Luego de que se elevaran las alertas por el riesgo de prescripción del caso que se adelanta contra el exsenador Julián Bedoya por presuntas irregularidades en la obtención de su título de abogado, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, cambió al fiscal que venía manejando ese proceso penal.
La decisión quedó formalizada en una resolución emitida el pasado viernes 8 de mayo, en la que la líder del ente acusador consideró que el caso debe ser asumido por un servidor que tenga más tiempo.
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Si bien en su análisis Camargo no le atribuyó irregularidades al fiscal que llevaba el proceso, dejó manifiesta su preocupación por el alto riesgo de prescripción.
“Si bien no se evidencian situaciones de negligencia atribuibles al fiscal actualmente a cargo, lo cierto es que el caso debe ser asumido por un fiscal con mayor disponibilidad de tiempo, para atender las actuaciones fijadas por la judicatura y evitar retrasos que puedan comprometer el avance del proceso”, se lee en la resolución.
La decisión adoptada por Camargo no es menor, dado que el fiscal que fue apartado, identificado como Fernando Arias Velásquez, era el mismo que había pedido precluir el proceso, argumentando que no había suficiente material probatorio en contra del exsenador.
Cabe recordar que el dosier quedó en manos de la Fiscalía luego de que la Corte Suprema de Justicia le entregara el proceso, a raíz de la renuncia de Bedoya al Senado y su posterior pérdida de su condición de aforado.
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Luego de que un juez desestimara esa solicitud de preclusión elevada por Arias, y en medio de una fuerte controversia, la Fiscalía radicó finalmente el 5 de octubre de 2024 el escrito de acusación.
El tiempo continuó corriendo y después de múltiples observaciones, solicitudes de nulidad y otros contratiempos, la audiencia no terminó realizándose hasta el 27 de febrero de 2026.
El lento avance de las audiencias generó incluso que el Tribunal Superior de Bogotá hiciera un llamado el pasado 10 de febrero a los jueces para que el litigio no se dilatara más y aseveró que la defensa estaría persiguiendo la prescripción.
“(...) lo que realmente se advierte con las maniobras de la defensa en el desarrollo de la diligencia es que su estrategia no persigue la protección de garantías procesales, como lo quiere hacer ver, sino la declaratoria de la prescripción de la acción penal”, advirtió el alto tribunal.
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Según quedó establecido en la resolución firmada por Camargo, en reemplazo del fiscal Arias, fue delegada la fiscal Adriana Dioselina Arango.
“(la fiscal) cuenta con baja carga laboral y experiencia en investigaciones por delitos contra la administración pública, lo que le permite asumir el conocimiento del caso y priorizar las diligencias”, estableció Camargo.
Cabe recordar que, de acuerdo con las cuentas que manejan otros actores del proceso, el próximo 2 de julio de este año prescribiría el caso de Bedoya.
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