Dos documentos oficiales, publicados por Vanguardia, confirman que el Gobierno del presidente Gustavo Petro sabía, desde hace al menos dos años y siete meses, dónde quedan exactamente cinco túneles de extracción ilegal de oro dentro del páramo de Santurbán.
Las minas operan a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en una de las zonas de páramo más protegidas del país.
El Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Minería (ANM) no solo tenían la georreferenciación exacta de los socavones, también archivaron alertas técnicas sobre drenajes ácidos que salen de esas minas y llegan a las fuentes de agua que abastecen a más de dos millones de personas en Santander y Norte de Santander.
La investigación revisó entre noviembre de 2023 y febrero de 2025, y encontró que el Estado, además de verificar la destrucción del páramo, conoció un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) que calculó las ganancias de esta red de minería ilegal en $26.000 millones mensuales.
El 17 de diciembre de 2024, el Ministerio de Ambiente anunció una “ofensiva definitiva” contra estas minas. 19 meses después, los túneles siguen abiertos y el oro sigue saliendo hacia el mercado ilegal.
Cinco túneles activos en pleno páramo de frailejones
Vanguardia identificó cinco túneles ilegales dentro del área del páramo de Santurbán. Entre ellos están ‘Veta de Barro’ y ‘Los Laches’, este último ubicado a mayor altitud y fotografiado por el medio el pasado 12 de julio. También aparece en los documentos el túnel ‘La Perezosa’.
Todas las minas están ubicadas entre los 3.100 y los 3.466 metros sobre el nivel del mar, en una zona rica en frailejones y clave para la regulación hídrica de la región.
Además, ‘Veta de Barro’ es uno de los símbolos de este abandono institucional, ya que tiene una extensión de 800 metros.
El origen de este vacío de autoridad se remonta al 29 de marzo de 2019, cuando la multinacional canadiense Eco Oro renunció a su contrato de concesión N.° 3452, con el que buscaba extraer cerca de 10 millones de onzas de oro.
La empresa argumentó que las medidas para delimitar el páramo, adoptadas por el gobierno de la época, hicieron inviable el proyecto. Tres meses después, en junio de 2019, la Agencia Nacional de Minería aceptó la renuncia.
Eco Oro estuvo más de 20 años en fase exploratoria en esta zona. Invirtió cerca de 250 millones de dólares y nunca extrajo un gramo de oro.
Tras la renuncia, debía firmarse un plan de cierre técnico de los túneles de exploración. Durante casi cuatro años, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) aseguró que adelantaba las gestiones para ese cierre.
Eco Oro, por su parte, denunció en ese periodo que la CDMB “ha incurrido en mora administrativa injusta” en la evaluación del plan. La CDMB respondió que cumplió con todos los trámites que exige la ley.
Ante ese desgaste, el Ministerio de Ambiente decidió asumir directamente la competencia de esos expedientes. Lo hizo mediante la Resolución N.° 1293 del 28 de noviembre de 2023, firmada por la entonces ministra Susana Muhamad González.
Desde ese momento, el Gobierno Nacional quedó legalmente obligado a custodiar los túneles abandonados por la multinacional. En la práctica, no se ejecutaron acciones concretas para cerrarlos, y ese vacío fue el que aprovecharon las mafias del oro.
Un año después de asumir esa competencia, Muhamad González anunció en rueda de prensa que en Santurbán se habían identificado entables mineros que operaban con documentos falsos y rentas de 2.000 millones de pesos por la explotación ilícita de oro.
También habló de una investigación criminal “de profundo calado” en Santander y anunció que, esa misma semana, la autoridad minera expediría una medida preventiva para cerrar los antiguos túneles de Eco Oro. Un año y siete meses después de esa promesa, los túneles continúan abiertos.
Qué dice el informe científico sobre la contaminación química
La alerta por contaminación está documentada por el propio Estado, así se conoció en un informe de enero de 2023, titulado “Interacción del ciclo del agua con la actividad minera en la cuenca La Baja del municipio de California, Santander, páramo de Santurbán”, y firmado por el Servicio Geológico Colombiano, el Ministerio de Minas y Energía y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
El documento advierte de una “bomba de tiempo de contaminación química” en los túneles ‘Veta de Barro’ y ‘La Perezosa’. Los análisis hidrogeoquímicos detectaron un flujo constante de agua con un pH promedio de 3,2, un nivel de acidez extremo que se produce cuando materiales con azufre quedan expuestos al oxígeno dentro de las minas.
