El pasado 18 de junio se conoció no obstante que, en medio de las audiencias que siguieron a la captura, un juez ordenó dejar en libertad a alias Yordi, tras considerar que la Fiscalía no había probado de manera suficiente que el implicado debía ser cobijado por una medida de aseguramiento.
Sobre ese operativo se refirió el alcalde Gutiérrez, señalando que su desarrollo se habría puesto en riesgo presuntamente por cuenta de la parlamentaria.
“Yordi es uno de los jefes de La Terraza. Esa operación se venía realizando e investigando desde hace 10 meses por parte de la Fiscalía y la Policía, con apoyo de la Alcaldía. Estos jefes criminales tenían información de que se iban a producir ya unas capturas”, aseveró el alcalde.
“Tengo información de que personas nombradas por Petro en la Mesa de Itagüí trataron de interceder ante la Fuerza Pública antes de la captura, que para que no la realizaran”, añadió.
En medio de la transmisión, el alcalde fue contrapreguntado sobre si una de esas personas sería la senadora Isabel Zuleta, a lo que respondió afirmativamente y agregó: “la Corte Suprema debería investigar eso”.
De igual forma, el alcalde expresó considerar como algo inconcebible que, mientras muchos policías, soldados, fiscales y funcionarios de la misma Alcaldía, incluido él, arriesgan su vida, el presidente compartiera tarima con los jefes de esas estructuras.
Durante la mañana de ayer, la senadora Zuleta encabezó por su parte una rueda de prensa en la que también se volvió a referir al evento del sábado, defendiendo la actuación del Gobierno Nacional.
“Les molesta que hagamos la Paz Urbana con transparencia. Que nos reunamos en público con los voceros de las estructuras que hoy pagan condena y regresan a la cárcel después del evento. Pero cuando ellos gobernaban, los hacían entrar por el sótano y subir en el ascensor privado del alcalde de turno”, expresó la senadora, quien a renglón seguido instó a Gutiérrez a denunciarla de tener pruebas.
“El alcalde dice que yo influí en evitar la captura de alias Yordi. Yo por eso le digo que debe denunciarme, porque sino lo hace él, yo sí lo denuncio. Y necesito que denuncie para que muestre como fue que yo hice esa presunta incidencia. Es que nosotros sí nos reunimos con la Policía, con un sector dedicado a los diálogos de paz, la UNIPEP para analizar las cifras del conflicto en Medellín. Pero nunca le hemos dicho a la Policía que no actúe”, dijo Zuleta.
Se crece el debate
En medio de la fuerte polémica, el debate tomó además ribetes nacionales e internacionales, ya que varias voces se sumaron a la preocupación ante lo que considerarían un mensaje errado por parte del presidente Gustavo Petro.
Una de las críticas más severas fue formulada por el expresidente y líder del Partido Liberal, César Gaviria.
“Los colombianos observamos con profunda indignación la decisión del Presidente Petro de llamar a su lado un grupo de criminales, sacándolos de la cárcel para que lo acompañaran desde su tarima en una concentración política en la Alpujarra. Coincide este desprecio por el sufrimiento de las víctimas, con otro desafío abierto al orden constitucional y legal”, dijo.
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Gaviria planteó además que el presidente Gustavo Petro ha reiterado su deseo de convocar una Asamblea Constituyente por fuera de los mecanismos legítimos previstos en la Constitución, considerando que dicha iniciativa no sería más que una estrategia de polarización para “abrirle camino a un proyecto personalista”.
“No se trata de una simple coincidencia. Suponemos que la Constitución Petro se hará con una papeleta para ejecutar el Pacto de la Picota, evidenciado de manera vergonzosa en la tarima de la Alpujarra”, aseveró.
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El Pacto de La Picota al que se refiere Gaviria es un término acuñado por la oposición para describir una supuesta alianza entre el petrismo y las mafias del país, con fines electorales. Comenzó a escucharse en 2022, luego de que varios delegados del entonces candidato presidencial Gustavo Petro, incluyendo a su hermano Juan Fernando, fueron a visitar a varios peces gordos recluidos en la cárcel La Picota, de Bogotá. En ese entonces, Petro explicó que la visita solo pretendía exponerles su proyecto de “paz total”.
“Buscar el apoyo de organizaciones criminales agrava aún más la intentona de Petro por romper el orden constitucional”, enfatizó Gaviria en su comunicado. Y añadió: “Estas propuestas confirman que Petro tiene una concepción autoritaria del poder. Cree que puede hacer lo que le venga en gana y como le dé la gana. Se concibe a sí mismo como El Supremo, sin límites que deba respetar, por encima de las Cortes y del Congreso”.
