Los inversionistas que quieran poner a producir las 7 millones de hectáreas que el Gobierno dice que conformarán las polémicas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), deberán alistar unos 42 billones de pesos.
Esta inversión, similar a lo que demandarán las autopistas 4G y que también apunta a usar la figura de público-privadas, se proyecta sólo para poner fértiles y con potencial productivo estas tierras, a razón de entre 6 y 7 millones de pesos por hectárea.
Esta cifra se multiplicará si se incluyen obras de infraestructura complementarias, como escuelas, viviendas, vías y todo lo necesario para potenciar el nuevo desarrollo del agro colombiano, al que apostó el Gobierno con la recién sancionada Ley 1776 de 2016, y de la que se espera se conozca su reglamentación.
Más allá de los costos que demandará este modelo de desarrollo en los próximos 20 años, primero deberá superar demandas de opositores (ver recuadros). También se deben afinar detalles en su ejecución, para que haya total transparencia y no se cometan errores como los que entes de control evidenciaron con programas como Agro Ingreso Seguro, y se cierre el paso a riesgos de corrupción.
También hay que precisar que las Zidres no se refieren a proyectos productivos, pero sí a zonas especiales con beneficios para desarrollar proyectos productivos (ver nota secundaria), diferencia en la que se podrían darse abusos de la figura.
La Unidad de Planificación del Ministerio de Agricultura, (Upra), dependencia del Ministerio de Agricultura, será la que se encargue de verificar que dichas zonas propuestas se ajusten en su conformación a ley. Después deberán pasar por un Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), y finalmente, será un Consejo de Ministros donde se apruebe los beneficios para la conformación de esas zonas especiales.
Ahora, dados los montos de inversión, los pequeños productores la tienen más difícil, pues no tienen cómo asegurar los recursos suficientes para que sean productivas las tierras Zidres. Sin embargo, se planean figuras asociativas para que ese campesino reciba los beneficios y pueda permanecer en la zona junto al grande.
Este es uno de los aspectos que emerge luego de que EL COLOMBIANO recogió voces a favor, en contra, Incluso entran a terciar los incrédulos que no ven coherente la ley, pues no aclara si es para fomentar la inversión de la gran empresa, o favorecer a pequeños productores.
Si bien está abierta la polémica con la ley por el uso de tierra baldías, la tarea es clara: aumentar el total de área productiva del campo colombiano para garantizar la seguridad alimentaria del país.
Según cifras del último Censo Nacional Agropecuario, apenas hay 8,4 millones de hectáreas dedicadas a cultivos en el país, de un total de 42,3 millones de hectáreas que pueden dedicarse a usos agrícolas y pecuarios.
Regístrate al newsletter