La Procuraduría General de la Nación informó este sábado que abrió una indagación preliminar para establecer si la Alcaldía de Medellín habría incurrido en un detrimento patrimonial luego de instalar por varios puntos de la ciudad cientos de pasacalles con información engañosa.
El ente precisó que se trata de aproximadamente 250 carteles desplegados entre el 25 de febrero y el 10 de marzo en los que el gobierno local presentó como un hecho el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, una decisión que no se ha producido y cuyo alcance sobrepasa el alcance de la administración distrital.
“El Ministerio Público verifica la información en los medios de comunicación, en el que se asegura que funcionarios de la alcaldía desarrollaron una estrategia de comunicaciones, por aproximadamente $73 millones, en la que menciona la gestión del administrador de la ciudad en varios puntos de la ciudad, puesto que al parecer el mensaje no contiene una información verídica que sea del resorte del ente territorial”, planteó la Procuraduría en un comunicado de prensa.
Las pesquisas se enfocarán en establecer de dónde habrían provenido los recursos con los que se financió esa campaña publicitaria y si su utilización se habría traducido en una lesión al patrimonio público.
El supuesto congelamiento de las tarifas de los servicios públicos ha sido desde 2019 una de las promesas más problemáticas planteadas por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que desde la campaña política realizada ese año la incluyó en su plan de gobierno, pese a ser una decisión que compete a los organismos reguladores de los servicios públicos.
Aunque durante los últimos tres años las tarifas han venido incrementando, especialmente en el servicio de energía, en febrero pasado la polémica resurgió luego de que el presidente Gustavo Petro centralizara en su despacho las funciones de las comisiones de regulación de Energía (Creg) y Agua (Cra).
En medio del debate nacional que generó esa decisión, que luego fue suspendida por el Consejo de Estado con unas medidas cautelares, Quintero revivió la campaña enviando una carta a Petro pidiéndole congelar las tarifas de servicios públicos en toda la zona de influencia de EPM.
“Me permito solicitarle respetuosamente se me autorice congelar las tarifas de servicios públicos de EPM en Medellín, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Quibdó, Providencia y Santa Marta”, dijo Quintero entonces, asegurando que EPM tendría la capacidad financiera de asumir ese congelamiento.
Pese a que en aquel momento la carta de Quintero se mostró como un respaldo a las funciones asumidas por Petro, al interior de la compañía antioqueña ese escenario generó incertidumbre, tal como quedó consignado en un oficio firmado por el gerente de Regulación de EPM, Jorge Antonio Yepes Vélez, como lo contó este diario el pasado 26 de febrero.
En el documento, el gerente de Regulación no sólo consideró que las funciones asumidas por Petro carecían de argumentos técnicos en sus memorias justificativas, sino que ponían en riesgo el rigor técnico del sistema regulatorio nacional.
Así mismo, pese al discurso del alcalde Quintero, la empresa ha sido cauta a la hora de llevar a la realidad esas rebajas, tal como ocurrió en octubre de 2022, cuando la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, lanzó el llamado Pacto por la Justicia Tarifaria, en el que instó a las compañías de servicios públicos a aliviar los cobros a los usuarios.
En aquel entonces, EPM se acogió principalmente a rebajas en el componente de generación, expresado en un alivio de $340.000 millones para un período de 12 meses y una reducción del 8,7% para los comercializadores principalmente con clientes en los estratos 1 y 2, según expresó entonces el gerente de la compañía Jorge Andrés Carrillo.
Aunque durante la rendición de cuentas realizada el pasado jueves 11 de mayo el gerente Carrillo insistió en que EPM continúa evaluando un escenario para un supuesto congelamiento de tarifas, la empresa aún no hace público cuáles serían los impactos financieros de esa decisión, ni cómo se mitigarían.
Finalmente, la Procuraduría añadió que en el curso de su investigación se determinará si la instalación de esas vallas construirían una falta disciplinaria.