Dudas por marco jurídico
Otro líder político en expresar su consternación fue el exsenador y exconstituyente Humberto De La Calle, quien recordó que en el inicio del gobierno Petro se presentó un proyecto de ley de sometimiento de este tipo de organizaciones; sin embargo, reclamó que el propio Ejecutivo “lo dejó morir” y “nunca volvió a tocar el tema”. Por ello, alertó que las negociaciones no tienen un marco jurídico.
“Es grave que continúen negociaciones con criminales no políticos, sin marco jurídico y sin que sepamos cuál es el puerto de llegada. Grave también ese acto ostentoso que amenaza a las autoridades locales, la fiscalía, la justicia, las fuerzas armadas”, declaró el exsenador.
En ese sentido, De La Calle sostuvo que una cosa es desmovilizar y otra muy diferente es “el exhibicionismo sin compromiso serio de dejar de delinquir. Grave el tarimazo’”, precisó.
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La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, también llamó la atención por el mitin, expresando que la construcción de paz debería basarse en la reafirmación del Estado de derecho. “¿Qué significa eso? Que los responsables de los crímenes más graves sean sumisos ante la ley, las tarimas no son un lugar propicio para los responsables de los crímenes. El lugar de los responsables es la sanción penal, el reconocimiento de su responsabilidad frente a las víctimas, dando y diciendo la verdad”, afirmó la servidora pública.
A estas reacciones se sumaron figuras del ámbito internacional, como el europarlamentario Leoluca Orlando, quien transmitió su solidaridad con la Alcaldía de Medellín e informó que presentará una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea para promover acciones que apoyen a quienes se oponen al sistema criminal en Colombia.
“Desde la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, quiero denunciar con firmeza lo sucedido en Medellín. El sábado 21 de junio, en un acto público organizado por las más altas autoridades institucionales colombianas, se lanzaron ataques contra la labor de respeto a la legalidad llevada a cabo por la Alcaldía y la Fiscalía de Medellín”, dijo.
“Expreso mi plena solidaridad con el alcalde, la Alcaldía, la Fiscalía y las fuerzas del orden que luchan contra el crimen y las mafias, arriesgando su propia vida”, declaró el parlamentario italiano de la Unión Europea, explicando que presentará “una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea” con apoyo de otros estados europeos con el objetivo de “promover todas las acciones necesarias para apoyar a quienes en Medellín y en toda Colombia se oponen valientemente a un sistema criminal y mafioso que obstaculiza el proceso democrático y amenaza con contaminar las próximas elecciones”.
Líderes de bandas hablaron en el “tarimazo”
Entre tanto, varios de los voceros de la Mesa de Paz de Itagüí también se pronunciaron este martes sobre la controversia originada en el evento.
Freyner Ramírez, alias Carlos Pesebre, habló sobre la situación actual de los diálogos y se refirió a los cuestionamientos que se han formulado desde diversos sectores tras la concentración encabezada por el presidente.
“Llevamos un año construyendo la metodología y los protocolos para el diálogo y eso toma tiempo, porque esto acá no es como dicen afuera que somos unos narcos buscando entregar unas armas para irse a vivir tranquilos. Nosotros no somos narcos, sí estamos en la cárcel pero por ayudar a liberar esta ciudad cuando estaba secuestrada por las milicias y el precio que pagamos es estar en la cárcel”, expresó, argumentando que el principal resultado de que las conversaciones de paz habrían surtido efecto son las reducciones en los homicidios que se han registrado en Medellín.
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“Desde mi experiencia con todas las alcaldías ha habido acercamientos y no necesariamente ilegales. Nos buscaban de las alcaldías cuando algún sector estaba en guerra o por un delito de alto impacto. Y nos buscaban ya fuera para que los muchachos se entregaran o se redujeran los problemas”, añadió, asegurando también que desde la Mesa de Paz no se estarían profiriendo las amenazas que ha denunciado el alcalde Federico Gutiérrez.
En igual sentido se pronunciaron otros voceros como alias Douglas y alias Vallejo, quienes, además de cuestionar al alcalde de Medellín, instaron a que el proceso de paz se mantenga.
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Desde la orilla opuesta, otro líder que se pronunció fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien cerró filas con el alcalde Federico Gutiérrez y interpeló al presidente Gustavo Petro por el mensaje que este tipo de concentraciones le estaría dando a los soldados, policías, víctimas e instituciones. “Desde este territorio defendemos la legalidad”, añadió el gobernador.
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