Un penthouse de 389 metros cuadrados estaba siendo usado por un condenado en Estados Unidos.
La Sociedad de Activos Especiales SAE indicó que luego de dos intentos fallidos, por fin pudo realizar el pasado 15 de mayo el desalojo de un lujoso bien ubicado en un exclusivo sector de la ciudad que está adscrito a la entidad.
Según ha trascendido, el bien en cuestión es un penthouse ubicado en el cruce de la calle 16A Sur con la carrera 35 –sector Loma del Campestre–. A la recuperación del apartamento se sumó la de tres parqueaderos ubicados también en el mismo conjunto.
Hasta acá todo sería un asunto rutinario, sin embargo, en el registro que en redes sociales que hizo la SAE sobre el procedimiento se observa un video en el que un hombre sale lanzando improperios e insultos de grueso calibre contra los funcionarios y policías que realizaron la diligencia.
"¡Ladrones, ‘mata’ de gonorreas. Vienen es a robar. Yo conozco a estas gonorreas!", se le escucha decir al sujeto de gorra enfocado en el video.
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Quien se refiere de esa manera a los funcionarios sería un hombre identificado como Carlos Arturo Escobar Marín, un hombre que –según las investigaciones periodísticas– tendría al menos diez anotaciones criminales en Estados Unidos, que irían desde estafas con cheques hasta fraude con tarjetas de crédito, por lo cual pagó varios años de cárcel en el país del norte.
Sin embargo, la vida de Escobar Marín tuvo un giro desde que comenzó su autodenominada carrera como "hacker" e hizo parte de campañas digitales.
En 2019, su empresa Praesidium S.A.S. recibió un contrato por cerca de $900 millones para una campaña de seguridad vial. Sin embargo, el mismo vínculo tendría presuntas irregularidades.
De otro lado, el nombre de Escobar Marín estaría presuntamente ligado al caso de chuzadas a negociadores de paz conocido como el caso "Andrómeda". Según las investigaciones de la época.
El 30 de octubre de 2014, Escobar Marín fue citado por la Fiscalía por su presunta participación en un concierto para delinquir y violación ilícita de datos debido a los trabajos que habría adelantado con el ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda Ardila, señalado por las autoridades de haber recolectado y entregado información de los funcionarios, periodistas y demás que hacen parte de la mesa de negociación en el proceso de paz.
Igualmente, Escobar fue investigado por presuntamente haber ingresado de manera ilegal a la página web de la Procuraduría General de la Nación. Los investigadores buscaban establecer si Escobar incurrió en el delito de acceso abusivo a sistema informático.
Por esas fechas, el abogado Carlos Mario Salazar, defensor de Escobar, anunció que la Fiscalía no requería a su cliente, tras estimar que sus actividades en redes sociales no eran delitos. "El fiscal consideró que no hay motivo para que Carlos Escobar fuera llamado a responder por delito alguno, como quiera que no encajaba en ningún tipo penal", señaló el abogado.
Volviendo al presente, según la SAE, este bien –incautado a estructuras criminales, al parecer en 2016– fue recuperado en cumplimiento de una orden de policía administrativa emitida por la SAE el 24 de septiembre de 2024. Es decir, que la recuperación del inmueble tomó ocho meses.
Pese a esto, el pasado sábado Escobar dijo que el desalojo se lo aplicaban por una supuesta persecución política.
En otro aparte del video, Escobar pidió un día más para poderse llevar sus cosas.
Este diario buscó a la SAE para conocer su postura ante la situación y si es cierto que el predio estaba ocupado de manera irregular. También se le preguntó a la entidad el porqué la diligencia demoró tanto tiempo y si se van a presentar acciones legales contra el personaje a raíz de los insultos proferidos a los funcionarios que estaban cumpliendo su deber.
La entidad señaló que prepara un comunicado para responder a estas preguntas.
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