A las 2:34 de la tarde y con apenas cuatro minutos de retraso, comenzó este jueves la que se espera sea la jornada definitiva para que un juez defina si el exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA Juan David Palacio va a la cárcel o puede gozar de libertad mientras concluye el proceso penal que pesa contra él por presunta corrupción en la celebración de varios contratos entre esa entidad y los bomberos de Itagüí.
El caso tiene que ver con seis contratos por casi $18.000 millones que habrían sido direccionados entre 2021 y 2022, según la Fiscalía, hacia el cuerpo de socorro mencionado para beneficiar intereses particulares, entre otros el de su gerente de entonces, Misael Cadavid, quien se encontraba . Por eso, junto con Palacio, desde el pasado 26 de enero comenzaron a responder en audiencia de imputación dos exsubalternas suyas -Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla- lo mismo que Juan Alberto Cardona Henao, quien se ha desempeñado como tesorero y contador del Cuerpo de Bomberos de Itagüí.
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A los tres primeros, el juez 27 Penal Municipal con funciones de control de garantías les avaló la imputación por presunto interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación, mientras que al cuarto por una supuesta falsedad en documento privado.
El fiscal de la unidad anticorrupción asignado pidió que Cardona no fuera cobijado con medida de aseguramiento y las dos exfuncionarias tuvieran un tratamiento más benévolo, sin cárcel, no ocurrió lo mismo con Palacio.
Esto debido a que el funcionario judicial consideró que su rol fue determinante en la supuesta comisión de un ilícito que habría involucrado la pérdida de $2.481 millones del erario público, que representaban una buena tajada del monto contratado.
Pero además porque, según dijo, antes de salir de la institución, este nombró a 25 funcionarios que aún siguen allí y le podrían pasar información. Además, recordó que, previo a la entrega de su cargo a su sucesora, habría ordenado que se formatearon tres computadores: el suyo, el de su asistente y el de la Secretaria General.
Dentro de este mismo proceso ya hay dos personas entre rejas: Cadavid y la funcionaria del AMVA María Yaneth Rúa. También está judicializado el exjefe de los bomberos de Itagüí Elkin González, quien no obstante enfrenta la investigación en libertad.
A continuación, los hechos más relevantes que están aconteciendo en el transcurso de la audiencia:
2:34 p.m. Inicio de la audiencia con la verificación de la presencia de los interesados por parte de una oficial del Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín.
2:43 p.m. El le da la palabra al defensor de Juan David Palacio, Andrés López, para realizar su contra argumentación con relación al acervo presentado por la Fiscalía.
El abogado López indica que Palacio siempre, incluso antes de ser llamado por las autoridades, estuvo dispuesto a darle su versión de los hechos a la Fiscalía, además de que se ha presentado a todos los llamados de la judicatura a pesar de sus múltiples ocupaciones.
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Apunta el abogado que por el cargo de director no se pude inferir la autoría de Palacio en la comisión de los delitos imputados y pregunta específicamente cuál fue su actuación al respecto y “cuál fue la fase de la ejecución en la que intervino”.
“Siempre cumplió su rol como director (...)” y cruzó comunicaciones notificando a sus subalternos si existía alguna novedad para notificar o denunciar, según dijo el abogado.
Aseveró que Palacio no participó en la firma de los contratos ni en su liquidación y dentro del reglamento del AMVA se permite la delegación de estas funciones lo mismo que la supervisión, por tanto “ese interés indebido no se infiere por la jerarquía”. Pide igualmente que se argumente cuál fue el interés concreto del exfuncionario en estos contratos y por qué ese interés era indebido, y fuera de eso, en qué hechos concretos se apoya ese señalamiento porque en su concepto, lo dicho hasta ahora por el fiscal no es suficiente para inferirlo.
“No se dijo en la ejecución de cada contrato con bomberos cuál fue la actuación del señor Juan David” agregó López y ratificó que su representado no tuvo un rol allí al indicar que los subdirectores tenían autonomía para realizar las contrataciones como función delegada y “el exdirector no actuó en ninguna fase”.
Según él, aparte de que no se comprueba el interés indebido tampoco se hace con el delito de peculado por apropiación en favor de terceros por parte de Palacio. Y preguntó cuál era específicamente la función de Palacio sobre el uso del dinero, “dónde está el rastro documental” de su actuación decisoria”, dijo.
“El señor Juan David Palacio tenia una confianza legítima en sus subdirectores”, confiaba en que acatarían las normas y prevendrían los riesgos de las contrataciones, ni tenía razones para dudar de ellos, añadió.
Vale la pena recordar que el fiscal del caso mostró cómo medios de comunicación como EL COLOMBIANO habían advertido en su momento de los riesgos que podría haber al contratar con Misael Cadavid, quien estaba haciendo proselitismo para acceder al Congreso y había manifestado que dirigiría su campaña a obtener el apoyo de sus colegas bomberos.
3:45 p.m. El abogado defensor trata de desvirtuar los chats donde se menciona el presunto entramado corrupto en el AMVA encabezado por Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, diciendo que este no tuvo ninguna participación en el grupo mencionado de “amigos”.
López dice además que la elección de Palacio como director del AMVA fue producto de una decisión colegiada de los diez alcaldes de los municipios metropolitanos, no solo del de Medellín, como planteó la Fiscalía. Así mismo, que los nombramientos de las señoras Roldán y Montoya como subdirectoras del área ambiental, cada una en su momento, gozaron de legalidad.
Agrega que tampoco hubo obstrucción a la investigación, como motivo posible para la medida de aseguramiento. Para empezar, busca desvirtuar que los nombramientos que hizo Palacio fueran caprichosos para ubicar fichas afines a él, como lo dijo la Fiscalía, sino que obedecieron a un estudio técnico elaborado por la Universidad de Antioquia como insumo para sustentar la necesidad de un proceso de modernización en la entidad.
