Este 3 de septiembre arranca el Congreso Nacional de Minería 2026, organizado por la Asociación Colombiana de Minería (ACM), que reunirá al Gobierno, empresas, autoridades, academia y expertos para discutir el futuro de la industria.
En este contexto, EL COLOMBIANO conversó con Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, sobre los retos que enfrenta el sector, la recuperación de la inversión, la incertidumbre regulatoria y la oportunidad que representa para Colombia la creciente demanda mundial de minerales.
Por eso, Nariño plantea que el país debe definir si quiere aprovechar su riqueza geológica y convertirse, de manera decidida, en un actor minero relevante.
Ha señalado que el sector minero tuvo un fuerte deterioro en los últimos cuatro años. ¿Qué responsabilidad tuvo el gobierno anterior y cuánto obedeció a factores externos?
“Ese es un poco el marco en el cual este congreso se desarrolla. Si se fija en las cifras, el sector minero es el que más deterioro tuvo en estos cuatro años anteriores de gobierno. Fue el sector económico en el cual su PIB más decreció, un 18%. Y fue el sector económico en el cual la inversión extranjera directa más disminuyó, 88%.
Eso fue producto de una política direccionada que se tradujo en más de 150 instrumentos regulatorios, decretos, resoluciones, nuevos impuestos y leyes que afectaban la certidumbre de la inversión en relación con el sector minero colombiano. Afortunadamente, hacemos este congreso ya con nuevos vientos. El país inicia un nuevo capítulo político y económico, y este congreso se enmarcan dentro de eso.
El sector minero colombiano quiere poner sobre la mesa propuestas concretas para recuperarlo. Eso pasa por discutir propuestas concretas en relación con la recuperación de la inversión, reactivar la exploración minera, fortalecer la institucionalidad y construir con el Gobierno una hoja de ruta clara para acabar con esos indicadores, quebrar esos indicadores negativos.
A pesar de sus indicadores, el sector minero está aquí y quiere apostarle al país a la reconstrucción, por supuesto, después del terremoto; también para que haya más empleo, más trabajo y más posibilidades para los colombianos”.
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Frente a la incertidumbre jurídica y regulatoria de los últimos años, ¿qué debe hacer el nuevo Gobierno para recuperar la confianza inversionista en el sector minero y cuánto tiempo podría tomar la recuperación de los indicadores?
“Como le digo, tuvimos una disminución del 88% en la inversión extranjera directa y del 18% en el Producto Interno Bruto durante los cuatro años anteriores. ¿Y ahora qué tiene que hacer este Gobierno? Creo que el principal socio del sector minero es el Gobierno, tenemos que trabajar juntos para hacer lo que otros países mineros de la región y del mundo están haciendo.
Primero, reajustar ese entorno regulatorio que generó incertidumbre durante estos últimos cuatro años. Ya el Gobierno lo ha hecho en este corto tiempo que tiene, y ese es un muy buen mensaje. Segundo, promover y participar de las conversaciones mineras, no solo en el país, sino en el mundo.
La minería, a diferencia de otros sectores económicos, necesita de esos mensajes claros y contundentes por parte de los gobiernos. En minería, cosa distinta a otros sectores, el principal socio no solo es el Estado, sino los gobiernos. Así son los contratos mineros y así está establecido en el ordenamiento jurídico colombiano.
Entonces, ahí viene un reto muy grande para trabajar conjuntamente. Esa participación y ese llamado, por ejemplo, tiene que servir para atraer inversión en exploración en el país. Ahí podrían llegar unos recursos muy importantes, crecer de 90 millones de dólares de inversión en exploración y pasar a unos promedios, finalizando el Gobierno, de unos 400 millones de dólares anuales de inversión en exploración.
Eso también implica que trabajemos juntos para rodear los proyectos que están en la fase final de exploración o que ya presentaron sus licenciamientos, para no darles flexibilidad, sino, con rigor y con tiempos claros, poder tomar decisiones en ese sentido.
Destrabar no significa flexibilización. Destrabar esos proyectos significa que los procesos tengan reglas claras, tiempos razonables, coordinación entre las instituciones y capacidad efectiva por parte de las instituciones para decidir.
