Con los testimonios de los dos funcionarios, la Procuraduría espera avanzar en la investigación e identificar otros responsables.
Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Góez David, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) aceptaron ante la Procuraduría General de la Nación su responsabilidad en las irregularidades cometidas durante una fiesta celebrada al interior de la cárcel La Paz, en el municipio de Itagüí, sur del área metropolitana de Medellín.
Las confesiones de estos dos servidores representan un avance decisivo dentro del proceso disciplinario que adelanta el Ministerio Público, por los hechos sucedidos el pasado 8 de abril de 2026, cuando en horas de la mañana ingresaron cantantes, comida y hasta licor para celebrar el cumpleaños de uno de los reclusos.
Él homenajeado, como varios de los invitados hacían parte de los gestores de paz, cabecillas de bandas delincuenciales del Valle de Aburrá, que adelantaban diálogos con el Gobierno Nacional dentro de la llamada Paz Total.
De acuerdo con la Procuraduría, los implicados incurrieron en omisiones graves al no realizar los registros ni las anotaciones reglamentarias en los libros de control del centro penitenciario, fecha en la que se habría presentado un reconocido artista musical dentro del penal.
Según el Ministerio Público, al reconocer las faltas cometidas, los dos funcionarios se acogieron a la figura de la confesión, un mecanismo legal que les permitiría obtener una rebaja de hasta el 50 % en la sanción disciplinaria definitiva.
Con este concepto de aceptación de cargos, la causa entra a su fase final. Esto es, una etapa de juzgamiento dentro de la que se prevé que en un periodo máximo de 45 días para que la Procuraduría emita un fallo definitivo.
Las posibles sanciones a las que se ven expuestos los dos funcionarios del Inpec, van desde la suspensión e inhabilidad para ejercer cargos públicos hasta la destitución.
Si bien la confesión de los dos guardias es un avance clave dentro del proceso, el Ministerio Público precisó que los expedientes sobre la celebración no se cierran. Las indagaciones continúan en marcha para determinar si existen otros funcionarios o directivos involucrados y esclarecer bajo qué condiciones y autorizaciones se permitió el ingreso del personal externo, los equipos y la realización del evento festivo en el establecimiento de reclusión.
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