4:23 p.m. El abogado defensor aclaró que los cargos nuevos proveídos no fueron 25 ni 30, como se ha dicho, sino 20 y que 10 corresponden a nombramientos antes de diciembre y otros diez en ese mes, más seis cargos que correspondían a reemplazo de funcionarios que habían salido.
4:43 p.m. El defensor indica que el manual de funciones del Área autoriza la delegación de funciones como la contratación y en ese sentido, “ya está acreditado, mi ofendido no fue ordenador de ese gasto, no firmo esos contratos, no superviso ni los liquidó”, dijo. Añadió que tampoco firmó los estudios previos en los que se definía la necesidad de la contratación. “Y sin competencia funcional no hay un dominio del hecho”.
Apuntó que esa facultad de delegación ya existía cuando él llego al Área y otros funcionarios la habían aplicado. Si hubo falencias “no están en nombre de mi representado”, puntualizó.
Con base en toda esa intervención de casi dos horas y media dice que no puede restringírsele la libertad a su defendido.
“Tramitar vigencias futuras no es ilegal”
5:15 p.m. Retoman la audiencia y el abogado defensor se centra en plantear que no habría nada ilegal en la tramitación de vigencias futuras durante la administración de Palacio para los años 2022 y 2023, pues era el único dentro del Área que tenía competencias para ello. Se trata, dijo, de un mecanismo previsto en el Estatuto presupuestal. Aclaró que quien autorizó esas vigencias era la Junta Metropolitana donde participan los alcaldes del Valle de Aburrá y fueron quienes firmaron el Acuerdo Metropolitano.
“Fuera de eso, “una vigencia futura no implica ejecución inmediata del dinero”, dijo y añadió que tramitar vigencias futuras no es apropiar recursos ni implica que haya un interés personal en favor de un tercero.
Computadores: ¿prueba viciada?
5:35 p.m. Con relación a la acción de formatear tres computadores del área administrativa del AMVA (el de la secretaría de la dirección, asistencia de contratos y Secretaría General) supuestamente ordenada por Palacio para desaparecer información, se centró en descalificar al funcionario que verificó este hecho, Hernán Elejalde, pues no es autoridad judicial ni perito autorizado, por lo cual habría viciado una supuesta prueba que debería gozar de cadena de custodia.
5:45 p.m. López cita una declaración juramentada del ingeniero externo al Área, Sergio Manjarrés Gil que permite descartar que Palacio haya dado alguna orden para formatear los computadores, como manifestó Elejalde. “El doctor Juan David Palacio nunca ordenó el borrado de ningún computador”, enfatizó el jurista tras leer apartes de ese testimonio en el cual Manjarrés dijo que en el momento de la transición de la administración de Palacio con su sucesora, las auxiliares necesitaban enviar mucha información al equipo de empalme y él sugirió guardar esta información en discos externos.
Ahí, el jefe de contratos le habría pedido el favor de que su computador quedara listo para le funcionario que llegara, lo cual él asumió como dejarlo como salido de fábrica.
Añadió que siempre estuvo en contacto con el jefe de soporte del AMVA y le pareció que se trataba de un proceso normal.
Aclaró también Manjarrés, según López al leer la declaración, que el director el Área Metropolitana no tenía computador y en el manejo de la máquina de la auxiliar de este siempre estuvo acompañado por uno de los funcionarios de soporte técnico de la entidad.
“Yo realmente no hice ninguna eliminación de información de esos funcionarios ni recibí ninguna instrucción ni orden en ese sentido”, dijo Manjarrés.
6:10 p.m. López cita una entrevista realizada el lunes pasado a Santiago Toro, director contractual del AMVA en la administración de Palacio, quien confirmó que le pidió a Manjarrés que le hiciera una copia de seguridad de su computador para que quien le recibiera el cargo pudiera recibir el computador, pero la información no fue borrada sino copiada en una usb y debidamente archivada mediante los mecanismos institucionales. Reiteró lo dicho por Manjarrés de que no hubo ninguna orden superior para efectuar esta acción.
6:20 p.m. El abogado trae a colación igualmente la entrevista hecha por el equipo de apoyo investigativo de la defensa el martes anterior, 10 de febrero, a la ex asistente de Palacio, Yudy Alejandra Santacruz, quien declaró que siempre en las reuniones de comité de dirección Palacio preguntaba si había algo por “advertir o denunciar” sobre posibles irregularidades en la ejecución de los contratos.
Además, la exfuncionaria dijo que durante el empalme entregó la información solicitada, y tenía unas actas de control interno muy pesadas por lo que le pidió a Manjarrés que le pasara la información a una usb y que formateara el equipo “para entregarlo en debida forma, como lo había recibido”. Pero indicó que esta información nunca fue eliminada sino copiada y guardada en el archivo; en tanto que la información personal se archivó en un disco extraíble propio. “Lo realicé de buena fe”, puntualizó.
6:55 p.m. Después de un receso de 20 minutos, López informó que el tema del presunto borrado de los computadores ya ha sido objeto de investigación por la Procuraduría, la cual archivó la investigación al no encontrar responsabilidad disciplinaria de parte de Palacio.
También, sobre la cámara de seguridad que no funcionaba para controlar los movimientos alrededor del archivo del AMVA, indicó que no era función de Palacio velar porque esta se mandara a reparar, sino que era competencia de otra funcionaria, pero que además, en un informe técnico se determinó que la desinstalación de ella no obedeció a una manipulación indebida sino a una falla técnica que afectó la operación de la fuente de energía.
7:55 p.m. el juez suspende la diligencia y cita para este viernes, 13 de febrero a partir de las 2:30 p.m.
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