Esa reacción química libera hacia la cuenca La Baja un conjunto de metales potencialmente peligrosos como hierro, manganeso, aluminio, níquel y cobre.
El mismo informe, citando el artículo 80 de la Constitución, señala que el cierre de estos socavones “debió ser inmediato para frenar el vertimiento de estos drenajes ácidos sin ningún tipo de tratamiento”.
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Uno de los hallazgos más graves de la investigación es que los túneles donde operan las mafias del oro no son de nadie más que del propio Estado colombiano. El 26 de febrero de 2025, la Agencia Nacional de Minería, en su informe de estados financieros para 2023 y 2024, incluyó estos predios como bienes propios.
El documento explica que la ANM adelanta trámites de reversión de bienes muebles e inmuebles de contratos de concesión minera terminados, entre ellos el de Eco Oro Minerals Corp.
Asimismo, el 30 de diciembre de 2020 se firmó el acta de liquidación bilateral del contrato de concesión N.° 3452 entre la ANM y la sucursal colombiana de esa empresa. Conforme al Decreto Ley 4134 de 2011, la ANM tiene la función de administrar y disponer de esos bienes, que hoy hacen parte de su patrimonio.
La reversión es la figura jurídica mediante la cual los bienes de una concesión minera pasan a ser propiedad del Estado cuando el contrato termina. En este caso, eso significa que el Gobierno Nacional es dueño y responsable legal de los túneles que hoy explotan las mafias.
La explotación del páramo, entonces, abarca tanto el daño ambiental como el saqueo de un bien público que el Estado tenía la obligación legal de custodiar.
Asimismo, los informes de la Agencia Nacional de Minería sobre ‘Veta de Barro’, ubicada a 3.100 metros sobre el nivel del mar, describen condiciones de seguridad crudas. Hay techos y paredes fracturadas, un área libre de apenas 1,8 metros cuadrados y una altura de 1,4 metros.
Según el documento, esta mina “no reúne los requisitos mínimos para operar”. También se detectaron derrumbes y un caballete artesanal con una cuerda que sostiene el “breque”, el sistema con el que se transporta el material extraído hasta el punto de acopio.
La mina tiene dos entradas, en una de ellas, los funcionarios de la ANM encontraron un pozo sin escaleras ni cuerdas y una manguera que parecía de aire comprimido. Por lo estrecho del pozo y la dificultad para bajar, no pudieron ingresar. En el nivel izquierdo había actividad minera activa; en el derecho, no.
El reporte también halló rastros de uso de explosivos y puntos donde la concentración de oxígeno está por debajo de los límites permitidos para trabajar con seguridad.
Los propios funcionarios del Grupo de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM concluyeron que ninguna de estas minas cumple los requisitos mínimos para operar y que existe un riesgo alto de accidentes fatales, como el ocurrido en julio de 2023, cuando un hombre murió en una de ellas.
El Ministerio de Ambiente, en una comunicado, indicó sobre esto que las personas que trabajan en el área del antiguo contrato de Eco Oro no están autorizadas ni capacitadas para el manejo de explosivos, y varios de ellos ni siquiera son de la zona; algunos son extranjeros.
Según Vanguardia, el Ministerio reconoció que, pese a conocer esta actividad irregular, los controles para frenarla “han sido nulos”.
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El millonario negocio detrás del oro ilegal
Detrás de estos túneles hay una estructura criminal que mueve, según la UIAF, $26.000 millonesal mes. Esa cifra convierte a Santurbán en un negocio criminal a gran escala que opera a la vista de las autoridades mineras y ambientales.
Asimismo, la minería ilegal de oro en el municipio de California, Santander, tiene el combustible del mercurio.
Un mercado negro con sede en Bucaramanga surte de este metal a los mineros ilegales, pese a que su comercialización está prohibida en Colombia desde el 16 de julio de 2018, bajo la Ley 1658. Esa norma se expidió por los riesgos que representa el mercurio para el aire, el agua, el suelo y la salud humana.
La Organización Mundial de la Salud clasifica el mercurio como agente cancerígeno; su exposición, incluso en pequeñas cantidades, puede afectar el sistema nervioso, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, los riñones y los ojos.
