverar que se haya incumplido obligación alguna, por lo que no le asiste razón a la autoridad para aseverar que la sociedad incurrió en una de las causales de toma de posesión”.
“Se han acatado todos los requerimientos de las autoridades: La Sociedad Promotora Calle 47 SAS lleva su contabilidad al día, y no ha incumplido ningún mandato legal o condición estatutaria a la que alude la causal invocada por la autoridad”, agregaron.
La Promotora Calle 47 SAS agregó que “no sufre quebranto patrimonial” conforme a sus estados financieros del año 2023 no ponen en peligro la oportuna atención de sus obligaciones.
Además de ejercer los recursos contra la decisión, se seguirán dando las discusiones necesarias para preservar los derechos de Promotora Calle 47 SAS y de todos los compradores del proyecto Aquarela, situado en el Barrio Torices de Cartagena.
El proyecto habitacional Aquarela, de 5 torres de 32 pisos cada una, se comenzó a construir en cercanías del Castillo de San Felipe de Barajas. Las obras estaban suspendidas por las acciones legales que tomó el Ministerio de Cultura en 2017, que alegó entonces que se violaron las normas de protección del patrimonio.
Sin embargo, la primera torre ya estaba en construcción y es visible a uno de los costados de esa fortaleza militar, considerada una de las obras de ingeniería militar más importantes del período colonial en Latinoamérica. Incluso la Unesco pidió al Gobierno demoler el edificio porque considera que pone en riesgo a las murallas de Cartagena, declaradas Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad en 1984.