Una autoridad puede aprobar o denegar un proyecto. Ambas decisiones son legítimas cuando están técnicamente sustentadas. Lo que le genera certidumbre a la industria y al sector privado es que un proyecto no permanezca durante muchos años sin ningún tipo de definición o enfrente cambios permanentes en las reglas bajo las cuales fue concebido.
La agilidad no puede confundirse con menor rigor ambiental o menor rigor técnico en materia minera. Eso podría traer al país, y el Gobierno tiene la posibilidad de llamar esa inversión, cifras cercanas a los 4.700 millones de dólares en los próximos cuatro años”.
¿Qué tipo de minerales y proyectos podrían beneficiarse de un proceso de “destrabe” de la actividad minera en Colombia?
“Hay unos minerales que hoy ya produce el país, carbones en las distintas regiones, carbones metalúrgicos y térmicos, oro, níquel, materiales de construcción y demás. Esas inversiones que ya están en el país hay que rodearlas, acogerlas, atenderlas y aproximarse a ellas desde una visión estratégica del Estado colombiano, para que esa industria siga produciendo equilibrio fiscal, renta y regalías.
También hay que promover nuevos proyectos en los minerales que hoy necesita el mundo, como el cobre, el tungsteno, el molibdeno y la roca fosfórica para producir fosfatos. Ahí hay una decisión que Colombia tiene que tomar, si quiere ocupar un lugar en el mundo en el que los minerales son cada vez más estratégicos en la geopolítica. Creo que lo debe hacer.
Hay nuevos minerales que le permitirían a Colombia participar y ser alguien en la conversación mundial, con una riqueza mineral muy grande y un potencial también muy grande. Es, finalmente, tomar la decisión de si queremos usar esa riqueza mineral y traducirla en mayor peso geopolítico, así como en riqueza y oportunidades para los colombianos, en un entorno en el cual se necesita el apalancamiento de muchas necesidades.
Entonces, estos cuatro años son decisivos para tomar esa decisión, apalancar nuestro crecimiento y nuestra estabilidad fiscal usando la riqueza que es de todos los colombianos, una riqueza mineral con un potencial muy grande, que podría traer inversiones de unos 400 millones de dólares anuales en exploración a municipios apartados, además de inversiones ya en firme para construir y producir minerales, por alrededor de 4.700 millones de dólares”.
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¿Qué rol tendrá el sector minero en el plan de reconstrucción del país tras el terremoto?
“Pone un punto muy importante. La reconstrucción del país pasa por el desarrollo de muchas minas de materiales de construcción que hoy necesitan los colombianos para reconstruir infraestructura, viviendas, redes eléctricas y servicios públicos. Recuperar esas capacidades necesita más minerales y materiales provenientes de la actividad minera, en canteras y minas que se ubican a lo largo y ancho del país.
Entonces, nuestro aporte no es solamente contribuir a sacar esos minerales de manera eficiente, para que podamos reconstruir de mejor manera y con mayor eficiencia el país.
El sector minero siempre ha estado en todas estas coyunturas del país, no solo con sus aportes económicos, sino también con sus capacidades y su personal. Usted sabe que los equipos de rescate y salvamento minero participaron en esas primeras semanas de muchísimo dolor, rescatando personas y también recuperando a familiares fallecidos de los colombianos. Pero, además, la industria minera estuvo ahí aportando toda su capacidad institucional en materia de maquinaria y equipos, ayudando en las zonas de desastre.
Esta es una tarea de país y de sector que estamos dispuestos a asumir en esta coyuntura. El rol y el papel de la minería en los meses siguientes va a ser fundamental. Es un sector listo para hacerlo de manera adecuada”.
¿El sector minero considera necesario revisar las cargas tributarias que se impusieron en los últimos años? ¿Qué mensaje le envía al nuevo Gobierno frente a posibles nuevos impuestos?
“Creo que el sector productivo necesita, para generar oportunidades, más empleo y más inversión, tener unos niveles competitivos en sus cargas tributarias. Ahora, esa no es mi mayor preocupación hoy en día. La mayor preocupación del sector está relacionada con la enorme inestabilidad fiscal que se genera a través de decretos, leyes y nuevos impuestos determinados por emergencias económicas.
