Una operación trasnacional, denominada Temis, arrojó el desmantelamiento de una organización, que operaba en Antioquia y San Andrés Islas, dedicada al transporte de estupefacientes desde Medellín hacia otras regiones de Colombia, ciudades del exterior y hasta centros penitenciarios.
Se trata de una red que instrumentalizaba mujeres como mulas. Según el reporte oficial, una estructura logística, financiera y operativa encargada de reclutar personas en condiciones de vulnerabilidad. Cuatro años les siguieron la pista las autoridades.
Las investigaciones para dar con esta organización se realizaron durante cuatro años, y fueron lideradas por agentes de la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la agencia Homeland Security Investigations (HSI/ICE) de los Estados Unidos y el Ejército Nacional.
La pista inicial para descubrir la red, la encontraron las autoridades en 2022, cuando les llamó la atención las capturas, durante dos años, de 18 mujeres en el Aeropuerto José María Córdova. Ellas transportaban sustancias estupefacientes en su cuerpo. Las similitudes en el ocultamiento de la droga llevó a los agentes a profundizar en los seguimientos.
La organización traficaba estupefacientes hacia centros penitenciarios del Valle de Aburrá, especialmente la cárcel de Pedregal, así como a establecimientos ubicados en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Valle del Cauca y Santander, empleando la misma modalidad de ocultamiento corporal para el ingreso de los narcóticos.
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Como parte de la operación, se realizaron 18 capturas en flagrancia. También, fueron ejecutadas nueve capturas por orden judicial y seis imputaciones a personas privadas de la libertad por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Igualmente, fueron incautados siete teléfonos celulares, ocho cartuchos, 800 gramos de droga, pasaportes, facturas de hoteles y tiquetes aéreos con destino a México y Países Bajos.
Según la Policía Nacional, esta estructura trabajaba de manera directa, y utilizaba los servicios de agencia u oficina con el Grupo Delincuencial Organizado “Los Triana”, organización que presuntamente autorizaba y financiaba el desarrollo de esta actividad ilícita, aportando recursos para la ejecución de las operaciones de tráfico de estupefacientes. La relación fue catalogada como un outsourcing criminal.
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