Con una caída de 53% en la inversión extranjera directa, el sector minero colombiano vive su mayor retroceso reciente, pese a los altos precios del oro.
En medio de un entorno de altos precios internacionales del oro y creciente demanda global de minerales, el sector minero colombiano atraviesa una de sus etapas más complejas en materia de inversión y crecimiento. Así lo sostiene Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, quien asegura que la política regulatoria del actual Gobierno ha generado una incertidumbre sin precedentes.
Según el dirigente gremial, la inversión extranjera directa en minería cayó 53% en el último año medido, muy por encima de la contracción nacional de 14% en inversión extranjera directa. Para Nariño, estos resultados no obedecen a condiciones internacionales adversas, sino a decisiones internas que han afectado la confianza inversionista. Aquí la entrevista.
“Estos cuatro años han sido, tal vez como ningún otro gobierno, el período con la ambición regulatoria más grande de los últimos años. Eso se traduce en nuevos decretos, resoluciones, impuestos y leyes que afectan la certidumbre de la inversión en el sector minero. En los tres primeros trimestres del año pasado la inversión extranjera directa cayó 53% en el sector minero con relación con el mismo periodo anterior, mientras que en el país la inversión extranjera directa cayó 14%.
Cuando usted pasa eso al PIB del sector, el año pasado versus 2024, el PIB minero decreció 8,3%. Las exportaciones, incluso con muy buenos precios del oro, cayeron 5%, hasta 16 billones de dólares exportados.
Esto no es producto de condiciones exógenas, porque el mundo hoy demanda más minerales que nunca. Es una realidad derivada de la incertidumbre generada por esta intención regulatoria del Gobierno que se ha materializado en decretos, resoluciones y nuevos impuestos”.
“Todas. No hay una que no me preocupe. Esos decretos y resoluciones generan enorme incertidumbre porque funcionarios desde Bogotá toman decisiones pasando por encima de autonomías constitucionales y locales como las de las corporaciones, alcaldes y gobernadores.
Con medidas como el decreto 044 o el de las APA (Áreas de Protección Ambiental), donde se restringe o elimina la actividad minera en territorios completos. Para que la minería legal y constitucional sea parte de la respuesta a los problemas del país, ese ordenamiento jurídico debe ser eliminado, repensado y mejorado.
Colombia tiene enormes riquezas naturales y el sector puede jalonar la economía, ser estabilizador fiscal y dinamizador empresarial en muchas regiones”.
“Sin duda. Permanentemente. La conversación de la Asociación siempre ha sido abierta con todos aquellos que quieran oír nuestro planteamiento y entender las cifras con racionalidad, sin dogmatismos ni aproximaciones ideológicas.
Esto necesita pragmatismo.
Hay que pensar en los trabajadores, en los jóvenes que necesitan oportunidades y en la inversión que debe llegar a territorios apartados.
La minería compra cada año a pequeñas y medianas empresas colombianas 14 billones de pesos. Es como si toda la demanda de nuestro tercer socio comercial se concentrara en regiones apartadas. Un sector que pesa 1,6% del PIB exporta 16 billones de dólares y solo se desarrolla en el 1% del territorio colombiano”.
“En exploración recibimos menos de 80 millones de dólares anuales, menos del 2% de la participación regional. Países como Perú, Chile, Argentina y México reciben cerca del 30% de la inversión mundial en exploración.
En producción, las cifras en Chile, Perú, Argentina e incluso Ecuador no decrecen, aumentan. El mundo necesita más cobre y minerales extraídos de manera responsable.
Colombia es la que, por estas circunstancias poco pragmáticas, decrece 53% en inversión”.
“Debe haber coherencia en la administración pública. No se puede solicitar una emergencia económica porque no aprobaron un presupuesto y, al mismo tiempo, contratar miles de personas adicionales en el Estado por prestación de servicios.
Cuando hay necesidad económica, se priorizan recursos. No se puede recargar a empleados y empresas con más impuestos por desequilibrios macroeconómicos y fiscales.
Parte de la respuesta para el dinamismo económico es usar de manera decidida los recursos naturales que el país tiene. Tomar la decisión de ser un país minero y actuar en consecuencia, con un Estado que controle y fomente la industria”.
“Solo rodeando la producción actual de carbón, níquel, oro, esmeraldas y materiales de construcción, el país podría recibir 4 billones de pesos anuales en renta y regalías.
Si se promueve la exploración, podríamos pasar de 80 millones de dólares anuales a 180 millones en los próximos cuatro años. Y si se acompañan los proyectos en fase final de exploración, se podrían atraer 2.500 millones de dólares en inversión, especialmente en cobre, generando empleo y dinamismo económico.
Colombia exportaba 90 millones de toneladas de carbón en 2017; hoy exporta 50 millones. Si se fomenta la exploración y los proyectos cercanos a producción, no solo se recupera empleo, se genera nuevo”.
“Cualquier comercio lo necesitamos. Israel representaba el 5% de las exportaciones colombianas. Por cada millón de toneladas de carbón exportadas ingresan 200.000 millones de pesos en rentas y regalías.
Eso no es abstracto, termina impactando a familias. Por eso invito a las familias mineras a participar activamente en la conversación política y electoral, a defender el sector y a votar por quienes lo apoyen como opción viable hacia un futuro económico de desarrollo”.
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