Muchas de esas decisiones en materia de decretos, resoluciones y nuevas leyes van en contra de la Constitución colombiana. Entonces, mi mayor preocupación es volver a un ordenamiento jurídico competitivo. Las decisiones sobre ese entorno fiscal y la carga regulatoria también deben abordarse en unas etapas más adelante, cuando sea el momento oportuno para hacerlo.
Pero, en el mediano plazo, Colombia, el sector productivo y el sector minero debemos buscar entre todos tener una igualdad en relación con los países de la OCDE y nuestros países vecinos en materia minera. Pero ese es un propósito de mediano plazo. Es decir, se debe establecer un ordenamiento jurídico que permita unas reglas claras para la inversión minera.
Y en ese tema de inversión minera hay unas oportunidades. Estamos en un auge de inteligencia artificial y se necesitan minerales para eso. Está el tema de la transición energética, que también requiere minerales. Además, hay toda una demanda internacional relacionada con el desarrollo tecnológico, y eso también necesita minerales”.
¿Cree que Colombia puede convertir su riqueza mineral en una oportunidad y posicionarse como un país minero teniendo en cuenta el auge de la IA y la transición energética?
“Sin duda, y este es precisamente mi mensaje desde hace muchos años, tenemos que tomar la decisión, de una vez por todas, de ser un país minero y actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque las condiciones mundiales nos exigen eso. Hoy, un mundo más conectado, con mayores necesidades energéticas a través de la inteligencia artificial, con mayores necesidades de equilibrio de las matrices energéticas de generación y también de movilidad urbana, necesita más minerales.
Eso ha hecho que hoy la geopolítica del mundo se determine, sobre todo, en relación con la posibilidad y la participación de los países de abastecer esos minerales que el mundo necesita en frentes estratégicos como el medioambiente, la seguridad nacional, la generación eléctrica y tecnologías hoy muy de moda, como la inteligencia artificial.
Colombia, entonces, debe no romper la dinámica que hemos tenido atrás y, de una vez por todas, decidir participar en esa conversación mundial. Eso implica tomar la decisión de ser un país minero y actuar en consecuencia.
Tomar esa decisión nos va a permitir, como país, traer oportunidades en un momento de coyunturas fiscales y de necesidades muy grandes, entre otras, las recientemente derivadas también del terremoto. Estamos en una coyuntura de grandes necesidades de equilibrio fiscal, que requiere recursos e inversión.
Pero, además, necesitamos infraestructura más barata con minas más cercanas a las ciudades. Necesitamos fertilizantes más baratos a través del desarrollo de la minería de roca fosfórica para el campo colombiano, fertilizantes abundantes y baratos. Necesitamos también una minería que soporte infraestructura barata para conectar y ganar competitividad en las regiones, sobre todo en las regiones agrícolas, como lo ha dicho el Gobierno, con potencial como los Llanos Orientales.
Entonces, la decisión estratégica sobre la minería no es un capricho. Es una decisión que permite equilibrar las condiciones sociales y fiscales que tenemos hoy como país, pero también apalancar el desarrollo competitivo de otros sectores económicos, la infraestructura, la vivienda, el agro y otros. Y para eso es urgente que tomemos la decisión, de una vez por todas, de ser un país minero y apalancar todo eso con nuestras riquezas minerales”.
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¿Cómo ve la ACM el panorama de la minería ilegal y los bloqueos? ¿Cómo avanzan las exigencias de las comunidades frente a la formalización y la regularización del sector?
“La extracción ilícita de minerales, sobre todo la relacionada con el oro, es el mayor flagelo ambiental y social que tiene el país. Eso genera deterioro social, un profundo deterioro ambiental y le resta aportes fiscales que hoy Colombia necesita.
Entonces, aquí solo hay una manera de hacer minería, la minería se hace de manera legal, con altas exigencias, y eso va de la mano para pequeños, medianos y grandes. Pero la minería no se puede hacer por fuera de la legalidad, porque eso destruye el ambiente y destruye oportunidades sociales y económicas para muchos colombianos”.
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