Dos hallazgos tienen consternadas a las autoridades en Medellín. En menos de 72 horas, tras recibir reportes ciudadanos, las autoridades encontraron dos fetos arrojados a la basura en diferentes puntos de la ciudad.
El primer caso ocurrió el pasado viernes 19 de septiembre. Luego de una alerta de un reciclador, la policía llegó hasta la calle 96 con la carrera 74, en Castilla, y se encontraron con el cuerpo sin vida de un feto al parecer femenino, envuelto en una bolsa negra, mezclado entre basura y escombros.
En el lugar también hicieron presencia miembros del CTI, quienes realizaron la respectiva inspección y traslado del cuerpo a Medicina Legal, donde determinarán las causas de la muerte de la pequeña, pues quedaron por establecer. Las autoridades señalaron que estaban analizando las cámaras de seguridad para determinar quién o quiénes fueron las personas responsables de arrojar el feto en dicho lugar.
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Lamentablemente, nuevamente este domingo 21 de septiembre las autoridades recibieron otro reporte similar. Mientras hurgaba en una caneca instalada en el parque de las Luces, al frente de La Alpujara, un habitante de calle hizo el macabro hallazgo por lo que alertó de inmediato a los policías que hacen patrullaje en la zona. Tras el hallazgo, las autoridades pidieron la presencia del CTI para la inspección técnica, con lo cual corroboraron que se trataba de un feto de aproximadamente tres meses.
También en este caso se espera conocer, a través de las cámaras de seguridad en la zona, que deberían ser suficientes por tratarse de una zona tan céntrica en la ciudad y cerca a La Alpujarra, quién o quiénes fueron las personas involucradas en este hecho.
Lo cierto es que, más allá de los respectivos procesos judiciales en estos casos, es necesario plantear el debate de qué está ocurriendo en Medellín y el departamento con el acceso a servicios anticonceptivos y a la interrupción voluntaria del embarazo. Solo en Medellín, este año, encontraron cuatro fetos, y en Antioquia al menos otros cinco, particularmente en el Urabá.
Estos casos, por lo menos de manera hipotética, plantean que podría estar detrás una serie de barreras de acceso y garantía de derechos a niñas, adolescentes y mujeres para poder tener una sexualidad plena, libre de amenazas y también el derecho a decidir sobre su cuerpo y solicitar, sin barreras, la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura, tal como lo ordena la Corte Constitucional.
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Según diversos informes, tres años después de que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-055 de 2022, fallara a favor de las mujeres que deseen interrumpir voluntariamente su embarazo (IVE), sin importar el motivo, durante las primeras 24 semanas de gestación, las barreras históricas han persistido y por tal razón todavía cientos de mujeres se ven sometidas a situaciones que ponen en riesgo su vida y su integridad, al tener que acudir a abortos clandestinos.
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En Medellín, por ejemplo, la sentencia de la Corte ha sido abiertamente atacada por parte del Colegio Médico, sin verdaderos argumentos que soporten dichos ataques. El Distrito de Medellín se había comprometido en 2022 a crear una mesa de verificación con todas las entidades involucradas para ir reduciendo poco a poco las barreras de acceso. También se había comprometido a disponer de equipo de psicólogos y trabajadores sociales para brindar acompañamiento a las mujeres en el proceso para tomar la decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo. Sin embargo, organizaciones en defensa de derechos humanos han señalado que poco o nada ha pasado en esta materia.
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