Una fuente que participa en este tráfico, y que pidió no ser identificada por seguridad, le explicó a Vanguardia cómo funciona el mercado. “Usted o yo podemos comprar mercurio en Bucaramanga. A pesar de que se trata de un metal líquido, se transporta en balas metálicas. Un kilo de mercurio, envasado, cuesta en la actualidad $650 milen Bucaramanga. Si usted va a comprar una cantidad considerable lo busca allá, pero si va por pequeñas cantidades, lo puede adquirir aquí en el pueblo”, relató el minero, que lleva décadas trabajando en la minería artesanal de la provincia de Soto Norte.
El proceso de extracción usa, en promedio, cinco gramos de mercurio por cada gramo de oro. En California se extrae actualmente cerca de un kilo de oro al día, lo que implica el uso diario de unos cinco kilos de mercurio, aunque la fuente aclaró que la producción varía.
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El material extraído de las minas se traslada en sacos hasta una zona de trituración, junto a la quebrada La Baja. Allí, unos tambores con bolas prensadas de hierro muelen la piedra junto con el mercurio durante unas dos horas y media. El mercurio se adhiere al oro y forma una amalgama.
Según los propios mineros, solo el 10% del mercurio agregado a un barril se combina con el oro para formar esa amalgama. El 90% restante se recicla con técnicas rudimentarias, exprimiendo telas y lonas que atrapan el metal.
Aun así, los mineros admiten que, en promedio, un 10% del mercurio se escapa en cada ciclo y termina en la quebrada La Baja, que alimenta al río Vetas, afluente del río Suratá, que llega hasta Bucaramanga.
La respuesta del Gobierno: una nueva resolución en plena polémica
En medio de esta polémica, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió, el 15 de julio de 2026, la Resolución 863 de 2026, con la que adopta una metodología nacional de delimitación progresiva para los páramos del país.
La norma busca avanzar en el cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 en los municipios donde ya se concertaron los seis temas obligatorios definidos por la Corte Constitucional, sin fragmentar los ecosistemas ni bajar los estándares de protección en los territorios donde el proceso participativo sigue en curso.
Como primera aplicación de esta metodología, el Ministerio puso a consideración de la ciudadanía el proyecto de delimitación progresiva del Complejo de Páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.
La propuesta delimitaría de forma progresiva 29.199,44 hectáreas en 19 municipios que ya cumplieron esa etapa de concertación, e incorpora a nueve municipios beneficiarios del recurso hídrico para reforzar la coordinación institucional, la fiscalización y los mecanismos de financiación.
De manera complementaria, el Ministerio publicó otros dos proyectos de resolución. El primero declararía una Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo sobre 1.499,23 hectáreas en la microcuenca de la quebrada La Baja, en el municipio de California, con base en estudios del Servicio Geológico Colombiano y el IDEAM.
Esta reserva impediría el otorgamiento de nuevos contratos, autorizaciones y licencias de mediana y gran minería dentro de ese polígono, sin afectar situaciones jurídicas ya consolidadas.
El segundo actualiza y prorroga la reserva temporal declarada en 2025, que pasaría de su extensión actual a 75.432,42 hectáreas, al sumar cerca de 88 hectáreas de trámites mineros cuyo estado jurídico cambió recientemente. La vigencia de esta reserva temporal se extendería hasta el 4 de marzo de 2029, mientras se completan los estudios técnicos, ambientales, sociales, económicos y jurídicos.
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La ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, afirmó que “la mayor responsabilidad que tenemos como Estado es proteger el agua” y que cuidar la estrella hídrica de Santurbán significa garantizar el abastecimiento para más de 2,5 millones de habitantes de Santander y Norte de Santander.
La funcionaria también señaló que estos instrumentos no desconocen la realidad de la pequeña minería tradicional ni los procesos de formalización que ya están en curso, y que los procesos de formalización de pequeña escala podrán continuar si cumplen la evaluación ambiental y demuestran compatibilidad con la protección del sistema hídrico. Sobre la minería que ejercen actores armados o al margen de la ley, el Ministerio remitió la responsabilidad a las autoridades competentes.
Los tres proyectos de resolución quedaron abiertos a comentarios de la ciudadanía entre el 14 y el 29 de julio de 2026, antes de que el Gobierno adopte las decisiones definitivas.
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