No es exclusivo de una corriente política. No tiene solamente un rostro. La promesa de quitarle peso a la carga financiera que representa el pago de la nómina para las empresas, con la idea de que se generen más empleos formales en Colombia, ha pasado por los gobiernos de César Gaviria, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y ahora Iván Duque: pero aún no se ha sentido.
La primera gran reforma laboral que tuvo el país se dio en 1990 con la aparición del Código Sustantivo del Trabajo, la hoja de ruta que hasta hoy dicta a las empresas qué deben hacer en materia de contratación de personas. Así como las obligaciones salariales y no salariales con las que deben cumplir.
La aparición de contratos fijos, el pago de vacaciones y de horas extra, dominicales y festivos, y la imposición del domingo como día de descanso obligatorio fueron algunas de las modificaciones que hasta hoy se mantienen.
Sin embargo, desde 2003 han entrado a revisión parte de esos beneficios. El pago de las horas que se trabajan de más se redujo, la jornada laboral se amplió y, en general, según Iván Jaramillo, miembro del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, esos derechos adquiridos desmejoraron.
“Ha habido avances, pero la historia muestra que no han sido medidas efectivas. En cambio la atracción de inversión, la motivación a abrir nuevas empresas sí ha ayudado a generar empleo. Es claro que la flexibilización salarial no. La pérdida de derechos limita los beneficios para los trabajadores colombianos”, argumentó Jaramillo.
De hecho la propuesta va más allá, y como lo han dicho distintos gobiernos a lo largo de la historia reciente de Colombia, la estimulación a la formalización laboral no depende exclusivamente de qué tanta carga puedan llegar a tener las empresas en el país.
“Se necesita de una política económica que no le pegue a los ciudadanos y en cambio se preocupe por atraer inversión, potenciar nuevos sectores, recuperar el agro, generar vida digna. Pero sin caer en el error de enfocarse solo en entregar gabelas a las grandes compañías”, explicó José Roberto Acosta, profesor de economía en la Universidad Nacional y miembro de la Red por la Justicia Tributaria (ver Radiografía).
El panorama
Colombia está enfrentando uno de los momentos más críticos en materia de generación de empleo formal. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) el país cerró 2019 con 2,6 millones de desempleados. La tasa se situó en 10,5 %, la más alta en siete años (ver Protagonistas).
En ese contexto siguen apareciendo propuestas desde gremios empresariales y financieros para encontrar vías de escape a un problema que desde la misma Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha dicho debe tener soluciones prontamente.
Polémicas propuestas
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), a través de Jaime Cabal, su presidente, propuso en septiembre que las compañías pudieran contratar por horas, eliminar el pago de horas extra y dominicales triple, así como un salario mínimo regionalizado.
Un mes después la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) dijo que para motivar la contratación de personas jóvenes, una de las problemáticas más fuertes, se podía pensar en que a aquellas personas entre los 18 y 25 años se les pagara el 75 % de un salario mínimo.
La más reciente propuesta del gremio levantó polémica: eliminar el pago que hacen las empresas por sus empleados en cajas de compensación familiar, y dejar de pagar los intereses que se generan por las cesantías.
El presidente Iván Duque ya ha dicho que no está de acuerdo con que en Colombia se eliminen derechos adquiridos en esa materia por los trabajadores. Sin embargo, sí ha dejado la puerta abierta para que se estudien cuáles pueden ser las salidas para que las compañías en el país trabajen más livianas y puedan vincular más personal.
No todo el aparato empresarial se ha mostrado a favor de darle ese respiro a las empresas. Rosmery Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) dijo que no está de acuerdo con que se elimine el pago de los intereses de cesantías, ni la eliminación de las cajas de compensación “aunque tampoco estamos de acuerdo con nuevos beneficios, como una prima extra”.
Por ahora el país está en vilo por lo que ocurra con posibles cambios. La contratación y cotización por horas, ya ha dicho la exministra de Trabajo Alicia Arango, se han estudiado para una eventual reforma laboral .