La Procuraduría General de la Nación resolvió el recurso de reposición y decidió bajar de 12 años de destitución e inhabilidad a una suspensión de 10 meses del ejercicio del cargo al superintendente financiero, Gerardo Alfredo Hernández Correa, por las acciones tomadas en el caso Interbolsa.
El ente de control se sostiene en que el superfinanciero “es responsable de la falta grave, a título de culpa grave, por no adoptar las medidas previstas en el artículo 6 [c] de la Ley 964 de 2005, tendientes a evitar el grave perjuicio a los inversionistas en el mercado de valores y la pérdida de confianza del público, al conocer desde 2011 la posible manipulación del precio de las acciones por parte de la comisionista Interbolsa, liquidada el 7 de noviembre de 2012 por el incumplimiento de sus obligaciones”.
Sin embargo, la Procuraduría absolvió a Hernández Correa y a los superintendentes delegados Diego Mauricio Herrera Falla y Rosita Esther Barrios Figueroa, de la falta “gravísima” del fallo inicial, “al encontrar demostrado el “error invencible” en su omisión de denuncia ante las autoridades penales de los delitos ocasionados en las operaciones fraudulentas de miembros de Interbolsa, error determinado por un memorando interno de mayo de 2009 expedido por la Dirección Jurídica de la Superfinanciera que dispuso denunciar a la autoridad competente la comisión de un hecho punible una vez agotada la actuación administrativa correspondiente y no antes, como lo reclamó inicialmente este ente de control”.
Conocida la noticia, el superfinanciero respondió que una vez sea notificado y conozca la totalidad del fallo, hará uso del derecho constitucional a la defensa ante el Consejo de Estado, pues tiene la seguridad de haber actuado conforme a la ley y oportunamente.
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