La Contraloría General de la República informó ayer que el exministro de Minas y Energía Hernán Martínez Torres junto a la minera de carbón C.I. Prodeco deben pagarle a la Nación 60.023 millones de pesos por detrimento patrimonial.
Esa suma equivale, ajustada a precios de hoy, a los 52.214 millones de pesos que dejó de recibir el Estado en 2010 por concepto de regalías que debió pagar la filial de Glencore en contraprestación por sacar el carbón en la mina a cielo abierto Calenturitas, en la población La Loma (Cesar).
¿La razón? La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción del ente de control concluyó que Martínez, último jefe de la cartera de minas del expresidente Álvaro Uribe, estuvo comprometido en el ajuste de obligaciones mediante un otrosí del 23 de enero de 2010 al contrato de concesión firmado en 1989 entre Prodeco y el entonces Ingeominas.
“Antes de implementar los cambios consagrados en el otrosí, el Estado recibía 129.512 millones de pesos, y tras este ajuste se pasó a 77.298 millones”, explicó la Contraloría en un comunicado a partir del fallo proferido el 30 de abril pasado.
El cambio en el contrato, a juicio del ente de control, afecta los intereses del Estado, como consecuencia de los cambios realizados en el cálculo para liquidar las regalías básica, adicional y compensación por ingresos brutos, para la producción del año 2010.
“La modificación (el otrosí) se realizó sin los estudios previos y sin la debida planeación, que amerita un contrato de gran minería, fundamental para los intereses patrimoniales de la Nación”, argumentó la Contraloría.
Los recursos que dejó de recibir el fisco en su momento (52.214 millones de pesos) estaban destinados a inversiones en salud, educación y saneamiento básico de los municipios de Becerril, la Jagua de Ibiríco y El Paso (Cesar).
