En dos semanas se conocieron los pormenores de dos carteles empresariales que hicieron de las suyas en el país. Los cuadernos y el papel suave (higiénico, servilletas y paños) que compraron los colombianos en la última década tenían precios pactados por un grupo de empresas que, subían o bajaban el costo según quisieran.
Además de los prejuicios sobre los consumidores, la “marca” de estas prácticas anticompetitivas va más allá de la multa y la reputación de la marca sufre un golpe fuerte.
Y aunque empresas como Grupo Familia pidió disculpas por su participación en el presunto cartel del papel higiénico, sus actuaciones van en contra de lo que, un año atrás, la multinacional sueca SCA, dueña del 50 % de Productos Familia S.A. aseguró: “la competencia libre y sin distorsiones es una piedra angular para todas las sociedades. Desde la organización nos adherimos a las normas y tenemos programas para que todos nuestros empleados conozcan la importancia de estos hechos”, dijo en un comunicado.
Doce meses después, la junta directiva de la empresa colombiana tuvo que reafirmar que desde el principio de la investigación ordenó a sus empleados colaborar. Esto como una suerte de respuesta a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que en su informe motivado asegura que empleados de Familia mintieron durante el proceso de recolección de pruebas. Es decir, no cumplieron.
Ahora, la plata también cuenta. La ley le dio más herramientas a la SIC desde 2009. Un ejemplo fue el cartel del azúcar, en que se multó a 12 ingenios por más de 260 mil millones de pesos. Ya pagaron 180 mil millones y vienen demandas judiciales.
Nueve años atrás, el ente sólo podía multar con un tope máximo de 2 mil salarios mínimos a las empresas que incurrieran en prácticas anticompetitivas. Ahora las multas ascienden a 100 mil salarios mínimos, unos 68.945 millones de pesos en 2016.
Para el exsuperintendente Gustavo Valbuena, desde hace más de 20 años en el país se imponen multas por casos como estos, así como por vulneración a derechos de consumidores, pero nunca tenían trascendencia: las multas no eran representativas.
Sin embargo, el superintendente actual, Pablo Felipe Robledo, espera que se apruebe el proyecto de ley que aumentar las sanciones y hacerlas equivalentes a un porcentaje de ingresos o utilidades anuales de las infractoras.
Tras informes motivados para los casos de cuadernos y de papel higiénico, Robledo aseguró que en próximos días se conocerá el informe sobre el presunto cartel de pañales, en el cual repiten pliego de cargos Grupo Familia y las multinacionales Kimberly y Drypers.
La SIC investiga en diez sectores de alimentos y otros productos de consumo masivo. Sobre un presunto cartel del cemento habría informe motivado en segundo semestre, al igual que para otros arreglos ilegales entre firmas de seguridad privada y en las subastas ganaderas.
