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Jacobo Betancur Peláez | Publicado
El alcalde Daniel Quintero volvió a poner este viernes sobre la mesa el debate sobre congelar las tarifas de los servicios públicos. A través de una carta enviada al presidente Gustavo Petro, que recién se estrena en los poderes que asumió de las comisiones de regulación de Agua y Saneamiento Básico (CRA) y Energía (CREG), el mandatario local pidió congelar las tarifas de todos los servicios públicos prestados por la compañía antioqueña en su área de influencia.
“Me permito solicitarle respetuosamente se me autorice congelar las tarifas de servicios públicos de EPM en Medellín, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Quibdó, Providencia y Santa Marta”, dijo Quintero, quien aseguró que la empresa estaría lista para asumir esos costos, aunque después, en una entrevista radial, no supo decir qué impacto económico tendría la medida para EPM.
Cinco veces le hicieron la pregunta y respondió con evasivas, soportado en un supuesto estudio financiero que la empresa tendría para darle piso al congelamiento tarifario.
La propuesta de Quintero, que llega faltando ocho meses para las elecciones a alcaldías y gobernaciones, llama la atención por varios factores.
Primero por plantearse en un caldeado debate en el que todavía no son claros los alcances de los poderes asumidos por Petro el pasado 16 de febrero, y segundo, por ir en contravía de las decisiones adoptadas por la propia compañía durante los últimos meses en materia tarifaria.
El debate por los poderes de Petro parte de los términos en los que quedó redactado el Decreto 0227 del 16 de febrero de 2023.
En dicha norma, publicada la semana pasada y que solo consta de cuatro páginas y cuatro artículos, el primer mandatario asumió por un periodo de tres meses “las funciones de carácter general delegadas” a la CRA y la CREG.
“Las Comisiones de Regulación continuarán expidiendo los actos administrativos de carácter particular que ejercen a la fecha de expedición del presente Decreto”, quedó plasmado en el documento, firmado por los ministros de Hacienda, Minas y Energía, Vivienda y el Departamento Nacional de Planeación.
Aunque el Gobierno ha intentado dar un parte de tranquilidad, el detonante de la discusión se sitúa en los términos generales en los que quedó redactado ese acto administrativo.
Mientras varios interpretan que el mismo es una especie de cheque en blanco para el presidente, pudiendo asumir directamente tareas regulatorias, otros señalan que el mandatario solo habría quedado con la potestad de definir los lineamientos generales con los que se rigen ambas comisiones.
Luis Ferney Moreno Castillo, experto en el mercado eléctrico nacional y profesor del Departamento en Derecho Minero Energético de la Universidad Externado, es uno de los expertos que se alinea con esa segunda interpretación, señalando que Petro tendría toda la potestad para fijar las políticas de las comisiones de regulación, más no asumir directamente su trabajo de regulación.
“El presidente puede reasumir en cualquier momento la función de señalar la política general delegada a la CREG, lo que no se puede decir es que reasume la función de carácter regulatorio, porque ningún presidente ha delegado dicha función a las comisiones de regulación”, expresó el académico en una entrevista para La Silla Vacía el pasado 2 de febrero.
“ (...) las únicas funciones que el presidente ha delegado a las comisiones, a través del decreto 2253 de 1994, son las de señalar las políticas generales de administración, pero no de regulación, que son las de fijar tarifas. Se confunde la función de regulación con la facultad para señalar políticas generales”, insistió a ese medio.
Con base en ese contexto, la carta de Quintero pesca en río revuelto, ya que en la misma se da por sentado (y además se insta) que el presidente asuma directamente esas funciones, para cumplir de paso una de las promesas más problemáticas que plasmó en su plan de gobierno en 2019 y que fue justamente criticada por desconocer los alcances de su poder como mandatario municipal.
Más allá de este debate legal, la propuesta de Quintero llega tarde, luego de más de tres años en los que EPM ha subido de forma sostenida sus tarifas.
Tal como lo contó este diario en noviembre de 2021, EPM informó a EL COLOMBIANO en respuesta a un derecho de petición que las tarifas de energía entre 2020 y septiembre de 2021 habían experimentado un incremento del 5,6% en todos los estratos y tipos de clientes segregados por la compañía.
Durante ese mismo periodo, en el caso del servicio de acueducto y alcantarillado, las tarifas también subieron de forma sostenida en casi todos los estratos, oscilando en variaciones de entre el 4,72% y el 7,82% en las tarifas de alcantarillado, y entre el 4,51% y el 13,76% en el servicio de acueducto.
En esos meses, el único estrato que tuvo reducciones fue el 1, con una variación del -8,56% en el cargo fijo y -3,31% en los consumos por debajo del rango de subsistencia en acueducto, y una variación del -8.37% y el -8.35% en esos dos mismos rangos en la tarifa de alcantarillado.
Al ser consultada por ese tema entonces, la Alcaldía se defendió argumentando que había autorizado una inyección de $4.600 millones en un plan de subsidios focalizados en los estratos más bajos. Esta medida, si bien alivió el valor final de los servicios públicos para los estratos más bajos, tampoco ha sido suficiente para revertir su encarecimiento.
En octubre de 2022, el debate tarifario también puso a EPM en el centro de todas las miradas, luego de que la empresa fuera cauta en sus rebajas presentadas al Ministerio de Minas y Energía, entonces volcado a impulsar el llamado “Pacto por la Justicia Tarifaria”, liderado por la ministra Irene Vélez.
En aquel momento, pese a tener presencia en todos los eslabones de la producción de energía (Generación, Transmisión, Distribución y Comercialización), EPM solo presentó rebajas en el componente de generación.
“En EPM hicimos una propuesta que implica un aporte de aproximadamente $340.000 millones para un período de 12 meses y una reducción del 8,7% para los comercializadores que tienen un mayor número de clientes en estratos 1 y 2, y un mayor costo unitario del kilovatio de energía”, dijo entonces el gerente general Jorge Andrés Carrillo.
Según concordaron varios expertos, la lógica detrás de esa decisión obedecía a no incrementar la presión financiera que ya arrastra la empresa desde 2021, cuando, entre otros problemas, tuvo que prepagar un crédito por 450 millones de dólares al BID. Así mismo, la empresa está con sus cuentas al máximo para apalancar el plan de inversiones de Afinia.
Esta última empresa, que afronta múltiples quejas por la prestación de su servicios en la costa Caribe, también fue duramente criticada durante esa discusión tarifaria, ya que aseguró no poder rebajar las tarifas en un primer momento, pero luego se echó para atrás y accedió a hacerlo para noviembre y diciembre de 2022 (en un 24%).
En medio de ese panorama, el principal interrogante está en la sostenibilidad financiera de EPM, que además de su alto endeudamiento, los problemas en Hidroituango y sus líos reputacionales recientes, no es claro si tendrá el suficiente bolsillo para pagar esa promesa.
Comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado en la investigación de temáticas locales. También cubro temas relacionados con salud, historia y ciencia.
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