Así reaccionó el mandatario local tras conocerse el incidente de desacato emitido por el Tribunal Administrativo de Antioquia contra el Gobierno Nacional por las deudas de las EPS.
Se siguen conociendo reacciones a la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que requirió a varios altos funcionarios del Gobierno Nacional por presuntamente incumplir una serie de medidas cautelares que les ordenaban a responder por la crisis que atraviesa el sistema de salud en Medellín y el país.
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El Tribunal adoptó la medida tras considerar que no se habría acatado un auto emitido el 11 de julio de 2025, en la que se exigía al gobierno Petro ponerse al día con los pagos al sistema de salud en un plazo máximo de 30 días, orden que fue ratificada el 3 de septiembre del mismo año.
También hay que mencionar que –aunque la actual crisis tiene muchos quejosos– la determinación judicial responde a una acción popular interpuesta en mayo de 2025 por la Alcaldía de Medellín, para hacer efectivo el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos, ante el creciente deterioro financiero de la red hospitalaria.
El Tribunal advirtió que funcionarios como los ministros de Salud y de Hacienda podrían enfrentar sanciones como arresto hasta por seis meses, multas con cargo a su patrimonio personal y procesos penales por fraude a resolución judicial.
Tras conocerse la decisión, el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga calificó la medida como un triunfo de la justicia y aseguró que se trata de un precedente clave para proteger la vida de los ciudadanos.
“Esta acción popular la puede suscribir cualquier clínica y hospital de Colombia, cualquier paciente. Esto que está ocurriendo en Medellín es un triunfo de la justicia para garantizar la vida y la atención en el servicio de salud”, afirmó el mandatario.
Gutiérrez Zuluaga advirtió que no dudará en solicitar la máxima sanción contra los responsables, al considerar que está en riesgo la salud y la vida de la población.
“Después de cinco meses de habérseles dado la orden de ponerse al día con los recursos, no cumplieron. Aquí se está jugando con la vida de la gente”, señaló.
Frente a las deudas que el gobierno Petro tiene en la ciudad actualmente, las EPS intervenidas justamente por la Nación le adeudan solo al Hospital General de Medellín más de $173.000 millones.
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Este deterioro financiero ha tenido un impacto directo en la atención a los usuarios. Los servicios de urgencias de Medellín registran niveles de ocupación entre el 130% y el 162%, situación atribuida principalmente a la falta de pago de las EPS y a la interrupción en la entrega de medicamentos a pacientes crónicos, en medio de una crisis que se extiende a nivel nacional.
“El ministro de Salud solo se dedica a decir que los ricos también lloran, el ministro de Hacienda no responde, y que no hay plata para la salud, pero sí tuvieron plata para firmar más de 85.000 contratos por $6 billones para entrar en plena época electoral antes de que comenzara la Ley de Garantías”, dijo el alcalde.
Es por ello que el incidente de desacato recae sobre el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el superintendente nacional de Salud, Bernardo Camacho; el director de la Adres, Félix León Martínez; el agente liquidador de la Nueva EPS y los agentes interventores de las EPS Savia Salud, Coosalud y Sanitas, designados por el Gobierno Nacional.
“Hoy, a nivel nacional, la deuda del gobierno Petro con el sistema de salud es de $33 billones, de los cuales $8 billones corresponden a Antioquia. Es falso que no tienen plata, porque sí la han tenido; otra cosa es que han derrochado en corrupción, politiquería y clientelismo”, sostuvo Gutiérrez Zuluaga.
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